AUTORITARISMO PATRONAL Y ESTATAL. El Pérez Carreño: entre “colectivos” armados y despidos por mostrar la realidad del hospital

Desde que se empezaron a tomar las medidas ante el Covid-19, quedó claro que un componente clave de la política oficial era el reforzamiento del control policial de la población, del autoritarismo gubernamental y represalias contra quienes exijan condiciones de bioseguridad adecuadas. Diversas situaciones de ese tipo hemos venido reseñando. Nuevos hechos se siguen dando y llegan a nuestra redacción, en esta ocasión en el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, en la capital.

Grupos parapoliciales en el centro de salud

Hace más de una semana, en las entradas del hospital y en sus instalaciones, hay grupos de civiles con armas de fuego, sin ningún tipo de identificación como parte de algún cuerpo policial, controlan el acceso al lugar y se mueven como si tuvieran funciones que cumplir allí. ¿Cómo se supone que un grupo de civiles armados puede hacer eso en un hospital si no tuvieran el aval del Gobierno?

Estamos hablando ni más ni menos que de grupos parapoliciales. Cualquier grupo de civiles que por alguna razón considere necesario tener armas para lograr sus objetivos, con toda seguridad sería combatido por el Estado, serían considerados al margen de la ley, pero no ocurre así con estos grupos. ¿Por qué?, evidentemente, porque son afines al gobierno y le sirven como un mecanismo “extra” para su política contra la población. Son grupos ilegales, que no tienen fundamento ni siquiera en la propia legalidad de este Estado, pero existen y andan campantes incluso… en un hospital.

¿Qué función cumplen allí? ¿Para qué se supone que son “necesarios” semejantes grupos en un hospital? ¿Acaso no hay trabajadores que cumplen funciones de seguridad en el lugar? Sí, claro que los hay. ¿Están cumpliendo labores administrativas, de mantenimiento del hospital o de atención médica? No, por supuesto que no, para eso están los trabajadores del hospital, tanto los médicos y enfermeras como el personal obrero y administrativo.

La verdad es que, como señalan los trabajadores, estos grupos armados no tienen nada que hacer allí, no hay ninguna función que justifique su presencia. A menos que sea para amedrentar a los propios trabajadores o pacientes. ¿Si no para qué?

La dirección del hospital, de hecho, no le ha informado todavía a los trabajadores cuál es la justificación oficial de esa presencia. Nadie le ha explicado nada a los trabajadores al respecto, sencillamente un día llegaron y se consiguieron con que en la entrada de su lugar de trabajo estaban civiles armados (hombres y mujeres) preguntándoles para dónde iban y exigiendo identificación. Luego se dieron cuenta que estaban también en otras partes del hospital, y a falta de la más mínima información oficial, el rumor que les llegó a los trabajadores es que “son de un colectivo de La Vega, el Tupac”.

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Despedido como represalia patronal

El otro componente de esta realidad es el reciente despido de un trabajador de la morgue. Como ya habíamos informado antes, en muchos hospitales y ambulatorios del país, los trabajadores no cuentan con las condiciones adecuadas de bioseguridad ni los implementos básicos de trabajo. En el Pérez Carreño no hay guantes suficientes para todos los trabajadores, tapabocas tampoco –muchos trabajadores deben ellos mismos comprar ese implemento de trabajo–, no les proveen regularmente de alcohol ni jabón. Es una muestra, apenas una, de las precarias e inseguras condiciones de trabajo allí.

La represalia patronal es porque el trabajador brindó testimonio sobre esta situación para un video. Antes había hecho algunos carteles, aunque referidos más en general a desearles “¡Fuerza!” a los trabajadores de otros centros de salud en el combate al virus. Esta vez le cayó encima personal directivo del hospital, lo acusaron de “alterar la paz” y de otras cosas más, con diversas “advertencias” (es decir, amenazas) y llevándoselo detenido las FAES, le ordenaron: “¡No vengas más!”. Se comenta en el hospital que algo similar y por la misma razón le pasó a un médico, aunque no está confirmado.

Así de ilegal y fuera de todo procedimiento administrativo, solo mediante la fuerza del amedrentamiento, se deja sin empleo a un trabajador, así se despide a un trabajador del sector salud, ¡cuando al contrario, lo que necesita el país es fortalecer su sistema de salud, y eso implica más trabajadores y especialistas con las condiciones básicas de protección e implementos de trabajo!

Esto pasa, además, al mismo tiempo que el Gobierno hace publicidad diciendo que hay “inamovilidad laboral”. ¡Caraduras! Como se ha comentado antes en estas páginas, lo de la inamovilidad laboral es pura propaganda e hipocresía del Gobierno, pues los empresarios privados y él mismo la violentan cada vez que quieren. Esta es una demostración más.

¿Qué se supone que debía hacer este trabajador, y todos los demás que en diversas partes del país han buscado hacer pública la realidad de los centros de salud? ¿Resignarse callados a trabajar en condiciones precarias e inseguras? El Gobierno oculta la realidad de los hospitales, y con esto no solo afecta a los trabajadores de la salud sino también al conjunto del pueblo trabajador, que es el que usa la salud pública. Si el Gobierno no dice la verdad sobre el sistema de salud, si miente diciendo que todo está bien y que tenemos “un sistema de salud robusto”, ¿acaso no es su accionar el que debe ser cuestionado?, ¿acaso no es esa irresponsabilidad la que pone en riesgo la vida de pacientes y trabajadores? ¡Mejor para el pueblo que haya trabajadores de la salud que muestren la realidad, antes que tener solo la versión engañosa e irresponsable del gobierno de turno!

Esto que pasó con este trabajador no es un caso aislado. Amenazas de despidos, cambios arbitrarios de lugar de trabajo para evitar que se organicen, montajes y linchamiento mediático, amedrentamiento con policías en las instalaciones hospitalarias, seguimiento policial a los trabajadores y confiscación de sus celulares para ver de qué hablan con sus compañeros, incluso detenciones, son parte de las medidas que en múltiples centros de salud a lo largo del país ha tomado el gobierno. ¿Así se supone que se “combate la pandemia”? Ocultando por vía autoritaria la realidad del sistema de salud y debilitándolo, al provocar el despido o deserción de trabajadores por intimidación.

En interés de la salud del pueblo, del combate al virus y de los derechos de los trabajadores, deben rechazarse rotundamente todas estas prácticas, tanto las retaliaciones patronales y despidos, como el uso de grupos parapoliciales armados amedrentando en los hospitales.

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