La normativa lleva medio año aprobada. El pedido de informes se centra en el presupuesto destinado y las acciones realizadas.
Viernes 23 de junio de 2017
Al cumplirse medio año de la aprobación de la ley N° 8981 que declaró el estado de emergencia por la violencia contra la mujer por dos años, el PTS-Frente de Izquierda presentará un pedido de informe ante el Poder Ejecutivo, responsable de ejecutar la normativa. El escrito será presentado por Alejandra Arreguez, candidata a diputada nacional por el FIT y referente del movimiento de mujeres, este viernes a las 10.30 en Casa de Gobierno.
Uno de los puntos principales de la ley es el financiamiento que, de acuerdo al artículo 14 del texto promulgado, queda en manos del Poder Ejecutivo. La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Érica Brunotto, había señalado en febrero que había “cuestiones presupuestarias por trabajar”, sin embargo se desconoce lo ocurrido en lo relativo al presupuesto.
Ni un peso contra la violencia machista
Del vacío en torno al presupuesto se desprenden serias dudas sobre si hubo avances en el resto de los puntos que contempla la ley. De acuerdo al texto, se contempla “el diseño y ejecución de acciones y programas tendientes a la prevención, sanción, y erradicación de la violencia contra las mujeres”, en medidas como “espacios físicos transitorios de asistencia y contención”, un “cupo especial de casas o departamentos, por cada nuevo barrio que (se) realice”, y un régimen –limitado porque se aplicaría solo al sector público– de licencias, campañas de difusión masiva, entre otras medidas. Ya el texto votado en la Legislatura había excluido la posibilidad de un subsidio mensual para víctimas de violencia de género que lo necesiten.
A pesar de los discursos, no hay avances en la implementación de los cupos en barrios nuevos, ni siquiera se sabe cuál es el límite establecido aunque según la ley este cupo entró en vigencia desde el 1 de enero de este año.
Tampoco hay noticias de los refugios que son necesarios ante casos de emergencia. Aunque, de acuerdo a cálculos de organizaciones de mujeres, se necesitan 150 refugios de acuerdo a la población provincial, en Tucumán no existe ni uno. El punto 3 del artículo 2 dice que le corresponde al Poder Ejecutivo designar la partida presupuestaria para esto, sin embargo no lo han hecho.
Esto contrasta con una primera lectura del Boletín Oficial. Por ejemplo, solo entre tres decretos de marzo y abril se destinaron más de $16 millones en subsidios al Arzobispado de Tucumán. Esta cifra no contempla el pago de sueldos a los obispos y sacerdotes ni las ayudas económicas a colegios religiosos realizadas desde la Nación.
En términos de pauta publicitaria se gastaron por decreto $12 millones en los últimos meses de 2016 y para los primeros tres meses de 2017 se decretó un presupuesto de $5,8 millones. ¿Hubo, acaso intenten justificarlo, una campaña de prevención contra la violencia?
Estos ejemplos reflejan que el problema de falta de recursos sino que es una decisión política dar la espalda a las mujeres. La política de no asignar fondos, llevada adelante el Frente para la Victoria durante medio año, es la contracara de la política macrista de recortarlos.
Como contracara, desde las bancas del PTS en el Frente de Izquierda se presentó un proyecto de emergencia contra la violencia de género que incluye la creación de refugios y planes de vivienda y créditos accesibles, creación de puestos de trabajo, licencia laborales y equipos de contención a las víctimas de violencia. Todo esto se podría financiar a partir con los impuestos que se perdonan a los empresarios del citrus, al agro con la quita de retenciones y con los millones que se le destinan al financiamiento de la Iglesia a través de subsidios.
