Trabajadores. El Plan Laboral Piñera y la resistencia obrera y sindical en dictadura

El economista José Piñera se convirtió en Ministerio de Trabajo el 26 de diciembre de 1978, con el objetivo de proponer un nuevo plan laboral acorde al modelo neoliberal que impulsaba la dictadura. Piñera reconocía que había que impedir que retornara el “viejo” sindicalismo y proponía legislar respecto a cinco temas: libertad sindical, democracia sindical, huelga negociación colectiva e intervencionismo estatal.

Apenas un mes después de la presentación del Plan Laboral, se promulgaron los Decretos Ley N° 2544 y 2545, que permitían la realización de reuniones sindicales y de cotizaciones, para el funcionamiento de estas organizaciones bajo la lógica de fundar un nuevo orden sindical. Para José Piñera lo que estaba en juego era “si se les entrega a los sindicalistas el poder para paralizar la economía y tomar como rehén al país; lo que se decide es si los dirigentes sindicales pueden llegar a tener en nuestra sociedad más poder que los parlamentarios” (1). En lo laboral, se instalaba la idea de la productividad, atando los salarios a este mecanismo, como también se proponía terminar con la sindicalización obligatoria acusándola de ser una medida extorsiva contra los empresarios.

De esta manera, el nuevo modelo consagrado en el Plan Laboral restringía la negociación colectiva y anulaba en la práctica el derecho a huelga al permitir la contratación de reemplazantes y la negociación individual, además de prohibirla para los trabajadores fiscales y las industrias estratégicas como el cobre; la huelga podía durar hasta un máximo de sesenta días, dando por supuesto que pasado ese plazo los trabajadores renunciaban voluntariamente al trabajo o aceptaban las condiciones anteriores ofrecidas, además de permitir que a los 30 días se pudiera negociar individualmente (2) y, que con un mínimo de trabajadores, se pudiera censurar a los dirigentes. Además, se posibilitaba a los empresarios declarar el lock-out en las empresas y le otorgaba amplias facultades para despedir y negociar salarios; así, “cada una de las modificaciones impuestas por el régimen militar sobre el mundo laboral apuntan al objetivo de eliminar al movimiento sindical en su condición de agente socio-político nacional; a constreñirlo a un papel negociador débil en el terreno económico-reivindicativo; y a dejar paso libre a las “Leyes del Mercado” en el plano de las Relaciones Laborales” (3).

El Plan Laboral buscaba terminar con el modelo de sindicalismo que existía en Chile desde la década de 1930, lo que llevó a las organizaciones sindicales a la oposición activa contra esta política. Por un lado, la lucha contra este plan potenció la organización y coordinación del sindicalismo, entre sus distintos referentes sindicales como la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Grupo de los 10 y diversas Federaciones sindicales.

En 1978 se había publicado el documento “Los Trabajadores Frente al Presente y Futuro de Chile” de la CNS y el FUT, donde analizaban la situación política, económica, cultural y social del país, definiendo la lucha contra la dictadura y la vuelta a la democracia, el respeto de los derechos humanos, la Asamblea Constituyente y el fin de la economía social de mercado; señalaban que la doctrina de seguridad nacional servía a “los intereses y la ideología de unos pocos privilegiados y otros pocos tecnócratas” (4). Este documento señalaba un camino de lucha centrado en la recuperación de la democracia, alejándose del lenguaje de lucha de clases para proponer la unidad nacional, justicia social y paz.

El Grupo de los 10, encabezado por Tucapel Jiménez rechazó el proyecto de Piñera, según indicaban los diarios, un “abierto desafío lanzaron los 10… Dicen que solo con bayonetas los harán aceptar el plan laboral” (5). Los dirigentes y las diversas organizaciones sindicales comprendían que la política del gobierno significaba el fin del sindicalismo tal como se conocía en nuestro país, por eso señalaban que “los trabajadores rechazamos la nueva institucionalidad laboral. Es un modelo que no aceptamos. Si se implanta para desgracia de los trabajadores, porque las bayonetas dan para mucho, la aceptaremos a regañadientes, pero antes la vamos a combatir…” (6).

El 8 de marzo de 1979, Día Internacional de la Mujer, se transformó en una manifestación contra la dictadura, con marchas en Santiago y otras ciudades importantes, “con gritos y consignas en contra del Gobierno de Chile y vitoreando a la Resistencia” (7). El 1° de mayo del mismo año, la dictadura intentó realizar un acto para demostrar el apoyo de un sector del sindicalismo oficialista a su política y al Plan Laboral, con escasos resultados, mientras el sindicalismo opositor convocaba a una manifestación que según los medios de comunicación tenía como fin “que los dirigentes politizados promuevan en Chile, especialmente el 1.o de mayo, agitación subversiva destinada a debilitar la autoridad del Gobierno” (8).

La CNS realizaba constantes llamamientos a la lucha y la unidad sindical, denunciando la situación de los cesantes y solicitando el aumento de las remuneraciones (9). También el FUT proponía un Plan de Lucha (10), convocando a movilizarse por el reajuste de salarios, el respeto a los derechos sindicales y el rechazo al plan laboral, exigiendo el fortalecimiento de la negociación colectiva, el derecho a huelga y rechazo al lock-out.

Entre 1979 y 1981 se realizaron una cantidad importante huelgas en los sectores del cobre, Textil Victoria, SUMAR, Panal, el carbón, Vinex, entre otras. Como señalaban los trabajadores, “tenemos mucho que ganar y ya casi nada que perder” (11). La realidad es que los trabajadores habían perdido ya gran parte de sus conquistas sindicales, como también sus derechos sociales; en 1978 el desempleo rondaba el 13% y la distribución del ingreso se había concentrado en los sectores de medianos y altos ingresos, afectando particularmente a los trabajadores (12); el empleo en el sector industrial había caído casi un 10%, al igual que la construcción (13), aumentando en minería, comercio y servicios.

La importante cantidad de huelgas que se produjeron entre 1979 y 1981 tuvieron como objetivo enfrentarse al plan laboral, aunque enfrentaron difíciles condiciones, entre ellas la represión.

Los propios dirigentes sindicales señalaban las maniobras patronales que prepararon durante meses el aumento de stock para que, cuando llegara la huelga “estuvieran abarrotadas las bodegas” (14). Manuel Bustos señalaba que las huelgas en el área de la textilería fueron muy duras y “los acuerdos que se lograron fueron entre quedar cesantes o seguir con trabajos” (15), como fue el caso de Botones Giglio, La Sacala, Coresa (donde incluso se declaró el lock-out) y otras empresas.

En general las huelgas se extendían hasta el fin del plazo legal (sesenta días) y terminaban en derrotas, en las que los trabajadores aceptaban incluso la pérdida de conquistas. En industrias como CTI los empresarios despedían previamente a una gran cantidad de trabajadores, aprovechando las ventajas de la ley laboral, recontratándolos en peores condiciones, lo mismo sucedía en otras áreas como comercio, textiles, línea blanca e industria metalúrgica. La huelga, tradicional herramienta de lucha de la clase trabajadora, comenzaba a ser impugnada por la propia legislación laboral, quitando toda su potencialidad como herramienta de lucha. A su vez, los cambios estructurales afectaban también a los trabajadores, no solo por el incremento de la productividad, intensificación del trabajo, altos índices de cesantía y caída del empleo industrial, factores que debilitaban los sindicatos y buscaban quebrar los lazos de solidaridad y unidad de los trabajadores, al instalar la competencia e individualismo.

A pesar de la dificultad para organizarse, de la represión y la persecución, la clase trabajadora y sus organizaciones mantenían un proceso de organización y lucha. En la zona norte del cobre, se fortaleció la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) organización que sería uno de los pilares de la convocatoria a las primeras protestas contra la dictadura en 1983 junto al Comando Nacional de Trabjadores. Lo mismo sucedió en las elecciones de empresas como Acero Huachipato, petróleo, ferroviarios, bancarios, comercio y ENDESA, fortaleciendo al Grupo de los 10 y la CNS.

Aun cuando la legislación laboral era enormemente restrictiva, entre 1979 y 1981 se realizaron numerosas huelgas, aunque la mayoría resultó adversa para los trabajadores. Mientras los empresarios aprovecharon la institucionalidad laboral del nuevo plan para debilitar la huelga y la negociación colectiva, los sindicatos se oponían a esto porque consideraban que se trabaja de derechos esenciales de los trabajadores, que los llenaban de “dignidad” y “solidaridad”, señalando que la huelga era un “legítimo instrumento de su lucha reivindicativa” (16).

Las organizaciones como la CNS, la UNT o el Grupo de los Diez emitían declaraciones de apoyo a cada lucha, emprendían viajes, colaboraban con la defensa legal de los detenidos; visitaba las fábricas en huelga u organizaban peñas y actos para juntar fondos, a pesar de la dificultad para organizarse y la persecución que se mantenía contra dirigentes y activistas. Estas luchas, las diversas manifestaciones de resistencia, las acciones de solidaridad y las huelgas, mantenían activa la organización de los trabajadores, expresada en la demanda y organización en torno a problemas económicos, pero también en lucha contra la dictadura y su régimen autoritario. La resistencia poseía una doble dimensión: era defensiva, como reacción ante la arremetida de la dictadura y los empresarios contra los trabajadores, buscando resguardar la integridad física de dirigentes y activistas o a las organizaciones, intentando mantener las condiciones de vida frente a las políticas económicas; asimismo, conllevaba un aspecto activo, movilizaba la acción, permitía reagrupar fuerzas, organizarse, buscar estrategias y alternativas de lucha.

Las cartas, peticiones, denuncias, declaraciones, conferencias de prensa y boletines fueron una herramienta fundamental de la acción política y sindical; ya sea denunciando las condiciones de vida de los trabajadores hasta críticas más abiertas a la propia dictadura. El trabajo furtivo y clandestino realizado durante años, encontraba ahora canales de expresión y organización, permitiendo también la coordinación con otros sectores, como estudiantes y pobladores. Aun cuando el movimiento obrero fue derrotad en su lucha contra el Plan Laboral, se mantuvo organizado y activo, siendo uno de los artífices de la convocatoria al primer paro protesta nacional del año 1983. De todos modos, ya se observaban cambios importantes en su composición y también en su política, ya que ahora la lucha se centraba en la vuelta a la democracia.

La clase trabajadora y sus organizaciones fueron excluidas como fuerza social y política en la dictadura y en la posterior transición a la democracia, sin embargo en la actualidad se está reabriendo el debate estratégico sobre la reemergencia de la clase trabajadora y sus organizaciones, como también la necesidad de luchar contra el código laboral que viene desde la dictadura, una de las demandas pendientes del movimiento sindical, como se ve en el debate actual sobre la reforma laboral y las distintas posiciones al interior del movimiento sindical.

Notas
1 José Piñera. (1990). La Revolución laboral en Chile, Santiago: Zig-Zag. P. 26
2 (1979, 1 al 15 de octubre). El Plan Laboral en acción. APSI 64, p. 2-3.
3 Eugenio Tironi y J. Martínez. (1983). Clase obrera y Modelo económico. Un estudio del peso y la estructura del proletariado en Chile, 1973-1980, Santiago: PET, Academia de Humanismo Cristiano. P. 230.
4 Los Trabajadores Frente al Presente y Futuro de Chile. Santiago, 7 de septiembre de 1978. Coordinadora Nacional Sindical y Frente Unido de Trabajadores. Centro de Documentación de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago. Santiago, Chile.
5 1979, 5 de enero. Abierto desafío lanzaron los 10. La Segunda, tapa.
6 1979, 5 de enero. Belicoso rechazo al plan laboral dio a conocer ‘Grupo de los Diez’. La Segunda, contratapa.
7 1979, 9 de marzo. Manifestantes en un concierto. La Segunda, p. 2.
8 1979, 4 de abril. Sindicalistas, apoyados por AFL-CIO preparan agitación para 1.o de mayo. La Segunda, contratapa.
9 “A la Opinión Pública”. Consejo Ejecutivo Coordinadora Nacional Sindical. Manuel Bustos, Juan Sepúlveda, Hernán Jofre, Manuel Jiménez, Héctor Cuevas, Carlos Morales, Sergio Freyhoffer, Alamiro Guzmán. Santiago, junio 29 de 1979. Centro de Documentación de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago. Santiago, Chile.
10 “Plan de lucha del Frente Unitario de Trabajadores (F.U.T.)”. Consejo Directivo Nacional. Santiago, 2 de Agosto de 1979. Centro de Documentación de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago. Santiago, Chile.
11 A la Opinión Pública. Santiago, octubre 26 de 1978. Manuel Bustos y otras 28 firmas de dirigentes sindicales. Centro de Documentación de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago.
12 1980, 15 de enero. Ingresos. Polémicas cifras sobre su distribución. APSI 68, p. 4.
13 1980, 16 al 31 de julio. El desempleo nuestro de cada día. APSI 77, p. 13.
14 1980, marzo. La Mala Huelga. APSI 71, p. 4.
15 1980, marzo. La Mala Huelga. APSI 71, p. 4.
16 1979, noviembre. Sumas y restas de una negociación. APSI 66, p. 4.

La foto es de una arpillera de los Talleres Realco FASIC realizado durante los años de dictadura. Se encuentra en el Centro de Documento y Archivo FASIC.