La Medida Provisoria (MP-Decreto) publicada en el diario oficial este lunes por la presidente Dilma, que instituye el Programa de Protección al Empleo (PPE), da lugar al antiguo proyecto de la CUT que reduce la jornada de trabajo con reducción salarial.
Jueves 9 de julio de 2015
Fotografía: Ichiro Guerra
El Programa de Protección al Empleo (PPE) deja en claro las cuentas que demuestran que el gobierno y los patrones ganan y los trabajadores pierden. Esta nueva Medida Provisoria (MP) es continuación del plan de ajuste llevado adelante por el gobierno del PT, en el sentido de precarizar el trabajo, reducir el poder adquisitivo del salario y la eliminación de derechos laborales a través de las MPs 664 y 665 y del Proyecto de Ley 4330 (PL 4330) sobre la tercerización. Siguiendo el ejemplo de los trabajadores de la Mercedes Benz del ABC paulista, que rechazaron el PPE la semana pasada, es necesario armar a los trabajadores para enfrentar esta nueva MP y derrotar a la burocracia de la Central Única de Trabajadores (CUT).
El Programa de Protección al Empleo es un proyecto elaborado por el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC paulista (CUT) el año pasado y reivindicado por la central sindical durante las elecciones, que ahora gana fuerza de ley por medio de esta nueva MP 680 publicada en el diario oficial y enviada al Congreso el lunes pasado.
Como medida anticrisis permite que las industrias reduzcan hasta el 30% de la jornada de trabajo por el plazo de hasta 12 meses. En este período la empresa reduciría los salarios de los trabajadores en iguales 30% y el gobierno se haría cargo de parte de esta reducción salarial a través del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT) con el límite de un 65% del valor máximo del seguro de desempleo, que hoy se encuentra en R$ 1385,91.
Lo que se llama protección al empleo es en realidad protección a las ganancias empresariales y los cofres del gobierno, donde solo los trabajadores salen perdiendo. Veamos algunos cálculos del propio gobierno para dejar clara esta idea. Con el límite máximo de adhesión al PPE, que es de 50 mil trabajadores en todo el país, el gobierno gastaría R$112,5 millones del FAT y la recaudación del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS) que seguiría siendo cobrado por las empresas por un monto de R$181,3 millones, lo que daría un saldo positivo de R$ 68,8 millones para el gobierno. Mientras que si tuviera que pagar el seguro de desempleo para esos mismos 50 mil trabajadores, tendría un gasto de R$291 millones, sin la recaudación del FGTS. Es decir, para el gobierno el Programa permite ajustar aun más el acceso al seguro de desempleo, que ya se ha dificultado a partir de la MP 665 publicada por Dilma y aprobada por el Congreso nacional en abril de este año.
Para las empresas las ganancias son claras y ventajosas desde todo punto de vista. En primer lugar se reducen en un 30% todos sus gastos pues pagan un 30% menos de salarios y además disminuyen los gastos de producción en proporción al reducir la jornada laboral. El segundo beneficio para las empresas es la reducción de los gastos de multas por posibles despidos masivos y los costos de recontratación a partir del aumento de la producción. En tercer lugar, el beneficio de ajustar su producción a la demanda real, manteniendo así su tasa de ganancia. Y por último, conserva su mano de obra calificada para cuando la producción vuelva a aumentar.
Y para el trabajador ¿cuál es la ventaja? En nuestra sociedad si alguien gana, otro tiene que salir perdiendo. En este caso, si el gobierno y la patronal salen ganando, es el trabajador quien pierde: quien costea el ahorro empresarial y del gobierno es el salario del trabajador.
Por otro lado, en momentos de alta inflación, con la implementación del PPE, el trabajador tendrá una parte de su salario reducido, perdiendo doblemente. Y aún más, la supuesta protección al empleo garantiza estabilidad luego de un período de vigencia del Programa por apenas 2 meses en los casos en que rija por 6 meses y de 4 meses cuando la vigencia del programa fuera de 1 año. Es decir, el trabajador tiene afectado su salario y no tiene ninguna garantía real que continuará con su puesto de trabajo.
La CUT se convierte así, con la autoría del proyecto y el apoyo incondicional a la MP 680, en defensora de los intereses capitalistas. Junto al gobierno del PT y la patronal de la industria busca que los trabajadores paguen por la crisis, sosteniendo con su salario los costos de la caída de la producción. La central Força Sindical, verdadero brazo patronal en el movimiento obrero, también apoya el PPE así como el Proyecto de Ley 4330 que amplía la tercerización indiscriminadamente. La Central de los Trabajadores y Trabajadoras do Brasil (CTB) se opuso a la PM 680 y defiende un amplio debate en las bases sobre el tema pero no dice una palabra de preparar un plan de lucha contra la medida. Es un síntoma de que existen fisuras entre las centrales sindicales.
La semana pasada la CUT y la patronal de la Mercedes Benz del ABC buscaron imponer esta derrota a los trabajadores intentando reducir la jornada de trabajo y los salarios de los trabajadores en un 20% por el plazo de un año. En un plebiscito organizado dentro de la fábrica, el 85% de los trabajadores respondieron NO a este ataque. Es necesario profundizar este camino en cada lugar de trabajo y preparar la resistencia.
La Central Sindical Popular (CSP-Conlutas) correctamente se opone a este Programa. Es necesario más que nunca ampliar la campaña contra el PPE y poner en pie a la clase trabajadora; salir a las calles contra este nuevo ataque a nuestros derechos, para que los capitalistas paguen por la crisis. En contraposición al proyecto del gobierno y la CUT que ataca a los trabajadores, los parlamentarios de izquierda, especialmente los del PSOL, deberían presentar un Proyecto de Ley que impida los despidos en las industrias en crisis y que sea una campaña defendida en las calles.
Es necesario levantar el programa de reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial. Exigir la apertura de los libros de contabilidad de las empresas para que todo trabajador y sindicato puedan saber la real situación de la empresa y sus ganancias en los últimos años. Impedir los despidos con huelgas y exigir la estatización bajo control obrero de toda empresa que despida o cierre por crisis. Solo así podremos mantener los derechos y el empleo.
