Industrias Florenzi S.A. de C.V. es una maquila. Se ubica en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. Sus trabajadoras la ocupan desde Junio del 2020 desde que los dueños declararon el cierre. Hoy están en un momento crítico de su lucha, necesitan toda la solidaridad para triunfar.
Marcela Trejo @marceyornalist
Viernes 1ro de enero de 2021 00:00
La pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las contradicciones más agudas del capitalismo y El Salvador no es la excepción. La crisis económica es innegable (se puede hablar de una recesión ya que Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), en el segundo y tercer trimestre de 2020 el PIB mostró una reducción de -19.22% y -10.24%). Esto es algo que se expresa en la vida cotidiana de la clase trabajadora. A pesar del discurso oficialista del Gobierno de Nayib Bukele y el Decreto Legislativo 593 que contiene la Ley de Emergencia Nacional que “asegura la protección de derechos laborales” (suspensión de contratos, despidos, reducción de salarios) las violaciones de dichos derechos están a la orden del día. Un caso emblemático ha sido el de Florenzi.
Industrias Florenzi S.A. de C.V. es una maquila. Se ubica en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. Muchas de las trabajadoras de esta maquila sufren de enfermedades crónicas, provocadas y agudizadas por las precarias condiciones en las que trabajaban. Aparte de que les pagaban cinco centavos de dólar por confeccionar gabachas médicas de la marca niuyorquina Barco que luego se vendían a treinta dólares en el mercado, sufrían de acoso laboral, sexual, denegación de permisos personales e incapacidades, entre otros abusos.
En marzo de 2020, un poco antes de la cuarentena estricta impuesta por el gobierno, las trabajadoras fueron al hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a recoger sus medicinas, pasar consultas o agendar citas. Sin embargo, les comunicaron que sus empleadores no habían cotizado su cuota desde diciembre de 2019; es decir, Florenzi dejó de abonar su seguridad social por tres meses sin avisarles. Se enteraron hasta esta fecha porque la ley da un periodo de gracia de dos meses para poder pasar consultas y obtener medicinas aun cuando no se ha pagado la cuota.
Se enteraron de que había pasado lo mismo con sus fondos de pensiones: la empresa había dejado de pagar a la AFP desde hace tres meses. Sin embargo, Florenzi sí descontó dichas cuotas de los salarios de las trabajadoras, por lo que incurrió en el delito de retención de cuota laboral, contemplado en el artículo 245 del Código Penal.
A los pocos días, el presidente Nayib Bukele, durante una cadena nacional en la que desplegó su retórica sensacionalista de siempre, comunicó que se decretaba una cuarentena estricta (punitiva y que criminalizaría selectivamente a los sectores populares) en todo el territorio nacional. A pesar de ello, las trabajadoras se presentaron al día siguiente en la maquila. Fueron recibidas por el empleado de seguridad que les indicó que regresaran a sus casas.
Las medidas adoptadas por el Gobierno golpearon con intensidad las posibilidades de la clase trabajadora para obtener sus medios de vida. Las mujeres se vieron forzadas a realizar extenuantes trabajos de cuidado no remunerados en sus casas, y muchas de ellas tuvieron que convivir con sus parejas agresoras, registrándose 28 feminicidios y un centenar de denuncias por violencia doméstica. El caso de las trabajadoras de Florenzi no fue la excepción. Finalmente, Bukele anunció que la reapertura económica sería el 16 de junio. Sin embargo, las trabajadoras recibieron de la empresa un mensaje donde se les comunicaba que las labores se reanudarían “hasta nuevo aviso”. Las obreras sospechaban que ya nunca las llamarían para regresar a sus puestos de trabajo. Lo confirmó un mensaje que recibieron el 30 de junio, donde se les informó que la empresa cesaría sus operaciones en el país y que, para compensarlas, les “donarían” una máquina de coser devaluada, valorada en no más de $75. Muchas mujeres hicieron las cuentas de cuánto les debía la empresa en concepto de vacaciones no pagadas e indemnizaciones. La suma, en total, alcanzó el medio millón de dólares.
Ante esta situación, y para impedir que la empresa terminara de irse del país, las mujeres armaron un campamento dentro y fuera de las instalaciones. Además, interpusieron demandas individuales en el Ministerio de Trabajo y solicitaron medidas cautelares en un juzgado. Su objetivo era que el Estado embargara la maquila y se las diera a las trabajadoras en compensación del pasivo laboral de la empresa. Hasta el día de hoy, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, se ha desentendido del proceso. Ningún organismo se pronunció por ellas. Como último recurso, las trabajadoras emprendieron una huelga de hambre. Aun así, ningún representante del gobierno ni de la empresa ha pronunciado ninguna palabra.
El caso de Florenzi expresa el nulo interés del Gobierno de Nayib Bukele (con sus respectivas alianzas con un sector de la burguesía que decide ver hacia un lado ante el creciente autoritarismo) de mejorar la vida de la clase trabajadora. Expresa también los límites de las instituciones estatales, la burocratización de los sindicatos (la mayoría de ellos han sido cooptados por la gestión Bukele, y no se han pronunciado, o si lo han hecho, ha sido para desalentar la lucha), y la crisis del capitalismo a escala internacional.
Las trabajadoras se encuentran en un momento crítico de lucha y hoy más que nunca la solidaridad entre distintos sectores (estudiantes, organizaciones feministas y sindicales) es necesaria. Pero no solamente. La solidaridad internacional de la clase trabajadora es imperativa y una salida de fondo tiene que estar contemplada. Ante la violación de derechos laborales y la eliminación de puestos de trabajo; ante la amenaza de más cierres de fábricas debemos exigir la expropiación y nacionalización bajo control obrero.
