La Mesa del Parlament rechaza las iniciativas de Cs y PSC, para evitar debatir la declaración independentista, y continúa su tramitación. La oposición al gobierno cierra filas con éste en Catalunya y se proponen llevar el tema al Tribunal Constitucional.
Federico Grom Barcelona | @fedegrom
Miércoles 4 de noviembre de 2015
Junta de Portavoces del Parlament catalán reunida en Barcelona. Foto: EFE/Quique García
La Mesa del Parlament ha rechazado este martes las iniciativas de reconsideración de la resolución, que presentaron Ciudadanos y el PSC para evitar que se pueda debatir la propuesta de inicio de declaración de independencia presentada por JxSí y la CUP.
En la primera reunión de la Junta de Portavoces del Parlament, que ha durado una hora y a la que no ha acudido el PP, se ha puesto de relieve la polarización entre JxSí y CUP, quienes quieren continuar con la tramitación de la propuesta independentista, y C’s, PSC, PPC y Catalunya Si Que Es Pot (CSQEP), contrarios a ese proyecto y que se ubican junto al Estado central bajo el argumento de que la Junta no tiene validez porque se ha reunido pese a que los diputados del PP no se han constituido como grupo parlamentario y designado portavoz.
De esta forma queda abierto el periodo de enmiendas y según el planificado cronograma el próximo viernes 6 debería quedar convocado oficialmente el pleno extraordinario para discutir la resolución la semana que viene. La fecha que se baraja para esta sesión en el apretado calendario catalán es el lunes 9 por la mañana, la última instancia antes de que se realice el primer debate de investidura de Artur Mas el mismo día.
Sin embargo, a pesar de que admiten que es muy difícil evitar que se debata la resolución, los tres partidos contrarios a la declaración de independencia (Ciudadanos, PSC y PP) intentarán impedir que se celebre la sesión presentando de forma simultánea, aunque con textos propios, un recurso alegando que ese debate desborda el marco jurídico-político.
Esta imagen de unidad, más aún en vísperas de unas elecciones generales, es una postal política muy poco vista y casi reservada para la política "antiterrorista" y ahora para "la cuestión catalana". Es que los dirigentes de las tres formaciones, Xavier García Albiol (PP), Miquel Iceta (PSC) e Inés Arrimadas (Ciudadanos), en representación de los 52 diputados que suman las tres formaciones, acudirán juntos a la sede del Alto Tribunal para presentar los recursos de amparo.
Además desde el PP, formularon un texto al que adherirán los diputados del PSC y de Ciudadanos, para denunciar que se han vulnerado, según ellos, los derechos fundamentales de los diputados del PP en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlament.
A pesar de que el PSC se venia resistiendo a formalizar cualquier política de frentes, no tardaron en sumarse al carro del PP, y aunque rechazan que según ellos esta sea una "una alianza estable" reconocen que “es cierto que tenemos coincidencia en este punto y siempre hemos considerado que abordar el asunto es ilegal”.
Ciudadanos considera la Junta que se ha celebrado como una “reunión de diputados". Según palabras de su portavoz, Carlos Carrizosa, "Hemos asistido para dejar constancia en el acta de que no era una Junta legal", ha explicado, calificando de “antidemocrático” que se pueda debatir sobre la independencia.
Por su parte, la formación morada catalana, CSQEP, acusó a la presidenta de la cámara de ponerse "al servicio de dos grupos parlamentarios" al vulnerar el reglamento, según él, con el fin de debatir la resolución presentada por los independentistas en una fecha determinada.
El portavoz de su grupo parlamentario, Joan Coscubiela, ha afirmado que "Junts pel Sí y la CUP tienen todo el derecho del mundo a presentar una resolución, pero lo que no es de recibo es que, para debatirla en un determinado día en función de sus necesidades de escenificación de la investidura del presidente de la Generalitat, pisen y vulneren las normas del Parlament". Ha explicado que considera que la Junta no debería haberse reunido porque el PP aún no se ha constituido como grupo.
Quien diría hace unos pocos meses, a inicios de la meteórica carrera política de Pablo Iglesias y su formación, que sus representantes en Catalunya terminarían defendiendo los "derechos" (y maniobras) del PP, junto a Albert "pájaro Naranja" Rivera y el PSC.
Forcadell ha realizado una comparecencia junto al vicepresidente Joan Corominas (JxSí) tras la tensa reunión en la Mesa del Parlament, en la que ha asegurado que la Cámara ha actuado con legalidad y al amparo de un informe de los servicios jurídicos del Parlament. También ha rechazado las críticas por la ausencia del PP y ha señalado que han podido ejercer el derecho fundamental de participación al estar invitados a la reunión.
Las portavoces de Junts pel Sí y la CUP, Marta Rovira y Anna Gabriel respectivamente, han defendido que la Mesa no incumplió el reglamento y han apelado al mandato democrático resultante de las elecciones del 27-S lo que da al independentismo la mayoría de diputados. Ambas diputadas han acusado al PP de utilizar una maniobra dilatoria con el único fin de impedir el debate.
Gabriel ha calificado de acto de “chulería política” la actitud del PP y ha asegurado que "No se ha negado a nadie la voz”. Ha alegado que “esta resolución se puede discutir antes de la investidura y cabe dentro del reglamento. No vamos a supeditar nuestros acuerdos porque haya un grupo que abuse de su derecho de constituirse en un grupo. Hacen un uso fraudulento del reglamento. Nosotros también tenemos derechos”.
Por su parte Gabriel ha vuelto a negar que el debate del texto tenga algo que ver con la investidura de Mas. “No veo la relación”, ha señalado. “Tenemos un mandato y vamos dando pasos” zanjó.
El gobierno catalán también ha defendido el debate y la votación de la resolución independentista. Su portavoz, Neus Munté, ha criticado las “amenazas” de llevar el texto ante el Tribunal Constitucional. “Estamos ante una propuesta que es pertinente porque forma parte de un mandato democrático y de una mayoría parlamentaria que quiere llevarla adelante"
El PP y Ciudadanos ya han anunciado que si se celebra el Pleno, no se retirarán del hemiciclo como ya hicieron la pasada legislatura con otro tema que consideraban "ilegal" debatir, una moción para condenar el franquismo.
“Si se celebra el pleno, nosotros estaremos allí" ha afirmado Albiol, "daremos la cara” ha rematado. Quien a aprovechado para acusar a Forcadell de actuar más como una “agitadora” de la Asamblea Nacional Catalana que de presidenta del Parlament.
Albiol ha agradecido a todo el arco españolista por haber dado apoyo al PP y no reconocer la Junta de Portavoces. Este gesto de la oposición, en sus distintos niveles, fortalece a Rajoy en la coyuntura, y lo ayuda a salir del aislamiento y la soledad en el que estaba inmerso en otros frentes. En especial en un frente de batalla que se anuncia como uno de los puntos calientes de la batalla electoral del 20D.
Sin embargo, la fortaleza más grande del gobierno de Rajoy y del Estado español, y la mayor debilidad de la izquierda independentista, es que la fuerza social necesaria para poder hacer efectivo el derecho de autodeterminación, y la independencia si así lo quisiesen la mayoría de los catalanes, asisten a todo este debate como convidados de piedra. A lo sumo, invocados como legitimadores por su voto, en las refriegas políticas palaciegas. Pero calculadamente lejos de las calles y la movilización por quienes dirigen el proceso.
En ultima instancia, sin esta enorme fuerza social, las declaraciones parlamentarias no valen nada.
