Este martes se reunirá de urgencia el Constitucional a instancias del recurso presentado por el Gobierno para anular los presupuestos catalanes.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Lunes 3 de abril de 2017
FOTO: EFE/ Alejandro García
El Tribunal Constitucional siempre se mueve con celeridad para recortar las maniobras de las instituciones catalanas. Celebrará una reunión de urgencia para abordar el recurso que Rajoy presentó sobre la inconstitucionalidad de los presupuestos catalanes, por contener la famosa disposición adicional 31.
El argumento del PP es que los presupuestos son inconstitucionales por la partida para realizar el Referéndum. Algo que no está contemplado en la estrecha Constitución y rechazado por el centralismo del tándem PP-PSOE-Cs. Lo más probable es que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso gubernamental, como es habitual, y suspenda por cinco meses los presupuestos hasta que se pronuncie sobre el contenido.
No hay sorpresa, ni puede haberla por la reacción del TC, ni tampoco la habrá cuando se pronuncien a favor del recurso del Gobierno. La maquinaria del Estado funciona con rapidez y precisión para atacar un derecho democrático del cual disponen las naciones para constituirse: el derecho de autodeterminación.
Como complemento de esta política aparece la actuación de la Fiscalía, la cual está aumentando el control de las instituciones catalanas para ver si realizan tareas del “tipo independentistas”. Ahora se centra en la investigación de la publicidad institucional y el anuncio relativo a un “Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior”. La lupa de la Fiscalía seguirá en acción en las próximas semanas.
A todo esto se suma la denominada “Operación Cataluña” dirigida desde las cloacas del Estado. Operación con la que se crean pruebas falsas, se recogen declaraciones y testigos sobornados e incluso hay grabaciones públicas del ex Ministro de Interior junto con el ex fiscal anticorrupción, probando de manera patente que toda la maquinaria va a una.
Si hay alguna prueba de que la etapa estatutaria se ha acabado es la acción del propio Estado. Las instituciones autonómicas catalanas están presas por la actuación del Gobierno, del Constitucional, de la Fiscalía, de las cloacas del Estado y, también, del ahogo económico realizado por los largos brazos de Hacienda.
Las reaccionarias instituciones creadas con la mal llamada “Transición democrática” fueron moldeadas por el acuerdo del Rey, el búnker, el ejército y la izquierda (PSOE-PP) con el acuerdo del PNV y CiU. Mediante un chantaje colosal la impusieron en Referéndum: o acuerdo o guerra civil. Fue bendecida por la Iglesia y acompañada por las burocracias de CCOO y UGT.
No habrá Referéndum pactado
El problema no reside en que el pueblo catalán quiera ejercer la autodeterminación. O que una parte del pueblo vasco busque lo mismo. El problema es que el Régimen del 78 al igual que la dictadura, franquista niega las nacionalidades y sus derechos. El Estado español es un país constituido por diversas nacionalidades (catalanes, vascos y gallegos).
El problema es que el Gobierno central no quiere largar la paella. Como se dice popularmente, “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”. Así desde Madrid los diferentes gobiernos del PSOE y la derecha heredera del franquismo han gobernado para las grandes empresas (algunas catalanas y vascas) y se encargan de descargar las crisis sobre los trabajadores y el pueblo de todo el Estado (no hay que olvidar que en Andalucía el paro supera el 30%).
Por tanto, no hay posibilidad de pactar un Referéndum. Éste se debe conquistar en las calles, con movilizaciones de trabajadores y el pueblo. Buscando la alianza con la clase trabajadora y popular de todo el Estado. Al fin y al cabo ellos también son castigados por las diferentes administraciones.
El Referéndum se conquistará sobre la base de la destrucción de las estrechísimas instituciones del 78, mediante la movilización popular. En ello los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, junto a la izquierda anticapitalista como la CUP y los comunes de Catalunya y Podemos deben jugar un rol central en esta lucha contra el Régimen del 78. Y para abrir un proceso constituyente en todo el Estado que permita resolver los graves problemas sociales de los trabajadores y ejercer el derecho de autodeterminación de aquellas nacionalidades que así lo demanden, como en Catalunya.
