Brasil. El Senado de Brasil rechaza una orden judicial y desata guerra de poderes

Foto: el "reo" Renan Calheiros (izquierda), conversa con el presidente brasileño Michel Temer durante una reunión en el palacio de Planalto en Brasilia. 22 de noviembre de 2016.

El presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros, se negó el martes a aceptar una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) que le aparta de su cargo, lo que abrió una suerte de guerra entre ambos poderes y profundizó la crisis política que tiene como trasfondo una recesión económica crónica.

Un juez del máximo tribunal ordenó el lunes la remoción de Calheiros, quien fue imputado la semana pasada por malversación de fondos, profundizando el conflicto entre el poder judicial y el legislativo por el procesamiento de políticos corruptos.

A pesar de la orden judicial los líderes del Senado brasileño publicaron el martes una carta en la que se negaban a aprobar la destitución de Calheiros hasta que el pleno del tribunal supremo adopte una decisión sobre el asunto este miércoles.

A la salida de la reunión, Calheiros dijo a los periodistas que seguirá en el puesto y criticó el intento de cesarlo solo nueve días antes de que acabe de forma oficial su mandato. "La democracia, incluso en Brasil, no se merece esto", afirmó.

El pulso constitucional amenaza con retrasar la aprobación de las medidas que el presidente Michel Temer considera claves y que incluyen un brutal ajuste fiscal y una reforma previsional. El último mes hubo una escalada de escándalos por corrupción en las altas esferas del poder que salpicaron al propio Temer por supuesto tráfico de influencias. A pesar de que el presidente trató de llevar calma a los mercados diciendo que estas acusaciones no iban a frenar la votación de las leyes en el parlamento, lo cierto es que las complicaciones se acumulan y parece que la crisis económica no "soporta" los tiempos de disputa entre los poderes.

Es en este marco que los mercados brasileños operaron de forma volátil ante la decisión de cesar a Calheiros, ya que sería sustituido por el senador del PT Jorge Viana, que se podría oponer a los recortes del gasto federal.

Lo que está en juego es la votación final en el Senado -programada para el 13 de diciembre- de un límite constitucional de 20 años en el gasto federal. Se trata del pilar del plan de Temer para congelar los gastos en salud y educación durante dos décadas. El recorte de gastos sociales más ambiciosos en muchos años.

Si finalmente se concreta, la salida de Calheiros seguiría a la del presidente de la Cámara de Diputados, ambos miembros del PMDB, el partido de Temer, e impulsores del juicio político que terminó con la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil.

Entre un intento de "normalización" y el abismo

El Senado presentó una apelación en la Corte Suprema el martes para intentar frenar rápidamente la orden que apartó a Calheiros y evitar interrumpir la votación sobre medidas de gran importancia para la nación, como el límite de gasto. "La orden genera un enorme daño al ya debilitado equilibrio institucional y político de la República", señaló el documento.

No obstante, se espera que el pleno del STF ratifique su decisión el miércoles sobre la base de una decisión mayoritaria del tribunal el mes pasado, por la cual ninguna persona procesada por un delito puede estar en la línea de sucesión presidencial. El presidente del Senado es el segundo en la línea detrás del presidente de la Cámara baja, pues Brasil no tiene vicepresidente en este momento.

No se puede negar que las instituciones brasileñas han sido durante todo el último año, desde que se inició el proceso de juicio político a Dilma Rousseff, una permanente usina de escándalos. El que se desató esta semana entre el poder judicial y el senado, se da en el marco de un intento de blindaje por parte del parlamento y un ataque a la inmunidad del partido judicial. Una serie de medidas que tienen como objetivo "normalizar" un sistema corrompido hasta la médula en todas sus instituciones, estableciendo un nuevo acuerdo entre lo que podríamos llamar el bonapartismo judicial y el parlamentarismo pos golpista. Para esto sería necesario eliminar las investigaciones en curso, acabar con el lava jato e iniciar un camino "sin sobresaltos" hacia las elecciones de 2018. Una meta tan lejana que aún promete nuevos capítulos de escándalos y sobresaltos al por mayor.