Viernes 4 de septiembre de 2015
Fotografía: Gustavo Lima/ Cámara de Diputados
El miércoles (2) el Senado brasilero aprobó una serie de medidas insertadas en un Proyecto de Ley Complementario (PLC 75/2015) que compondrá la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de reforma política aprobada en la Cámara de Diputados. Luego de pasar por una segunda votación en el Senado, la PLC deberá ser aprobada en la Cámara.
Entre las principales medidas aprobadas están el fin de la donación de empresas a las campañas políticas, tanto para partidos como para candidatos, y el fin de las coaliciones partidarias para dar lugar a las llamadas “federaciones”.
Estas federaciones consisten básicamente en el mismo modelo de coaliciones, cuyos partidos actuarían en alianza programática, pero que no se limitaría al momento de las elecciones, quedando obligados a mantenerse en unidad por un período mínimo de tres años y sin diferenciación por regiones. En el caso de que sea elegida una federación, tendrá que enlistar líderes en la Cámara de Diputados y en el Senado que representen a la federación.
Otras medidas más importantes también fueron aprobadas, tales como la prohibición del cambio/desafiliación del partido sin justa causa por parte de los parlamentarios, so pena de pérdida del mandato; la necesidad de una cantidad mínima de cuatro diputados para participación en debates electorales hasta el 2020 y de nueve diputados a partir del 2020; voto impreso obligatorio; prohibición de campañas electorales con equipos sonoros (parlantes, automóviles con sonido, camiones, etc.) fuera de eventos políticos cerrados, como actos; y la fijación del tiempo de campaña electoral televisiva proporcional a la cantidad de diputados elegidos.
Se ve que estas medidas aprobadas se presentan como maquillaje del sistema político brasilero, poniendo poco sobre el tapete de las cuestiones verdaderamente antidemocráticas presentes en las instituciones. Por el contrario, se amplía en algunos puntos el carácter antidemocrático de las mismas, como la brutal restricción a partidos de izquierda de trabajadores, como el PSOL, el PSTU, el PCB y el PCO.
Además de esto, entre las cuestiones democráticas esenciales que estuvieron lejos de ser debatidos están los altísimos salarios y privilegios que reciben los políticos y altos funcionarios del Estado. Estos políticos bien pagados y llenos de privilegios se mantienen ligados a los intereses de los ricos y de los empresarios y no de los trabajadores.
Otra medida que no fue debatida fue el cuestionamiento de la imposibilidad de revocación de los mandatos de esos políticos y funcionarios de alto escalafón del Estado, lo que debería ser posible en cualquier momento si la población, los trabajadores sintiesen que los políticos no responden a los intereses para los que fueron elegidos.
