Catalunya. El Parlament votó una ley antidesahucios rechazada por la PAH

En mayo el Tribunal Constitucional suspendió la ley catalana de medidas sobre viviendas y pobreza energética. A instancias de un recurso presentado por el Gobierno de Rajoy. Siete meses después sigue el TC sin dictaminar y por supuesto con la suspensión de la ley. La ley surgía en base a una iniciativa legislativa popular, organizada por la PAH.

Dicha Ley fue recurrida por el Gobierno central. Aunque la bancada del PP catalán había apoyado la misma. Pase lo que pase, el Gobierno de Rajoy siempre prima el enfrentamiento con la Generalitat en la batalla para evitar el Referéndum.

Este jueves, el Parlament ha recuperado dicha ley, reformando los tres artículos cuestionados por el TC. Más allá de los cambios, la nueva ley no sirve para resolver los reclamos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los integrantes de la Plataforma denuncian que con la nueva ley no habrá obligatoriedad de ofrecer una alternativa a la familia desahuciada, lo cual significa que irán directamente a la calle. Tampoco queda claro por cuanto tiempo serán realojados.

La ley tampoco resuelve la cuestión de los alquileres gravosos. Solo se prevé constituir una comisión para estudiar los casos considerados como abusivos. En el último año los precios han subido un 15%, lo cual es una barbaridad. Más aún cuando la inflación está por los suelos y los salarios en las catacumbas. Por supuesto, que la juventud, las mujeres o las familias pobres no tienen más alternativa que compartir piso si quieren tener algún “lugar” donde poder dormir.

Esta nueva legislación sí habla de expropiar pisos vacíos. Pero, incluso esta medida, que parece progresista, es completamente inocua y equivocada. Sólo se expropiarán los pisos que los bancos propongan para la expropiación. Claro está que son los que están en peores condiciones o no puede vender de ninguna manera. Como decía en otro artículo, los bancos hacen su agosto

La Ley, adaptada a los requerimientos del Tribunal Constitucional, se hace más favorable también a los grandes propietarios de pisos vacíos. Una ley promovida por la derecha catalana, es decir la antigua Convergència, con el apoyo de la derecha española, esto es el PP y Ciudadanos y el resto de fuerzas.

Lamentable e inexplicablemente, entre quienes la aprobaron está la bancada de la CUP. Una ley que no evita los desahucios, ni apoya a las familias que son echadas por los Mossos d’Esquadra, no resuelve los graves problemas de las familias más pobres. Es difícil de entender que una fuerza anticapitalista dé apoyo al texto. Lo esperable, al menos sería el “puny tancat” (puño cerrado) que prometió David Fernández, cuando asumía como Diputat, contra los recortes. Más difícil aun teniendo en cuenta que los propios afectados, como la PAH se oponen a la misma.

Es más bien imposible que una ley que prohíba los desahucios y garantice efectivamente el derecho a la vivienda, surja del Govern de Junts pel Sí. Precisamente, fue durante los años de Jordi Pujol y Artur Mas que se llenaron de dinero la banca y las grandes constructoras. Y todavía lo siguen haciendo con el apoyo de Junts pel Sí y el Gobierno Central.

Una fuerza capitalista, con el “puny ben tancat” debería oponer a esta Ley, la expropiación de los pisos vacíos en manos de los bancos, fondos buitres y grandes inmobiliarias. Y, luego cederlo con alquileres que no superen el 25% de los ingresos familiares hasta que no haya nadie más en la calle.

Esta medida solo sería la primera de una serie de medidas de urgencia para acabar con la pobreza de todo tipo, para comenzar a resolver los graves problemas sociales. Para ello es necesario que las fuerzas anticapitalistas y los sindicatos rompan con la burguesía y sus gobiernos y se pongan a la cabeza de una gran movilización social. No se puede acabar con la dictadura de los bancos y las multinacionales sin enfrentarlas.