CATALUNYA. El Pedro Sánchez del 155 juega ahora con el indulto a los presos políticos catalanes ante la negativa del Tribunal Supremo

Este miércoles el Tribunal Supremo ha hecho público su veredicto sobre los indultos a los presos políticos catalanes que, como en el caso de los Jordis, llevan cerca de 4 años en prisión. Ni se ha vulnerado el principio de proporcionalidad con las penas condenatorias ni existe prueba o indicio de arrepentimiento por parte de los 12 presos políticos catalanes. Esta ha sido la valoración que el Tribunal Supremo ha realizado para oponerse al indulto.

Te puede interesar: El Tribunal Supremo se opone a conceder el indulto a los presos políticos catalanes

Ante el revuelo que esta noticia iba a causar, ya al inicio de esta semana Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, apostaba por asumir con “naturalidad” la decisión de los tribunales sea cual sea el resultado. A este mensaje de naturalidad e intento de descomprimir la presión que el asunto provoca, se le sumó la declaración este mismo martes de la Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, asegurando que tomarán las acciones oportunas “una vez tengamos los informes del Tribunal Supremo y el de la Fiscalía”.

Finalmente ante la inminencia de la resolución ha sido el propio presidente del Gobierno quién se ha pronunciado, y por partida doble. Lo hizo desde Bruselas el martes y este mismo miércoles desde el Congreso, sin afirmar ni desmentir la decisión de indultar a los presos. En la sesión de control al Gobierno, el líder del partido socialista ha asegurado que “hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia” y que una vez el Ejecutivo tenga toda la información necesaria “tomará una decisión a favor de la convivencia de todos los españoles con independencia del número de escaños”.

Y es que hay que recordar que tanto los informes de la Fiscalía como del Tribunal Supremos son preceptivos, pero no vinculantes para el Ejecutivo. Eso sí, la medida de gracia, si llega, será parcial, pues la ley no permite un indulto total de la pena cuando el juzgado sancionador está en contra.

Resulta una broma de muy mal gusto, teniendo en cuenta los años en prisión que llevan los presos políticos y sin olvidar a los miles de activistas y defensores del derecho a decidir del pueblo catalán que han sido (y son) víctimas de la represión policial y judicial durante estos años, que ahora desde Moncloa se hable de “concordia” o “convivencia”.

Sin olvidar que la represión sufrida tras la sentencia del “juicio farsa” fue comandada por este gobierno “progresista”, en un operativo conjunto entre Mossos y Policía Nacional.

El Partido Socialista quedó, sin ningún tipo de duda y como no podía ser de otra manera, del lado de los agentes del Régimen, que enfrentó con toda su maquinaria represiva al movimiento catalán. El “a por ellos” también se gritó desde Ferraz y Sánchez también es el del 155.

El cálculo en Moncloa se mueve bajo otras coordenadas que apuntan a enterrar, de la mano del Govern de ERC y Junts, el movimiento democrático catalán, al menos, a corto y medio plazo. Un mensaje en sintonía con el “nuevo” plan de ruta de la Generalitat que pospone in eternum el derecho a decidir de Catalunya.

Las reacciones no se han hecho esperar. De hecho, desde el Govern han reaccionado asegurando que “el indulto será bienvenido, pero el objetivo es la amnistía”. Ahora bien, desde las fuerzas independentistas catalanas no se ha hecho absolutamente ningún movimiento serio por sacar a los presos políticos de la cárcel.

La estrategia del Govern, con el apoyo de la CUP, pasa por una mesa de negociación con Moncloa en la cual está descartado hablar del derecho a decidir. La propuesta de las tres fuerzas independentistas, con matices, pasa por una negociación con el Gobierno de Sánchez y una mediación de algún tipo de la “comunidad internacional”.

Desde la racista UE que deja morir a miles de migrantes en el mediterráneo y aprueba la represión del Estado español de estos días en Ceuta, a la Rusia de Putin o la imperialista EEUU de Biden (programa electoral para el 21F de la CUP dixit).

Los socios de Gobierno tampoco han perdido oportunidad para pasear su hipocresía. Desde Podemos aseguran que ellos (por el PSOE) “se han movido del 155 al indulto, nosotros siempre estuvimos ahí”. Pero ni Podemos ni Izquierda Unida han realizado una sola acción, ni por los presos políticos, ni por todos los ataques represivos del Régimen contra el movimiento democrático catalán. No lo hicieron desde Madrid, ni tampoco lo hicieron desde Barcelona, donde Colau miró y mira constantemente a otro lado.

Una omisión que en el punto álgido, en 2017, los situó al lado del Régimen del 78, en la trinchera del PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, la Judicatura y la Corona.

Por supuesto la derecha y la extrema derecha no han perdido oportunidad para clamar a los 4 vientos el golpe a la unidad del Estado español que este indulto supondría. Casado, con carrerilla tras los resultados del 4M en Madrid, ha asegurado que un indulto sería “el finiquito del PSOE”, mientras que desde la bancada de Vox han aprovechado una intervención para recriminarle “indolencia y debilidad en la defensa de la nación”.

Más allá de los choques en el Congreso de los Diputados y siendo cierto que en el arco parlamentario hay diferentes propuestas para enfrentar al derecho democrático catalán, lo cierto es que todos, oposición, Gobierno y socios incluidos, están por la defensa del territorio del Estado español por encima de cualquier derecho democrático. Ya lo han demostrado y lo demostrarán todas la veces que sea necesario.

No hay medida de gracia que pueda venir de un Estado represivo, que metió en prisión a líderes políticos y sociales por llamar a las urnas. La amnistía es la única resolución que cabría esperar, tanto de los presos políticos como de los miles de activistas y luchadoras que han sido y están siendo víctimas de la represión del Régimen del 78. Y esta no llegará de mesas de negociación con Moncloa, sino con la movilización en las calles de Catalunya con la solidaridad de la clase trabajadora y sectores populares del resto del Estado.