Dos resoluciones relativas el referéndum en 2017. Una por la vía unilateral y la otra previo acuerdo con el Estado. Puigdemont está de acuerdo con ambas. Las dos obvian la necesidad de la movilización social.

Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Jueves 6 de octubre de 2016
Foto: EFE
Este jueves el Parlament catalán, donde se celebraba el debate de política general, ha votado dos resoluciones relativas a la celebración de un referéndum de independencia para el próximo año. La principal novedad, en el marco de un proceso en el que la sensación de “deja vu” es bastante habitual, ha sido que esta vez Catalunya Sí Que Es Pot ha protagonizado un acercamiento a la hoja de ruta liderada por JxSí.
La primera resolución ha salido adelante con los votos a favor de JxSí y la CUP, 72 diputados en total, el voto en contra del PSC y, he aquí la novedad, la abstención de la coalición formada por Podem, ICV, EUiA y Procés Constituent. En esta y la votación de la segunda resolución relativa al derecho a decidir, los diputados del PP y Cs se han negado a participar, fieles a su ubicación como el baluarte de la ofensiva españolista encabezada por el PP, el PSOE y la Justicia en el resto del Estado.
El texto en este caso ha sido acordado entre Puigdemont y la izquierda independentista, como parte de la promesa de “referéndum o referéndum” con la que el President consiguió los votos cupaires en la reciente moción de confianza. En él se dice que “El Parlament de Catalunya insta al gobierno a la celebración de un referéndum vinculante sobre la independencia de Catalunya. Como muy tarde en septiembre de 2017 con una pregunta clara y de respuesta binaria”.
Se compromete también a que el Parlament constituya antes de diciembre una comisión de impulso, control y ejecución del referéndum, y otorgue amparo legal para su celebración. Compromisos que se mantendrían en caso de “ausencia de acuerdo político con el Estado español”. Después enuncia otra serie de obligaciones que asumiría la cámara para garantizar el ejercicio de la votación y una transición ordenada hacia una república independiente, así como la apuesta por crear una comisión con expertos internacionales que avalen el proceso y una cumbre de todas las fuerzas sociales favorables al derecho a decidir.
Pocos minutos después se debatía la otra resolución, en este caso presentada por CSQEP. También ha salido adelante, esta vez con 73 votos, con el apoyo de los ponentes y JXSí y la abstención de los 10 diputados de la CUP. En este texto el compromiso a la celebración del referéndum viene “matizado” por que este debe intentarse -no dice hasta cuando- con el “reconocimiento previo” de la UE y la comunidad internacional, o lo que es lo mismo contando con el permiso y el acuerdo del gobierno del Estado español, previsiblemente el de Mariano Rajoy.
Puigdemont logra así, aprobando las dos resoluciones, un margen mayor del previsto después de la “reconciliación” con la CUP tras tumbarle los presupuestos. Puede aprobar una resolución que se enmarca en la vía unilateral defendida por la izquierda independentista y al mismo tiempo otra que la “corrige” para encauzar de nuevo la promesa a unos marcos, los de la negociación y acuerdo con el Régimen del 78, que la hacen inviable. Una habilidad que sería asombrosa si los convergentes no vinieran haciendo gala de ella desde 2012, alargando sine die su llamado “procés” a la vez que desincentivan todo movimiento en la calle para lograr conquistar el derecho de autodeterminación, a excepción de las ya tradicionales Diadas masivas.
Que la CUP de por buenas, otra vez, estas promesas tampoco es una novedad. Veremos si en esta ocasión la “mano extendida” se lleva aún más lejos, como exige Puigdemont, y se termina apoyando los Presupuestos de JxSí, lo que convertiría definitivamente el “puño cerrado” en lo social en mera palabrería.
La novedad es que CSQEP, con Podem y Colau en sintonía, se acercan al “procés” en auxilio de un Puigdemont y un PDC que se ha visto forzado a “subir el tono” y tener que aprobar una resolución de unilateralidad -a la que siempre se han opuesto, fieles a su estrategia histórica de negociación con el Estado- por su debilidad parlamentaria. El giro de los comunes se acerca, aunque se le acompañe con un discurso de meter lo social en el “procés”, por la derecha, en perspectiva de ofrecerse como la “alternativa” responsable y respetuosa de la legalidad frente a la unilateralidad de la CUP.
En los siguientes meses seguramente vivamos nuevos episodios ya vividos. La comisión parlamentaria para el referéndum no tardará en ser suspendida por el Tribunal Constitucional, como ya ocurriera con la comisión sobre el proceso constituyente. Y como ya pasara entonces, la insumisión de los hombres y mujeres de orden de la exCDC volverá a ser puesta a prueba para terminar aceptando la legalidad vigente.
Lo que ninguna de las dos resoluciones plantea es una vía realista para poder realizar y ejercer en libertad un referéndum de autodeterminación. La de CSQEP renuncia casi de entrada, al supeditarlo al acuerdo con las instituciones del Régimen del 78 -sin cuyo aval, ni la UE ni la comunidad internacional reconocerían ningún proceso-. La vía que viene defendiendo Podemos y En Comú Podem en las dos elecciones generales pasadas es la del referéndum acordado y previa reforma constitucional. Esto significa contar con el apoyo de 2/3 de las Cortes y el Senado, disolver cámaras, contar de nuevo con los 2/3 de las nuevas y que sea aprobado en un referéndum estatal. Nada más, y nada menos.
La presentada por JxSí y la CUP, aunque propone una vía unilateral, deja en la vía institucional la manera de lograr imponer al Estado español que acepte la celebración del referéndum. Pasa por alto los resortes de poder que tiene para impedirlo desde los jueces o el control de las finanzas públicas hasta la policía, incluidos los Mossos d’Esquadra en caso de necesidad. Y en el caso de la CUP se pierde de vista como los convergentes y ERC han actuado siempre ante las amenazas y atropellos judiciales del Estado español.
La única vía para poder enfrentar a un Régimen que, aunque en crisis y debilitado, sigue teniendo capacidad de “fuego” contra un derecho democrático básico como el derecho a decidir y que, de facto, se prepara para un gobierno de gran coalición - con el PP gobernando y Cs y el PSOE de sostén y acompañante en las “cuestiones de Estado”- es trabajar por retomar la movilización social, en las calles, los centros de trabajo, las universidades... Solamente poniendo en pie estas fuerzas sociales, con los trabajadores al frente, se podrán generar las condiciones para poder realizar un referéndum en libertad y poder abrir un proceso constituyente libre y soberano poder discutir y cambiarlo todo.
Que CDC y ERC ni se plantean esta vía es algo obvio. Los comunes y su estrategia del “cambio” respetando el orden institucional y social vigente también rehuyen de ella. Y la CUP, la única formación que habla de anticapitalismo en el Parlament, sigue por el momento profundizando una línea de unidad nacional que la aleja cada día más de poder encabezar una alternativa de clase a la dirección del “procés”, los representantes de las grandes familias catalanas históricamente tan alejados y enfrentados de todo aquello que huela a lucha obrera y popular.

Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.