Analizamos el comportamiento de los socialistas en materia de inmigración cuando estuvieron al frente del gobierno: xenofobia institucional, CIEs y leyes de extranjería.
Viernes 8 de junio de 2018
De cara al futuro electorado, los gobiernos suelen intentar marcar la diferencia. El nuevo gobierno formado por Pedro Sánchez, sin duda, tratará ofrecer gestos progresistas para diferenciarse del descaradamente neoliberal gobierno de vieja guardia de Rajoy. Sin embargo, basta dirigir la mirada a la situación de los inmigrantes en el Estado español, para percatarse de la verdadera orientación que puede adoptar su legislatura y de la estrecha continuidad que mantiene con sus predecesores. Cada año desaparecen más inmigrantes en las costas entre la península y el norte de África, en un intento por superar los estrictos controles migratorios del Estado español. Los asaltos a las alambradas de Ceuta y Melilla son cada vez más masivos y constantes, y las fuerzas policiales españolas actúan con mayor brutalidad y presión contra los inmigrantes ilegales, como ya demostró la muerte de Mame Mbaye Ndiaye en Lavapiés, víctima de una persecución policial. De igual modo, la situación en los CIE deja mucho que desear, como pudimos ver en los últimos años en los levantamientos del CIE de Aluche y de Archidona, que pusieron el punto de mira en las inhumanas condiciones a las que se ven sometidos sus reclusos.
Es de suponer que, de ser cuestionado por ello, Sánchez clamaría al cielo y aseguraría que esto es una de tantas malas herencias del gobierno de Rajoy que pasarán a la historia en su mandato. Y ninguna respuesta nos sería más dudosa, sobre todo si analizamos el comportamiento de los socialistas en materia de inmigración cuando estuvo al frente del gobierno. De hecho, el PSOE ha sido el partido que, pese a momentos de inflexión como la regulación de Zapatero, ha llevado a cabo algunas de las medidas más represivas contra los inmigrantes ilegales.
Todo empezó con ese baluarte del régimen del 78 que fue Felipe González. Cuando se aprueba la Ley Orgánica 7/1985 se regularizó de un plumazo la situación de miles de inmigrantes convirtiéndolos automáticamente en «ilegales» y poniéndolos en peligro de expulsión. Por entonces, hubo huelgas en las calles y se polarizó tanto el conflicto entre los nacionales e inmigrantes que el ABC anunció una temida ‘toma del poder’ del ayuntamiento de Melilla por parte de los musulmanes y presentó el conflicto como una delirante lucha religiosa iniciada por aquellos, que hacía unas semanas eran españoles y, de la noche a la mañana, se convirtieron en una población indeseada.
Esta ley, tan represiva como deficiente en su contenido, se materializó a su vez en la creación de Centros de Internamiento para Extranjeros que no tendrían carácter carcelario según el artículo 26, pero serían opacos y el primer paso para una deportación en no más de 40 días. Su reglamento estaba ya por entonces constituido de forma improvisada, dando lugar a la interpretación y al abuso por parte de la policía respecto a su aplicación. De hecho, la orden de internamiento, por entonces, no tenía que pasar por manos de un juez y bastaba con que un superior de la policía así lo determinara tras asegurarse de la ilegalidad del detenido; y la expulsión del país podía llevarse a cabo sin constar en ningún expediente. Además, esa opacidad favorecía que el uso de recursos para mantener al centro se empleara en detrimento de su habitabilidad sin ningún tipo de consecuencias ni mala prensa para el ministerio.
El Tribunal Constitucional echó abajo algunos apartados de la ley dos años después, aquellos que limitaban la manifestación, reunión y asociación de inmigrantes; para finalmente ser derogada por la Ley Orgánica 4/2000, propuesta por el Partido Popular, la cual sigue vigente pese a las modificaciones hechas a lo largo del tiempo.
Demos un salto temporal. En materia de inmigración, Zapatero será siempre recordado por su regularización de 700.000 «sin papeles» a través de los contratos de trabajo, propuesta muy criticada por el PP, aunque luego fue asumida y empleada para endurecer las medidas de integración. Menos recordado fue que, bajo el gobierno socialista, apenas un año después de ganar las elecciones, el 30 de Septiembre de 2005, la Guardia Civil abría fuego real en Melilla contra un grupo de inmigrantes que intentaba saltar la valla, dejando un saldo de 5 muertos y 160 heridos. Meses antes hubo otra polémica en torno a la expulsión de un camerunés, que fue dejado inconsciente al otro lado de la frontera tras ser detenido.
La solución del gobierno socialista ante esta desmedida violencia fue mandar muchos más activos policiales e invertir en medidas anti-persona para las alambradas. Se instaló un sistema de gas pimienta y concertinas en los extremos superiores de la barrera. Por otro lado, todas las misiones diplomáticas en los países del norte de África sirvieron para retener la migración de personas. El ministerio del Interior selló el llamado Plan África I con el gobierno marroquí en los que concedían ayudas para el desarrollo. En el fondo, esto no era más que el pago maquillado para el endurecimiento de la frontera por parte de Marruecos para impedir los asaltos a la frontera y favorecer las deportaciones de ilegales semiinconscientes y maltratados por los cancerberos de ambos países.
En 2007 ocurre un hecho paradigmático: Osamuyi Aikpitany es asesinado por asfixia en una deportación forzosa. Nuevamente, los inmigrantes fueron respaldados por la población nativa con múltiples manifestaciones de rechazo a la actuación del gobierno de Zapatero. El resultado no fueron la destitución de los responsables y la dimisión del ministro Rubalcaba, sino la aprobación de un protocolo de deportación que sólo garantizaba como límite la conservación de las constantes vitales. En este mismo protocolo se aprobaban el uso de camisas de fuerza y sedantes para llevar a cabo expulsiones de los inmigrantes sin conciencia y amordazados, una medida que aún hoy es muy popular entre los custodios de la frontera. Nada de esto implicó una merma de la violencia policial ni fomentó la protección de los inmigrantes ilegales, sino que fue una legalización de la tortura ya antes existente para llevar a cabo las deportaciones forzadas.
A esto hay que sumar la eliminación del concepto de «asilo diplomático» en 2009, la ampliación de los días de internamiento en los CIE de 40 a 60, centros cuyo ordenamiento, dicho sea de paso, seguía sin regularse. Ese mismo año, estalla un escándalo en el seno de la policía y la Guardia Civil al saberse que trabajan a comisión. El mismo ministro Rubalcaba tuvo que reconocer la existencia de cupos de personas detenidas como ilegales (pese a que muchos de los casos tenían un pasaporte reglamentado que sí estaba contemplado en la ley del 2000 y en la posterior reforma del 2009). Este hecho tampoco tuvo consecuencias más allá de una polémica mediática.
¿Qué tiene que ofrecernos Pedro Sánchez al respecto? Menos que poca cosa y poco más que nada. Como se dijo, pretenderá llevar a cabo algunas medidas populares en este corto periodo de tiempo que tiene para allanar el camino a las futuras elecciones. En este sentido, la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, insistió en que volvería la sanidad universal y quitaría el copago, para eliminar el Real Decreto 16/2012 que privaba de cobertura sanitaria a miles de inmigrantes. Estas medidas, aunque bien recibidas, no van focalizadas a la raíz del problema.
Así, no pretenden eliminar los CIE, sino sólo reformarlos. De hecho, la moción propuesta por el Ayuntamiento de Madrid para cerrar el CIE de Aluche ha sido bloqueada por el PSOE. No pretenden eliminar las vallas, sino sólo quitar las concertirnas, y no hacen ningún tipo de crítica a los cuerpos seguridad que no dejan de emplear métodos brutales e inhumanos. El programa del PSOE habla de la «cooperación migratoria bilateral» con los países emisores de emigrantes; cooperación que, como hemos visto, sólo ha servido para reforzar la frontera y obligar a los inmigrantes a jugarse la vida en el mar.
En cuanto la integración en las escuelas, España es de los países que menos invierte en este sentido. Según la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, España tiene una de las tasas más altas de abandono escolar de estudiantes inmigrantes (33%). El programa del PSOE incide mucho en el humanitarismo y las buenas intenciones, pero: a) no nos dice nada sobre cómo va a favorecer esta integración, concepto por sí mismo bastante etnocentrista; y b) al hacer hincapié en la integración de la segunda generación dan a entender como la primera generación, aquellos que ahora emigran a nuestro país, poco importan si se integran.
No obstante, lo dicho no es una sorpresa. ¿Realmente pretendemos que el mismo partido que puso las concertinas, que inventó las «expulsiones en caliente», las sedaciones y los CIE; el mismo partido que tiene sobre su espalda miles de muertos ahogados y disparados en la frontera, defienda a los inmigrantes? La solución que buscan los inmigrantes no podrá encontrarse en un partido entregado a los intereses imperialistas de los capitales nacionales y cuyos gobiernos han demostrado el valor que merecen sus vidas.
