La aprobación del proyecto minero Dominga por parte del Tribunal Ambiental refleja el consenso empresarial de que el crecimiento económico se basa en la extracción de recursos naturales, a costa de la destrucción ambiental. Este caso afecta directamente al Archipiélago de Humboldt, un ecosistema de importancia internacional para la biodiversidad. Sin embargo, el fallo del tribunal no aborda el impacto ambiental del proyecto, a pesar de ello, otorga luz verde para que vuelva a ser evaluado por el Comité de Ministros. Además, se exige la inhabilitación de aquellos ministros que estén en contra del proyecto.
Jueves 12 de diciembre de 2024
El impacto ambiental del proyecto
El Archipiélago de Humboldt es el hábitat de más de 560 especies marinas, y su relevancia radica en la preservación de hábitats críticos para especies en peligro. Destaca, por ejemplo, que este archipiélago alberga el 80 % de los pingüinos de Humboldt a nivel mundial y el 90 % de la población global del pato yunco.
En 2018, más de 200 científicos firmaron una carta solicitando la protección de esta zona, señalándola como un ecosistema clave para la biodiversidad internacional y crucial para la pesca artesanal en la región.
¿En qué consiste este fallo judicial y qué refleja de la crisis institucional ambiental?
El fallo judicial permite que el proyecto Dominga sea votado por tercera vez, pese a haber sido rechazado en dos ocasiones previas por el Comité de Ministros. Esta nueva oportunidad surge luego de que el Primer Tribunal Ambiental anulase la resolución que rechazó el proyecto en 2023.
No obstante, los argumentos del tribunal no abordan el impacto ambiental del proyecto. En cambio, se centran en supuestas irregularidades procedimentales. Según Ezio Costa, abogado de Océana, “El tribunal no solo anula lo resuelto por el Comité de Ministros, sino que establece un marco para que el tribunal interprete los antecedentes técnicos según su criterio. Esto excede sus competencias. Es insólito”.
En este contexto, el tribunal ha argumentado, por un lado, que algunas objeciones contra el proyecto ya no pueden ser consideradas, por estar “resueltas” en el fallo de 2021 (cosa juzgada). Por otro lado, critica que los ministros que manifestaron previamente su opinión sobre el proyecto no se inhabilitaron en las decisiones posteriores, lo que, según el tribunal, afecta la legitimidad del proceso.
Sin embargo, el tribunal no cuestiona el impacto ambiental del proyecto, pese a esto y con total descaro, Andes Iron, la empresa detrás de Dominga, celebra el fallo: “Estamos muy conformes con la categórica y unánime resolución. El fallo confirma que el proyecto Dominga cumple con la normativa vigente”.
Un sistema en crisis: tres gobiernos y un proyecto controversial
El proyecto Dominga ha sido evaluado y revaluado durante tres gobiernos diferentes, otorgando una ventaja constante a los intereses empresariales. Este caso también revela un cruce evidente entre intereses políticos y económicos. En el gobierno de Sebastián Piñera, asesorado por abogados como Hermosilla y en complicidad con Chadwick, se supo que la familia de Piñera podría ser beneficiada directamente por la no protección del archipiélago, como quedó expuesto en 2010 con los Panama Papers.
Presiones empresariales y subordinación política
Mientras los gremios empresariales celebran la resolución del tribunal, exigen que las autoridades no lleven nuevamente el caso a instancias judiciales. Sin embargo, este proyecto representa un desafío para el gobierno actual. El presidente Gabriel Boric, quien en su campaña rechazó Dominga como parte de su compromiso ambiental, enfrenta ahora la posibilidad de que se apruebe, lo que podría debilitar su base social.
Por otro lado, el mismo gobierno ha permitido la apertura de debates sobre reformas en la “permisología” ambiental, que buscan facilitar la aprobación de proyectos debilitando los estándares de evaluación. Estas reformas, impulsadas por sectores empresariales y la derecha, incluso contemplan la eliminación del Comité de Ministros.
Una salida de fondo: ¿Quién decide sobre los ecosistemas y los bienes comunes naturales?
Es urgente un movimiento ambiental independiente del gobierno, la derecha y todos los políticos pro empresariales, para impulsar una gran movilización podrá poder terminar con este proyecto, no podemos tener ninguna confianza en esta institucionalidad ambiental a medida de los grandes empresarios.
Es necesario enfrentar el gran chantaje detrás de proyectos como Dominga es la idea de que la destrucción ambiental es el único camino para generar empleo y desarrollo. Sin embargo, este proyecto tiene una duración de solo 25 años, mientras que el ecosistema que destruiría ha sostenido la vida de las comunidades locales durante siglos. Además, el modelo minero-extractivo en Chile demuestra que las comunidades trabajadoras reciben apenas migajas, mientras un puñado de grandes empresarios mineros obtienen multimillonarias ganancias.
Todo el norte de chile está lleno de faenas mineras que muestran cómo las empresas saquean y destruyen el medioambiente, dejando migajas, esto muestra que la única forma de detener estos ataques contra el medioambiente es abrir el debate respecto a nacionalizar los principales recursos naturales bajo gestión del pueblo trabajador y las comunidades, para que estas grandes riquezas dejen de llenar los bolsillos de unos pocos, así se pueda rechazar definitivamente proyectos en zonas claves de biodiversidad como minera Dominga, mientras que al mismo tiempo se puedan poner realmente el conjunto de las enormes ganancias de la minería al servicio de las necesidades sociales y ambientales y no del voraz sistema capitalista.
