ERC, JxCat y Comunes aprueban las cuentas catalanas. La CUP no apoya. Las insuficiencias en sanidad, educación y vivienda son denunciadas desde los movimientos sociales.
Jueves 23 de diciembre de 2021
Hoy se discutían en el Parlamento la aprobación de los presupuestos de la Generalitat presentados el mes pasado. La propuesta ha salido adelante con el espaldarazo de los Comunes, después de que la CUP haya mantenido su enmienda a la totalidad. En este sentido, la formación anticapitalista continúa manteniendo que el proyecto no supone ni un giro a la izquierda ni una nueva apuesta por la autodeterminación.
Las partidas suman un total de 38.000 millones de euros, siendo Sanidad y Educación las áreas que han incrementado más sus dotaciones con 1.456 y 1.009 millones respectivamente. A pesar de que, el govern lo ha presentado como “el presupuesto más elevado y expansivo de los últimos años”, sus carencias no tardan mucho al salir a la luz.
Más restricciones que inversiones: la receta para la Sanidad
La Sanidad, se lleva la mayor partida del presupuesto (29%) con un total de 11.171 millones, lo que representa un aumento del 15% respeto a 2020. No obstante, estos 1.456 millones de euros más quedan lejos del incremento de 5.000 millones anuales que el estudio del Círculo de Salud determinaba en 2020 para que Catalunya se equiparara con otros países con un sistema de salud similar.
A la vez, el incremento del gasto destinado a la dotación de personal en Salud tendría que reflejarse en 17.633 plazas nuevas el sector. Aun así, la falta de personal – especialmente en la atención primaria – continúa siendo uno de los grandes problemas que dejan sin respuesta. La partida para la atención primaria representa un 16% del presupuesto de Salud, nuevamente lejos del 25% que reclaman varios colectivos, profesionales de la sanidad y usuarias siguiendo la recomendación de la OMS.
En relación con los déficits de la atención primaria, Enric Feliu, portavoz de la Marea Blanca de Catalunya señalaba en declaraciones a La Directa que “no vemos en ninguna parte que se asegure la reapertura de los servicios pendientes, no vemos en ninguna parte que se asegure que se puedan cubrir las vacantes, y ya no entramos en la perspectiva de las jubilaciones a medio plazo del personal sanitario. Si no hay una atención primaria fuerte, el sistema sanitario se nos cae, y lo estamos viendo ahora”.
Mientras, el conseller de Sanitat Argimon decía hace unos días “que tenemos que cuidar a los profesionales” de la Salud, su Gobierno hace absolutamente el contrario. Ni fondos suficientes para sanidad, ni PCR para todo el mundo que lo necesite, ni contratación masiva en los sectores esenciales como la atención primaria, ni permisos retribuidos para contactos de positivo y personas a cargo de personas dependientes, ni intervención de la sanidad privada sin compensación. Nada. Ahora bien, restricciones y culpabilizar en la población que no falte.
Repiten una vez más el mismo guión que ha llevado una ola tras otra, la misma receta que tiene saturado al personal sanitario. Dice una famosa cita que “la estupidez es hacer el mismo una vez y otro esperando obtener resultados diferentes”. Pero la Generalitat no es estúpida, es un gobierno socioliberal a la catalana que, como buen socio de la patronal y las grandes fortunas, seguirá descargando la crisis sobre la clase trabajadora y los sectores populares mientras no toca un pelo a los capitalistas.
Vivienda social: dinero público por manos privadas
En el caso de la vivienda, la dotación asciende a 749 millones sin llegar a los 1.000 millones exigidos por la CUP. Si en la sanidad el govern no tocaba un pelo a las grandes fortunas y los beneficios empresariales, la tónica se mantiene para las políticas de vivienda.
Por un lado, el presupuesto plantea ampliar el parque público de vivienda a través de la construcción y mecanismos de tanteo y retracto con una dotación de 141 millones de euros, pero sigue sin cumplir los compromisos de la ley 18/2007 que fijaban el porcentaje mínimo de vivienda social.
Por otro lado, las ayudas y subvenciones para la rehabilitación se aumentan en 387 millones de euros a través de los Fondos Next Generation. Pero en este sentido, tal y como critica Enric Aragonès del Sindicato de Llogateres estas "no se vinculan a alquileres estables o protegidos, para evitar que la rehabilitación suba los precios".
Educación: recortes encubiertos
Otro de los sectores más afectados por la pandemia ha sido la educación que, igual que la sanidad, ha llegado gravemente afectada por los años de recortes y privatización del sector público. Ratios elevadísimas, falta de profesorado o carencia de espacios para la docencia son algunos de los problemas que venían de antes y que se han visto agraviados por la covid.
Ahora, la Generalitat incrementa 1.009 millones de euros el presupuesto para Enseñanza, siente el segundo departamento con mayor dotación. A la vez, se anuncia la reducción de ratios de 25 a 20 alumnos en P3 y la creación de 5.498 plazas de trabajo.
Aun así, estas cifras hay que ponerlas en perspectiva. Tal y como apunta Marta Minguella, miembro de CGT-Ensenyament, al diario La Directa “si observamos el presupuesto ejecutado el 2020, nos daremos cuenta que el incremento el 2022 se reduce al 5,12%, puesto que la diferencia de inversión solo seria de 300 millones de euros”. En este sentido, Minguella también cuestiona las consecuencias de la gratuidad de P2 sin un cambio en el sistema, puesto que “es una financiación que irá directamente a empresas privadas, que son las que ahora mayoritariamente las gestionan”.
La infrafinanciación de la enseñanza pública se mantiene y los recortes continúan sin revertirse. Así, la presidenta de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnas de Cataluña (aFFaC) criticaba también en La Directa la partida destinada al funcionamiento de los centros educativos públicos, la cual es inferior a la del año 2010, a pesar de que el número de alumnos se ha incrementado en un 12,5% en la red pública.
Sin una financiación suficiente para la contratación de profesorado, nuevos espacios de docencia y aumento de los recursos de los centros públicos, las elevadas ratios y el empeoramiento de calidad de la enseñanza pública seguirán siendo una realidad. Una situación que, como vimos desde el primer confinamiento, se ha profundizado con la pandemia. Mientras tanto, la Generalitat continúa sin cuestionar el modelo de educación privada y concertada en Cataluña, uno de los grandes negocios de la Iglesia.
Después de votar en contra ¿Qué hacemos?
Al estilo del “gobierno más progresista de la historia” del PSOE-UP, “el presupuesto más elevado y expansivo de los últimos años” se queda en un relato cada vez más difícil de sostener ante la realidad. No tocar un pelo a las grandes fortunas mediante nuevos impuestos y volver al autonomismo a cambio de millones por la burguesía catalana provenientes de los Fondos Europeos. ERC y JxCat vuelven a demostrar su compromiso como gestores y defensores del capitalismo en Catalunya.
Ante esta situación, hay que plantear la necesidad de un plan de movilización para imponer medidas de urgencia para la sanidad, la enseñanza y la vivienda entre otros. En este sentido, una fuerza que se reivindica anticapitalista como la CUP tendría que ir más allá de votar “no” en el Parlamento, utilizando su fuerza militante para ponerse al frente de la organización en los centros de estudio y de trabajo, creando espacios donde discutir una verdadera salida a esta crisis por la clase trabajadora y los sectores populares.
Durante el último año hemos visto huelgas del personal sanitario, de enseñanza, de las interinas de diferentes sectores, de las trabajadoras del SAD y las estudiantes entre otros. Ahora es hora de unir nuestras fuerzas para luchar para hacer pagar la crisis a los capitalistas enfrentando a la Generalitat.
Peleemos por impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y los beneficios empresariales para aumentar las partidas de sanidad y enseñanza, garantizando un incremento de los recursos, espacios y contratación de personal. Luchemos por la expropiación sin compensación de los pisos vacíos en manos de grandes tenedores y fundes buitres para crear un parque de vivienda social.
