Jujuy se jacta de ser la primera provincia en promover el pacto educativo. Una política mentirosa que bajo el nombre de pacto, lo único que sella son imposiciones de mayor trabajo a los docentes.
Lunes 16 de julio de 2018 10:32
El gobierno de Morales mediante su ministra de educación Isolda Calsina viene asestando más golpes al sector docente, promoviendo la responsabilidad social de la crisis educativa a las escuelas y docentes.
Hace unas semanas se conocieron dos noticias que afectan directamente los derechos de los trabajadores de la educación y enuncia una perspectiva de mayores ataques si los sindicatos ADEP, CEDEMS y SADOP no llaman de forma urgente a paro y organizan un plan de lucha que esté a la altura de tal ofensiva.
La primer noticia refiere a la circular ministerial a partir de la cual se da a conocer a directivos y docentes que deberán cumplir una jornada de 5 horas de trabajo extra los días sábados para poner en pie las mesas de “diálogo” que discutan las premisas del pacto educativo. La segunda noticia conocida el pasado jueves 12 de julio suspende el receso invernal para directivos, personal administrativo y de limpieza, a un día de comenzar las vacaciones de invierno. Aunque ambas noticias no poseen el hilo de continuidad respecto al pacto educativo, sí nos hablan de un gobierno que quiere a toda costa disciplinar a los trabajadores de la educación, en tanto y en cuanto digita con total autoritarismo y sin fundamento pedagógico alguno las vidas de estos trabajadores.
Un pacto de mentiras sin consenso social
La política educativa que el gobierno radical aliado a Macri intenta profundizar, no es más ni menos que la famosa fórmula, “hagamos como que damos participación pero en realidad ya tenemos cocinado qué tipo de reformas queremos implementar y necesitamos mostrar que los docentes, estudiantes y familias están conformes”.
Las intenciones del pacto educativo supone tomar una serie de medidas para construir legitimidad respecto a futuras reformas educativas; y podemos imaginar quiénes saldrán perjudicados ante estas medidas.
Para los docentes Jujeños este año se inscribió la paritaria más baja a nivel nacional con el 5 % de aumento en el ya deprimido salario de las maestras. A esto se suma la reciente cifra conocida que plantea a la provincia un recorte de 27% menos en presupuesto para la obra pública; menos escuelas, menos ampliaciones, en definitiva pocas mejoras para un sistema educativo colapsado.
Los fundamentos del pacto educativo dicen: “En estos momentos los que estamos a cargo del Gobierno de la Provincia de Jujuy, nos proponemos el desarrollo del Pacto Social por la Educación, como producto de una instancia participativa de los distintos sectores de la comunidad Jujeña. Dicha acción es un desafío y acto de responsabilidad política y ciudadana. Para ello, necesitamos el compromiso de la comunidad jujeña en general y de la comunidad educativa en particular, dispuestos a construir puentes entre los jujeños que piensan distinto, que desde su lugar tienen protagonismo en el devenir de nuestra provincia.
El Pacto Social por la Educación es un instrumento de Política Pública que nos permitirá responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es el Jujuy que necesitamos? ¿Cuál es la Escuela que nos lleva a ello?
La participación del conjunto de la sociedad jujeña se hace imperiosa para reconstruir, resignificar, asumir responsabilidades y compromisos para lograr una mejora en la educación de la provincia.”. Paso seguido se enuncian en el mismo sitio quiénes participaran y tendrán injerencia en la elaboración de tales conclusiones, mencionando a la comunidad educativa al mismo nivel que las empresas, las ONG´s, iglesias, sólo por nombrar algunos actores claves que tienen intereses relevantes para con la educación pública.
El rol clave de los sindicatos y un plan de lucha para parar el ajuste en educación
Ante la comunicación de que docentes debían trabajar los sábados, el sindicato de docentes de nivel primario e inicial, sacó un comunicado donde respondía a tales ataques, presentando una medida cautelar contra el ministerio de educación y sus autoridades. Pasaron los días y nuevos ataques y varios esperaban una respuesta desde el sindicato que nunca llegó.
Y es que todas las medidas de disciplinamiento y avasallamiento de derechos laborales contra los maestros, ha podido llevarse adelante sobre la base de no haber construido de forma democrática un plan de lucha combativo que enfrente en los últimos años tanta desidia contra uno de los sectores de trabajadores que padecen cotidianamente el impacto de las políticas de ajuste sobre los que menos tienen.
Sin lugar a dudas para construir un plan de lucha que tenga el apoyo y la participación activa de los docentes, se necesita una organización sindical que lo promueva desde la más amplia democracia a través de cuerpos de delegados por escuela, asambleas y congresos con delegados votados desde las asambleas con mandato de base. Precisamente esto es lo que los sindicatos docentes no tienen por decisión de sus conducciones, y que comienza en la división de lo que debería ser un sindicato único que aúne las fuerzas de los trabajadores de todo el sistema educativo para golpear con un sólo puño.
Desde la agrupación docente 9 de abril que conformamos militantes del PTS-Frente de Izquierda e independientes, exigimos a los gremios docentes y a ATE –que nuclea a la mayoría de los administrativos y portera/os) que convoque asambleas para definir un plan de lucha acorde a los ataques de la ministra y el gobierno. Como parte de este plan de lucha, teniendo en cuenta, que en la educación la mayoría de las trabajadoras son mujeres, es necesario que los gremios tomen el reclamo del movimiento de mujeres que con la marea verde ha demostrado que los derechos se conquistan en las calles.
