Derecho al aborto. El Plan de los Mil Días y la reacción de los antiderechos

La semana pasada, cuando el gobierno presentó su proyecto de legalización del aborto, presentó también el llamado “Plan de los 1000 días”. Aunque pasó desapercibido, el proyecto -que Alberto Fernández ya había anunciado en la apertura de sesiones en marzo y en campaña electoral junto a Fabiola Yáñez-, está orientado a acompañar a las personas gestantes en situación de vulnerabilidad durante su embarazo y los primeros 3 años de vida del niñe.

Inspirado en el Plan que lanzó el gobernador Sergio Uñac en 2016 en San Juan, bajo el nombre de "Mis primeros 1000 días", Fernández anunció que el proyecto establece "una nueva Asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a pagarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña de menos de tres años". "También se extiende el pago de la Asignación Universal por Embarazo", aclaró.

El gobernador Sergio Uñac (Frente de Todos) junto al papa Francisco Bergoglio

Sin embargo, la medida que buscaba abrir un diálogo con los sectores que se oponen a la legalización del aborto, no cayó del todo bien entre los grupos a los que se dirige. Ni siquiera entre los que simpatizan con el gobernador Uñac, que financió varias de sus movilizaciones organizadas contra la legalización del aborto en 2018. "El Plan es muy bueno, objetivamente hablando, pero nos parece contradictorio que se mande al mismo tiempo que aborto. Se hace una utilización política de esto para captar votos (para las elecciones legislativas de 2021). No nos parece bien que se utilice para captar indecisos”, dijo Camila Duro, vocera de Unidad Provida, en diálogo con El Grito del Sur.

Quizá atendiendo a ese descargo vimos en estos días las declaraciones de diversos funcionarios y funcionarias, como la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reforzando la idea de que -aunque el Congreso aún no lo informó-, los proyectos “se van a tratar juntos”.

El proyecto, aunque protege el derecho a la maternidad de sectores más empobrecidos, también fue interpretado como la intención de "unir pañuelos verdes y celestes", tal como llamara a hacer en 2018 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un intento de conciliar posiciones en el Senado con los sectores reaccionarios, para que no fracase la iniciativa de aborto legal que propuso el presidente Alberto Fernández como "piso de negociación".

El presidente Alberto Fernández con los gobernadores antiderechos Sergio Uñac (FDT), Juan Manzur (FDT) y la vicegobernadora Verónica Magario (FDT)

Ese "debate conjunto" de los proyectos, que es mas bien una imposición, ya había sido anunciado por Alberto Fernández hace un tiempo. Y esa convicción también volvió a expresarla recientemente, al afirmar -en el marco de la presentación de estos proyectos- que el Gobierno se propone mantener una buena relación con la jerarquía de las Iglesias.

¿Qué dice el proyecto de "los 1000 días"?

Según el texto que llegó al Congreso Nacional, el “Plan de los 1000 días” tiene como fin “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia”. La intención, señala, es “reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

Para eso, el proyecto crea una serie de asignaciones, cuyos montos aún se desconocen. Entre ellas, se destaca la asignación por Embarazo para protección social, de carácter mensual, desde la semana 12 de gestación hasta que finalice el embarazo; y la de Cuidado de Salud Integral, que consistiría en el pago de un monto anual que tiene como condición la presentación del carnet de vacunación y el control sanitario del niñe. Junto con esto, el programa mantiene la Asignación por nacimiento y la asignación por adopción.

Además, crea el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos, orientado a facilitar la gestión de documentos de identidad de les niñes; establece la provisión de vacunas, leche, medicamentos esenciales y alimentos; la atención médica desde la gestación a los 3 años del nacimiento; la orientación y la atención en casos de trombofilia y otras enfermedades y el acompañamiento a quienes fueran víctimas de violencia de género. Todas cosas que, aunque obviamente correctas, ya se supone que garantiza el Estado.

Respecto a les menores de edad, establece que se deben “asegurar protocolos para la atención especializada y específica”, ya que se consideran situaciones de “alta vulnerabilidad”, así como garantizar “una atención oportuna del servicio de salud para la detección de un posible abuso sexual con todos los resguardos necesarios para preservar su privacidad" y respetar la autonomía progresiva de la que habla el Código Civil.

¿Qué hay detrás del reconocimiento del derecho?

Aunque se desconocen las partidas que habrán de destinarse, así como otros "detalles" no menores (como el de los procedimientos para el resguardo de la identidad, sobre la que siempre buscan avanzar los sectores antiderechos), el "Plan de los 1000 días" asume que ésta asistencia le corresponde al Estado.

Pero la finalidad de su presentación parece buscar otra cosa: el "diálogo" o la "negociación" -como la llamó más sensatamente Elizabeth Gómez Alcorta- con los diputados y senadores que todavía se dicen "indecisos". Y convengamos que, como ya se vio en 2018, "negociar", en el lenguaje parlamentario, es definir en qué se cede en función de intereses de los propios bloques mayoritarios. Algo que siempre denunciamos como antidemocrático. ¿O no decidieron ya millones de personas que se movilizaron en las calles?

Para los sectores antiderechos, vinculados a las cúpulas de las Iglesias católica y evangélica, el gesto del oficialismo, aún así, no es suficiente. Era más que previsible, por supuesta, ya que todes sabemos que hablamos precisamente de grupos antiderechos y no simplente de "opiniones distintas". De hecho, es por eso que estos sectores ya preparan acciones para ejercer su lobby, organizan escraches a legisladoras y legisladores que anunciaron que votarán a favor del derecho a decidir, hacen pronunciamiento médicos hablando increíblemente de "la vocación de la mujer dentro del plan de Dios", e intentan ejercer más presión que en el 2018 para impedir que sea ley. Y recordemos, porque tampoco es dato menor, que este tema es transversal a todos los bloques, excepto al Frente de Izquierda, que es el único que lleva en su programa la legalización de la práctica.

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A diferencia de 2018, los sectores vinculados a las cúpulas de las Iglesias cuentan con un vínculo más aceitado con los gobernadores y dinosaurios que habitan en el Congreso, y con una mayor injerencia en el Estado: desde la presencia de referentes propios en el parlamento, a decenas de Secretarías de Culto y otros cargos otorgados a varios de sus integrantes por parte del anterior y del actual Gobierno nacional, así como por varios gobernadores provinciales; partidas presupuestarias asignadas en medio de la crisis que acompaña a la pandemia para que ejerzan su poderío en los barrios más humildes y otros varios beneficios y gestos que buscan contener el vínculo con estas instituciones, a las que -además- el Estado financia desde hace décadas.

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"Se pasa de tener un estado de protección total a una desprotección casi total. Si los mil días se cuentan desde la gestación, mandando ambos proyectos hay una inconsistencia legal porque o sos una persona y el Estado te protege o (con el proyecto de aborto) sos descartable desde ese mismo momento", señalan desde Unidad Provida, la ONG que impulsan desde la agrupación Frente Joven, vinculada a las cúpulas católicas y evangélicas y abocada a desarrollar proyectos destinados a brindar asistencia "a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad".

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, señalan en cambio que "es una ayuda para mujeres de sectores pobres que quieren maternar. No tenemos mucho más que decir que acordar. Lo que nos interesa es que el Estado garantice la salud y la descriminalización de las mujeres y personas gestantes que deciden no maternar o continuar un embarazo o no continuar un embarazo. Que se respete la decisión".

Ese es el punto del debate que se espera que se abra en las próximas semanas. Algunos anticipos ya hubo en estos días en provincias como Mendoza o Neuquén, pero según anticipaba a Letra P el referente del partido Una Nueva Oportunidad (UNO), para mostrar su rechazo a la legalización del aborto el 28 de noviembre próximo marcharán "por las dos vidas" y desplegarán "redes, militancia, micros, autos para una lucha muy importante".

El despliegue está por verse. Pero ya hay algo que atender: como viene señalando el antropólogo Pablo Semán, en "la intersección" entre los valores "pro-vida" y la economía actual, estas organizaciones ofrecen un “know how social”, un saber hacer social, que es el que les da el poder que tienen en su relación con el Estado y en el llamado a "la negociación". Un poder territorial, que "obliga a dialogar", como advierte el periodista Martín Rodríguez en esta nota de El Canciller. Que el resultado de esas "negociaciones" culmine en un poder mayor de estas instituciones oscurantistas dentro del Estado no puede sorprender si esa es la estrategia.

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Las cúpulas de las iglesias preparan el lobby parlamentario y buscan ganar las calles, un escenario que deberá disputar la merea verde para que no sólo sea ley, sino también para garantizar que se cumpla. Muy lejos de la estrategia del oficialismo, eso implica avanzar en la separación (no en la integración) de las Iglesias del Estado, no en el fortalecimiento de ese lazo. Esa, sin dudas, es otra de las tareas que dejó planteada para la marea verde la derrota que, con apoyo de "negociadores" oficialistas y opositores, impusieron en 2018 los dinosaurios del Senado. El derecho al aborto se debatirá en el Congreso, pero se arrancará en las calles.