La designación (o no) de nuevos magistrados para el CNE incrementa las tensiones políticas entre quienes detentan el control del Parlamento y quienes hegemonizan el resto de los poderes.
Humberto Zavala Venezuela | @1987_zavala
Sábado 17 de diciembre de 2016
La disputa por las magistraturas del Consejo Nacional Electoral parece ser uno de esos puntos altamente sensibles de la transición pactada dentro de las "Mesas de diálogo" que más dificulta un posible acuerdo.
Al año 2017 corresponde la realización de comicios para gobiernos regionales y municipales, además de estar marcado por la disputa en torno al referéndum revocatorio.
Por ello es bastante claro que ni al gobierno de Maduro ni a la oposición derechista les convendría ceder este espacio (siquiera fuera por la coherencia de sus respectivos relatos), como tampoco dejarían de maniobrar con todas las estratagemas posibles para obtenerlo.
Escalada de tensiones entre poderes públicos
El pasado miércoles el TSJ juramentó a Tania D’Amelio y a Socorro Hernández, ex miembros del PSUV, medida que fue catalogada como "absolutamente inconstitucional" por parte de Simón Calzadilla, vicepresidente de la AN, argumentando que la designación de magistrados del CNE es atribución exclusiva de la AN.
El TSJ, por su parte, alegó una vez más la "falta de diligencia" por parte de la AN para los nombramientos, y que el mismo Parlamento se encuentra en situación de "desacato al Poder Judicial", por la no desincorporación de los tres parlamentarios de Amazonas, cuya elección fue imputada por el TSJ. Los parlamentarios de la MUD contrarreplicaron que la acusación de "desacato" no tiene asidero puesto que dichos parlamentarios fueron desincorporados el pasado mes.
Sin embargo el quórum de 109 diputados que la AN necesitaba para designar a dos de los cinco directivos del CNE con períodos vencidos no fue logrado el día jueves en la sesión permanente anunciada el día anterior por Ramos Allup.
Esta escalada de tensiones entre la mayoría opositora en el Parlamento, y el chavismo en el control del resto de los poderes públicos, marca un punto crítico en las "mesas de diálogo" que Gobierno y Oposición mantienen desde octubre, y crean la incógnita de las condiciones sobre las cuales se reanudarían en enero como se había preanunciado.
Confrontación en la superficie, concordancia en las profundidades
La "escalada de tensiones" entre el TSJ y el Parlamento en torno al poder electoral, evidencia el estado actual de la crisis política de conjunto, producto en buena medida de la derrota electoral sufrida por el chavismo el 6D el pasado año.
Pero no nos llamemos a engaños, por más enfrentados que gobierno y oposición estén (o parezcan) en cuanto al control de un poder electoral que para el año 2017 tendría la importancia de garantizarle a quien lo detente el mismísimo Gobierno, mientras se presentan estas diatribas hay acuerdo entre ambos sectores en "reactivar" los diálogos para el próximo 13 de enero, y esto es así porque hay más cosas en juego.
Para deducir quiénes serán los beneficiarios de los acuerdos a qué lleguen Gobierno y Oposición, no habría más que ver con qué cemento se mantienen "unidos" en una mesa de negociaciones, la derecha empresarial y proimperialista, y el gobierno que aplica ajustes contra los trabajadores.
El Vaticano y representantes de los partidos tradicionales de la burguesía de distintos países, escogidos como "garantes" de esas discusiones que se dan de espaldas a los trabajadores y sectores populares, donde estos no tienen ninguna cabida, solo puede derivarse un pacto transicional cuya futura gobernabilidad tendrá como contenido mayores ataques a las conquistas de las masas.
