Se votan respectivamente la intervención de Cataluña y el debate de la Declaración de Independencia. Mientras tanto, el pueblo catalán sigue movilizado por el derecho a decidir.
Viernes 27 de octubre de 2017
Tras la febril jornada del jueves, se realizan las sesiones plenarias de la Cámara Alta española y del Parlamento de Cataluña que deben decidir sobre las dos cuestiones clave. El Senado español, siguiendo la postura del gobierno central de Mariano Rajoy del Partido Popular (PP) y con el apoyo del Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos (Cs), amenaza aprobar el último trámite legal para disolver el gobierno autonómico e intervenir Cataluña.
Para impedir el derecho a la independencia, votado por más de 2 millones de catalanes el 1ro de octubre en medio de una brutal represión,Rajoy ha puesto en marcha el antidemocrático artículo 155 de la Constitución de 1978 pactada a la salida de la dictadura de Franco. Con el espíritu de mantener y garantizar la opresión del Estado central a las nacionalidades (impuesta por el mencionado dictador), el 155 prevé la intervención a las autonomías si se considera que han roto el marco de la Constitución que establece la unidad indisoluble del Estado español.
Su aplicación implicaría la disolución del ejecutivo catalán, la limitación de las facultades del parlamento, y el llamado a elecciones generales en seis meses. A este ataque a los derechos autonómicos más elementales le llaman cínicamente “volver a la legalidad a Cataluña” y para garantizarlo tienen desplegados miles de policías y guardias civiles que desde los días previos al referéndum se instalaron cual tropas de ocupación y se niegan a retirarse.
La escalada represiva que dio un salto el día del referéndum ha continuado por ejemplo en la arbitraria detención de los líderes independentistas Jordi Sánchez de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart de Òmnium Cultural. El reclamo de su liberación inmediata se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de las masivas movilizaciones callejeras, junto a la exigencia de respeto al resultado del referéndum y retiro de la Policía y la Guardia Nacional.
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Por su parte, luego de muchas vacilaciones, el presidente catalán Carles Puigdemont rechazó el jueves el ultimátum que le daban desde Madrid de renunciar y convocar a elecciones regionales como única forma de frenar el 155. Puigdemont dio cuenta de que no existían garantías de que se frenara la intervención y por tanto pasó a manos del congreso local (Parlament) la decisión de cómo responder frente a la aplicación del 155 por parte del gobierno central. Esto da lugar a que la mayoría de diputados independentistas, siguiendo el mandato del gran pronunciamiento popular que significó el referéndum del 1ro de octubre, aprueben la Declaración de Independencia.
Crisis en el "bloque soberanista"
Esta decisión histórica, que se reclama sin descanso en las movilizaciones, había sido pospuesta por el Parlament la semana pasada a pedido de Puigdemont y su bancada de Junts pel Sí con el fin de negociar con el gobierno central. Pero como era previsible, tales intentos cayeron en el saco roto de un régimen antidemocrático que está decidido a todo con tal de mantener la opresión del Estado español sobre Cataluña. Esta política indecisa y que intenta pactar con el gobierno de Rajoy utilizando el reclamo popular catalán como prenda de negociación, ha provocado el aumento de las tensiones y diferencias al interior del “bloque soberanista”. La importante bancada de la CUP (Candidatura de Unidad Popular, partido de la izquierda soberanista) criticó las vacilaciones de Puigdemont, que gobierna en alianza con Esquerra Republicana (ERC), y llamó a votar la Independencia.
Durante la jornada del jueves, y ya en los días previos, el President recibió presiones por todos los flancos. Por un lado, con miles en las calles exigiendo cumplir el mandato del referéndum y hasta varias acusaciones de “traidor” en las redes sociales. Por el otro, con los llamados a adelantar las elecciones (cediendo al gobierno de Rajoy) de los sectores más conciliadores del gobierno local, que terminó hacia la noche del jueves con la primera renuncia de un ministro del gabinete de Puigdemont, el “conceller” Santi Vila, manifestando que “Mis intentos de diálogo han fracasado.”
En la decisiva jornada de este viernes, en el Senado español, el PSOE, aliado del PP frente a la cuestión catalana, parece actuar a la manera del “policía bueno” introduciendo una enmienda al proyecto del PP que activa el 155, que plantea la posibilidad de graduar o incluso suspender la intervención si el presidente catalán acepta finalmente renunciar y convocar a elecciones. Es otra maniobra de este partido fundador del régimen del 78 para mantener la presión sobre el vacilante gobierno de Cataluña, y para ocultar su intransigencia reaccionaria frente al derecho a la autodeterminación del pueblo catalán.
En profundidad:¡La juventud y la clase trabajadora deben encabezar una lucha independiente por el derecho a decidir!
