Este 7 de diciembre el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana realizará una “Convención Nacional extraordinaria” para reformar sus Estatutos sindicales conforme lo establece la nueva Ley Federal de Trabajo. ¿Cómo afecta esto a la base telefonista?
Iván Zárate México
Sábado 7 de diciembre de 2019
Según la nueva reforma laboral los sindicatos tienen que somete a “revisión” ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) sus Estatutos y Contratos Colectivos de Trabajo, a partir de enero del 2020 y de agosto del 2019 respectivamente. Razón por la cual el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del STRM convoca a esta Convención Extraordinaria, en la que se aprobarán modificaciones estatutarias, diseñadas junto a representantes de la Secretaria.
Si bien en el caso de telefonistas y de otros sindicatos nacionales -los que conquistaron su independencia de la ultra charril CTM y establecieron Estatutos democráticos en las décadas de los 60´s y 70´s- esta “adecuación” estatutaria no significa más que pequeños cambios de forma. Pero para las viejas centrales obreras corporativas representa una afrenta mayor al no contar en muchos casos con Estatutos que regulen el funcionamiento de sus sindicatos, por ello se ampararon legalmente ante esta medida de la STPS.
Muchos sectores han aplaudido esta intervención del gobierno en la vida interna de las organizaciones obreras, precisamente porque “atenta” contra el poder de las viejas burocracias sindicales y “permite” mayor democracia de base. Sin embargo se deja de lado que este “espíritu democrático” está lleno de subordinación política y económica hacia el Estado pro patronal y por ende a los intereses de Estados Unidos (EE.UU.) que se impondrán a través del T-MEC; violándose así el derecho democrático de todo sindicato a la autonomía respecto del Estado.
El argumento de la dirección telefonista para permitir la intervención del gobierno en la vida interna del STRM, es que el cambio es “inevitable” y los trabajadores deben ser “participativos” en lugar de opositores. Con esto busca no dar pretextos al gobierno que pongan en riesgo sus privilegios sindicales burocráticos y se ofrece como "aliada" de López Obrador para preservarlos.
Recordemos que la nueva reforma laboral fue y sigue siendo una condición de Trump al gobierno mexicano para firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC). Pero esta exigencia, encaminada formalmente a “mejorar las condiciones de los trabajadores y su libre asociación”, lejos está de ser una preocupación democrática del vecino del norte hacia la clase obrera mexicana.
Aparentemente su objetivo es "evitar" que el país base su desarrollo industrial en la explotación de mano de obra ultra-barata, pero en realidad lo que buscan es usar el tema de la ingente precarización de la mano de obra mexicana y por consiguiente la enorme la desigualdad salarial como un argumento de coerción y obtener así compensaciones económicas adicionales para "garantizar" un marco comercial “competitivo”. Algo parecido a las acusaciones de "dumping" en el comercio internacional.
Independencia del Estado, vital para la lucha sindical
No es de la mano del gobierno y de las instituciones como los trabajadores y las trabajadoras podrán conquistar una plena democracia sindical o una mejora significativa en sus condiciones de trabajo y de vida, sino que estas demandas tienen que surgir de la misma base sindical o nacerán atadas de pies y manos al mismo Estado que protege la propiedad privada y la explotación asalariada, es decir los “derechos” de los patrones nacionales y extranjeros.
A pesar de que el STRM aprobará la intervención del gobierno y la modificación de sus Estatutos sin involucrar a la base más que formalmente -haciéndola votar su propuesta de manera condicionada y pública bajo el falso argumento de que la STPS solicita nombres y expedientes en las papeletas- los telefonistas y las telefonistas necesitan aprovechar esta Convención extraordinaria para debatir si realmente su organización es más fuerte de la mano del gobierno y las instituciones o más bien esto maniata su libre organización e independencia política, tan necesarias para defenderse de ataques como la “separación funcional” de Telmex.
