Con los votos del oficialismo hoy se aprobó en el Senado la modificación de la ley 8284. Reduce al mínimo la participación de organismos de DDHH, y habilita mayor vulneración de derechos para personas privadas de su libertad.
Mercedes Gomez @mechagmz
Martes 18 de agosto de 2020 15:41
El Presidente de la UCR y ex Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo es el autor de dicha reforma. Este proyecto de ley se realizó el año pasado, pero ahora se impulsó nuevamente a través del Ministerio de Seguridad de la provincia. Hoy finalmente fue aprobado con los votos de la UCR, PRO, Partido Socialista y MasFe, votaron en contra Frente de Izquierda y el PJ. Libres del Sur se ausentó del recinto para no votar.
El Senador del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez denunció dentro de la cámara
que “esta votación se da un contexto de creciente violencia institucional direccionada, arbitraria, que está preparada y orquestada para proteger la impunidad de aquellos que son militantes de los partidos oficialistas, dirigentes de los mismos. De aquellos que están cercanos a las estructuras del poder y que se están descargando con muchísima violencia contra los sectores pobres de los barrios y contra los trabajadores que salen a expresarse y manifestarse pacíficamente”.
Recordemos que el Comité Provincial de Prevención de la Tortura fue originalmente creado para controlar espacios en donde se encuentran personas privadas de libertad: cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos. Además observa, registra y entrevista atento a las condiciones de detención y el trato que reciben quienes se encuentren allí. Dicho organismo puede denunciar, recomendar y exigir al Estado Provincial a fin de prevenir y erradicar la tortura.
En relación a la modificación de la ley, Jiménez agregó que esto concuerda con el discurso del gobernador Rodolfo Suárez que durante las movilizaciones históricas en contra de la modificación de la 7722, que tiró abajo la conocida “ley cianuro”, reprimieron ferozmente a miles de personas con el uso de la policía motorizada en las calles de Mendoza. “Ayer todas esas personas veían cómo en las protestas, que más bien parecía un festejo del oficialismo en el km0, contaban con todas las garantías y podían incluso correr a los empujones a la policía cuando les pedían el DNI. Ha quedado claro que la violencia institucional tiene victimas y tiene sectores del poder que cuentan con impunidad. Esta reforma apunta a eso”.
Y siguió “la exposición que hizo la miembro informante (Mercedes Rus) del oficialismo puede decirla acá porque sabe que no puede pasar frente la Corte Interamericana de DDHH, ya hay audiencias donde se está tratando la situación de las cárceles (…) Todos los organismos de DDHH reconocidos y con trayectoria rechazan esta reforma.”
Por último dijo “esta es la hipocresía de querer mostrar a Mendoza como la cuna de la República y las libertades democráticas, cuando llevan adelante permanentemente reformas oscurantistas, represivas y persecutorias. Esta es la verdad que se tiene que saber en el país y a nivel internacional (…) Quienes organizan marchas contra la impunidad son los que, en verdad, quieren impunidad. Y lo prueban con estas leyes”
Presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Hace unas semanas, el estado argentino realizó una audiencia en dicho organismo internacional, con la intención de frenar y visibilizar esta reforma. Allí participaron como representantes doctor Javier Salgado, y los abogados peticionantes Dr. Pablo Salinas y Dr. Diego Lavado.
La presentación solicitó “que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dirija en forma directa a las autoridades legislativas de la Provincia de Mendoza a los efectos de que se abstengan de dar sanción legislativa al proyecto de ley que modifica el Comité Provincial de Prevención de la Tortura por resultar incompatible con el derecho internacional, como al incumplimiento del acuerdo de solución amistosa”.
Lo que se modificó
Eugenio París miembro del Comité nos precisó que “cambia la composición, y son fundamentalmente dos. Cambia el Procurador que era de carácter independientey por concurso, a partir de ahora pasa a ser elegido a dedo por el Senado, es decir lo elige el Gobernador.
Y la otra es la cantidad de personas que lo integran, hasta la modificación lo integrábamos 12 representantes de organizaciones que defienden los Derechos Humanos, elegidos por sorteo y ad honorem. Ahora son sólo son 4 y son del Colegio Público de Abogados que nunca se interesó por la defensa activa de los Derechos Humanos y fundamentalmente con las personas privadas de libertad, un miembro del Ministerio Público Fiscal, ósea quién tendría que ser observado, un miembro representante de la Dirección de Representante DDHH en Mendoza, es decir un miembro del Gobierno y otro que representaría los organismos de Derechos Humanos y sociedad civil”.
