Hace algunos días salió a la luz pública un nuevo caso de corrupción, esta vez dentro de uno de los poderes del Estado el que todavía parecía intocable, lo que llevo a la suspensión de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El hecho que ha remecido al Poder Judicial invita a cuestionarnos sobre los privilegios y situaciones de impunidad que beneficia a esta casta. ¿Existe alguna alternativa frente a esta problemática?
Insurgente Libertad Egresado de Derecho
Miércoles 10 de abril de 2019
En una entrevista realizada al ministro vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, señaló que la crisis que atraviesa el tribunal de alzada de O’Higgins es un gran daño a la confianza y credibilidad del Poder Judicial. Y es que la corrupción nuevamente comienza a destaparse, pero esta vez el turno es de la casta judicial, quien se ha visto afectada por la investigación sumaria que desarrolla la Corte Suprema, por presunto tráfico de influencias, en contra de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua; Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, todos actualmente sumariados y suspendidos de sus funciones el pasado jueves, por un plazo de 4 meses mientras dure la indagación.
El caso, lo investiga la ministra de la Corte, Rosa María Maggi y las Fiscalías de O’Higgins y Metropolitana Sur. La pesquisa por tráfico de influencias llevó a la primera suspensión de Elgueta, el pasado 27 de marzo, el que también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y prevaricación (resolución arbitraria de un juez, sabiendo que es contraria a la ley). Se le acusa de presuntos favores a un médico y narcotraficantes de la región. Por su parte, Marcelo Vásquez es investigado por tráfico de influencias y prevaricación. Los tres jueces, incluso, fueron expulsados de la masonería.
Dentro de las gestiones indagatorias se encuentra: La revocación de arraigo nacional contra Natalia Compagnon en 2016, también la participaron del sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos en enero de 2018. En este mismo sentido, Marcelo Vásquez fue en encargado de rechazar un recurso de protección interpuesto por la ex académica de la U. de O’Higgins, Karina Bravo, quien fue despedida luego de denunciar a dos superiores por acoso laboral. Este mismo ministro, participó junto a Elgueta en la sentencia mediática que revocó la prisión preventiva dictada contra Óscar Muñoz, el ex canciller del Arzobispado de Santiago que es indagado por presuntos abusos sexuales contra menores de edad, en donde la Corte de Apelaciones decidió anular la medida y cambiarla por la de arresto domiciliario nocturno en septiembre de 2018. En atención a esto último, Elgueta y Vásquez acogieron, un recurso del obispado de Valparaíso y dictaron una orden de no innovar, lo que paralizó de forma parcial la investigación por presunto encubrimiento de abusos en la Iglesia.
Otra de las aristas de la investigación que se llevaría adelante, dice relación con el depósito efectuado por el juez de garantía de Rancagua, Gianni Libretti Peña, quien asumió el cargo el 9 de mayo de 2016 y, posteriormente, el 31 de mayo del mismo año realizó una efectuó una transferencia electrónica de fondos por un millón pesos a la cuenta corriente del ministro Elgueta. La cuenta del integrante de la Corte de Rancagua está siendo monitoreada debido a los numerosos depósitos en efectivo realizados por el mismo juez Elgueta que suman, en dos años y medio y hasta octubre de 2018, casi veinte millones de pesos.
Tras eso, el Fiscal de la Región de O’Higgins, Emiliano Arias, también se manifestó y enfatizó en la seriedad que reviste este escenario en particular, señaló: “Sin desmerecer la gravedad que hay en la corrupción en cualquier área, en la justicia es aún más grave. Y donde se radica ahora es más grave aún, porque los ministros de la Corte de Apelaciones son los que en general tienen la última palabra, porque las cosas que pasan a la Corte Suprema son las menores, las excepcionales”.
Respecto al trabajo de fiscalización de las resoluciones emitidas por los magistrados en cuestión, el persecutor sostuvo: “Hemos recibido más denuncias u otros abogados que se han acercado a la Fiscalía y nos han dicho ‘revisen este fallo’, ‘revisen este otro’. Eso es un ejercicio bastante interesante en relación a lo que está sucediendo”.
El sistema antidemocrático de nombramiento de los Jueces
Ante estos nuevos casos de corrupción, queremos ir ahondando en diversas aristas que afloran de este problema y nos parece de total relevancia poder discutir. Así, respecto al método de designación de los jueces, resulta extremadamente complejo poder exigir imparcialidad a un órgano que desde su origen carece completamente de representatividad. Preocupante resulta esto, ya que quienes resuelven los grandes problemas de la sociedad son escogidos a dedo.
Así lo prescribe la ilegitima y actual Constitución creada por Jaime Guzmán en dictadura, en su artículo 78, donde establece que los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado. Respecto a los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, estos son designados por el Presidente, a propuesta de una terna de la Corte Suprema. Similar es el caso de los jueces de rango inferior (en donde se tramitan la mayoría de los asuntos judiciales, como causas civiles, laborales, de familia, etc) quienes son designados también por el Presidente de la República.
Ante esto, evidentemente vemos como existe una íntima relación entre la política y la actividad jurisdiccional, pudiendo legítimamente cuestionarnos sobre la falaz “división de los poderes del estado”, principio que una y otra vez utilizan algunos políticos como argumento para legitimarse y a su vez desligarse, ante sus casos de corrupción. Pero como todos sabemos, tal división no existe, ya como todo principio legal levantado dentro de los márgenes de la democracia de los ricos, se esconde la real segmentación de la sociedad: la división de clases sociales.
Es cosa de ver los innumerables fallos y situaciones en las cuales claramente la “justicia” tiende a ser muy complacientes con algunos y tan duro con otros. Dentro de los primeros, por cierto, se comparte algún tipo de interés, si no es por vínculos de la religión o la masonería, son por su militancia política o actividad empresarial. Del segundo caso, los ejemplos sobran: mientras empresarios como Delano y Lavín caminan por las calles libremente, cumpliendo como condena "clases de ética”, miles de personas, pero esta vez pobres, cumplen sus condenas en un sistema carcelario miserable, bajo condiciones de extrema gravedad, llegando al borde de lo cruel e inhumano. También en su variante de omisión, la justicia puede nunca llegar, como en el caso de los cientos de genocidas que gozan de impunidad hasta el día de hoy. Según revela el ex centro de represión y exterminio durante la dictadura, Londres 38, de los 1373 procesados por crímenes contra la humanidad al día de hoy, solo 117 cumplen condenas, en general bajas y con beneficios, como estar en “cárceles” de lujo.
Una casta privilegiada apartada de la realidad de miles
Otro factor importante a discutir, es la distinta y radical manera en la que vive la casta judicial. Según el informe “Desiguales” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, las remuneraciones establecidas por ley para los 21 jueces de la Corte Suprema, corresponde a $9,1 millones (al igual que los parlamentarios). En ese mismo orden, le siguen los presidentes de las Cortes de Apelaciones con $6,7 millones y los 169 jueces y fiscales de las Cortes de Apelaciones con $6,3 millones.
Ante estas elevadas cifras, vemos que otra norma principal de nuestra Carta Fundamental no queda más que en aire, ya que efectivamente si existen grupos o personas privilegiadas dentro del Estado chileno. Y es que las condiciones de vida son absolutamente diferentes, mientras algunos no temen a la inestabilidad laboral y pueden llegar a fin de mes gracias a los cuantiosos sueldos que les pagamos entre todos, el pueblo trabajador debe soportar y sobrevivir las miserias de este sistema: las constantes alzas en los productos, cuentas y servicios básicos como el transporte, la alimentación, la salud y la educación, derechos que se convierten en verdaderos privilegios inalcanzables para quien recibe 300 mil pesos como salario mínimo.
El rol del Poder Judicial y las alternativas a su problemática
Así las cosas, resulta del todo lógico preguntarnos, ¿por qué a los jueces no los elige la población? ¿por qué parecen ser intocables?
Lenin, uno de los líderes más destacados de la Revolución Rusa, afirmaba en varios de sus escritos que el sistema judicial es una pieza fundamental para sostener la desigualdad social, constituyéndose como “la mayor traba para la realización de la democracia para los obreros y los trabajadores”. Donde su función, es perpetuar la dominación de una minoría de capitalistas sobre las grandes mayorías. Por tanto, el Poder Judicial es un engranaje de la compleja maquinaria estatal que legitima y defiende la propiedad privada, en especial la de los grandes medios de producción, garantizando el orden a través de un cuerpo jurídico y las fuerzas represivas, todo bajo una supuesta igualdad de derechos. Por lo mismo, señalaba que no existe la democracia “pura”, en “general”, bajo la democracia de la burguesía.
Quienes nos ponemos desde el lado de las y los cientos de explotados y oprimidos, creemos que hay que terminar con esta casta judicial que se va a acomodando según como soplan los vientos políticos o empresariales. Sino que, éstos tienen que ser elegidos por el voto directo popular. A parte, es necesario poder avanzar en juicios por jurados, mirada que a todas luces cambiaría completamente la complacencia de un poder judicial lleno de privilegios. Es una vergüenza que los ministros de la Corte Suprema ganen millones y reciban beneficios que no todo trabajador tiene. Por ello, creemos que todo juez y funcionario judicial debe ganar lo mismo que un trabajador promedio, eliminándole las jubilaciones de privilegio, así como sus cargos vitalicios.
Además, sobre todo, creemos que su cargo debe ser revocable. Con todos estos casos de corrupción que colocan en juego su supuesta independencia, se les debe destituir para no tener que volverlos a ver en dichos cargos impartiendo una justicia que ni siquiera ellos respetan, igualándose a los corruptos que les toca procesar.
En este orden han ido los parlamentarios de nuestro partido hermano en Argentina, el PTS, impulsando normas a favor de los trabajadores y trabajadores que la derecha con la complicidad del reformismo han estancado en el Congreso. Pero, para conquistar estos ambiciosos objetivos y ganar la batalla por nuestros derechos humanos, resulta indispensable la más amplia movilización en las calles, como históricamente lo han hecho las y los trabajadores, ya que apelando a la buena voluntad de nuestros opresores y explotadores (como pretende ilusamente el Frente Amplio) jamás encontraremos la solución.
