Libertades Democráticas. El TS confirma sin pruebas la condena de un año y siete meses de prisión para Isa Serra

El Tribunal Supremo ha ratificado esta semana la condena de un año y siete meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo para Isa Serra, dirigente de Podemos y exdiputada autonómica de la Comunidad de Madrid. De esta forma la Sala de lo Penal rechaza el recurso que Serra planteó tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y avala una represión judicial en la que el propio proceso ha estado plagado de arbitrariedades y de falta de pruebas por parte de la Fiscalía.

La sentencia se produce en base a unos hechos ocurridos el 31 de enero de 2014, donde Serra participó en una acción contra un desahucio en el barrio de Lavapiés, donde hubo altercados con la Policía Municipal. La Fiscalía ha acusado a Serra ante el Supremo de ser la instigadora de unos supuestos ataques a los agentes policiales que la señalaron como la responsable de lanzamiento de objetos y de empujones a la policía. La sentencia si bien admite que las pruebas policiales no sirven para demostrar la culpabilidad de la dirigente de Podemos, niega de todas formas cualquier presunción de inocencia de Serra, a la que hacen responsable por haber estado junto al grupo de activistas de los cuales alguno, según la policía, tuvo que lanzar los objetos. Es decir, se la hace culpable por estar en general en el lugar de los hechos.

El Tribunal no ha tenido problemas en admitir que la presentación de los testimonios policiales es cuestionable, en tanto que parecen fabricados mecánicamente y de forma “clónica”: “un corta y pega en la idea en que en lo esencial coinciden los relatos y considerando suficiente esa referencia genérica en boca de todos…” Algo que el poder judicial achaca a la presión burocrática que puedan sufrir los agentes en sus funciones en Madrid. Una postura que ha sido criticada por la defensa de Isa Serra, que señala que no sólo se vulnera la presunción de inocencia de la exdiputada, sino que todo el proceso da muestras de una arbitrariedad en la construcción de las pruebas, que pone en duda cualquier veracidad al respecto de lo declarado.

A pesar de todas estas lagunas en las pruebas utilizadas, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia, por lo que Isa Serra ha anunciado en rueda de prensa que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque entiende que se han vulnerado sus derechos y porque la sentencia pone en riesgo el derecho de manifestación.

Un poder judicial adicto al Régimen

La sentencia del Tribunal Supremo supone, como ha afirmado la propia afectada, un golpe al derecho de manifestación, en tanto que abre la veda a que la Fiscalía o los cuerpos de Seguridad del Estado puedan acusar a cualquiera de cualquier delito por el mero hecho de estar en el lugar donde se produzcan protestas o manifestaciones.

Esta es una muestra más del carácter represivo del poder judicial y de su función en el sistema capitalista, que está lejos de ser una excepción: el caso de los chavales de Altsasu, el montaje policial contra Alfon, la persecución a periodistas, tuiteros y hasta titiriteros, sin olvidar el encarcelamiento de los lideres independentistas catalanes por haber osado poner urnas para que el pueblo pueda decidir, son el business as usual de la “justicia” del Régimen español.

Todos estos casos, a los que se suma la escandalosa sentencia contra Isa Serra, dejan al desnudo la supuesta “independencia” del poder judicial, que queda en un mero sermón. La realidad muestra la existencia de una auténtica “casta judicial” que está profundamente imbricada en el Régimen político del 78 y en los grandes intereses financieros y empresariales. Una realidad que es cada vez más evidente ante los ojos de amplios sectores sociales que están cuestionando a un sistema judicial que no representa para ellos más que una “justicia para los ricos”.

La casta judicial es irreformable

Al mismo tiempo que denunciamos incondicionalmente la sentencia contra Serra, discrepamos de la posición que la dirigente de Podemos ha adoptado en el plano político, más allá de la sentencia. Para Serra la solución para democratizar la justicia pasa por una “renovación” del Poder Judicial que estaría bloqueada por la derecha y que da peso a esta última en el Consejo del Poder Judicial, esto no deja de ser otra forma de legitimar la propia represión que ha sufrido la exdiputada.

Es evidente que la derecha ha utilizado esta sentencia para atacar a sus rivales parlamentarios, como demuestra la filtración de esta en un medio afín a la extrema derecha como es OKDiario dos días antes de que se le comunicase a la afectada. Pero considerar sólo este elemento sería quedarse en la superficie del asunto. Porque la “casta judicial” es una elite de millonarios amigos del IBEX 35 y de los partidos del Régimen, que juega a favor de unos u otros dependiendo las coyunturas y situaciones políticas.

El presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional se encuentran entre los cargos mejor pagos del Estado con 149.007 y 140.061 euros anuales, respectivamente. Mientras que el presidente del CGPJ y Tribunal Supremo se embolsa 132.769 euros anuales y el vicepresidente del Tribunal Supremo un total de 118.802. Muy lejos, claro está, de la situación de millones de trabajadores y trabajadoras que no alcanzan el salario mínimo y que viven en la pobreza.

Las aproximadamente 15.000 personas que integran la judicatura (incluidos también el presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas, los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, el fiscal general del Estado y fiscales de Sala del Tribunal Supremo y más de 5.500 jueces, alrededor de 2.400 fiscales y unos 7.600 jueces de paz), cuentan además con fueros especiales.

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Que en el Consejo del Poder Judicial se sumen un puñado de representantes del PSOE o de Unidas Podemos, formaciones que no solo han avalado la represión policial a la juventud y a las trabajadoras -como se ha demostrado en los últimos años- sino que son parte de la flor y nata del Régimen político, como el Partido Socialista, no cambian absolutamente nada.

Isa Serra expone la postura del neorreformismo que entiende la arbitrariedad judicial como un “fallo” del sistema y no como una postura coherente de dicho poder del Estado, en consonancia con los objetivos políticos del régimen capitalista. Precisamente el que esto se siga produciendo tiene que ver en parte con la postura que Unidas Podemos, formación a la que pertenece Isa Serra, ha mantenido desde sus inicios respecto al Régimen del 78, integrándose en este y avalando con sus acciones, su recomposición tras la crisis de representación abierta con el 15M.

Podemos, que en sus inicios criticó la casta política, tuvo a bien no criticar ni la casta universitaria ni a la burocracia sindical, como también se ha cuidado de confrontar con el funcionamiento del poder judicial. Una postura de aval del sistema capitalista español que posteriormente se vio recompensada con múltiples intentos de persecución judicial a los dirigentes de la formación para poder desacreditarlos políticamente. Frente a esto, Podemos en vez de señalar el funcionamiento clasista del poder judicial, ha preferido plantear un relato en el cual una serie de manzanas podridas, como el comisario Villarejo, estarían usando de forma política (como si hubiera otra forma) a los cuerpos de Seguridad del Estado en favor de los intereses de individuos concretos, y no como una clase social que protege sus privilegios con las herramientas de las que dispone.

Finalmente, Unidas Podemos se ha integrado al Ejecutivo del Estado imperialista del cual esta misma Judicatura forma parte y ha avalado las posturas políticas que benefician el mantenimiento de este mismo régimen que ahora ha condenado a la exdiputada. Si Serra ahora denuncia un ataque a los derechos democráticos (que es real) debido a la sentencia, cabría recordar que Unidas Podemos ha apoyado la represión a la juventud que salió a las calles en defensa de la libertad de expresión con la detención de Pablo Hasel, y que también ha apoyado las políticas represivas en Catalunya, que también suponen ataques a los derechos democráticos. Por tanto, hemos de pedir coherencia a Unidas Podemos, no se puede estar en misa y repicando, si se entiende que el Poder Judicial responde a unos intereses antidemocráticos y en contra de las trabajadoras y las clases populares, no se puede seguir formando parte del Ejecutivo de dicho régimen y por tanto apoyando el sistema en el que descansan los poderes que ahora atacan a la exdiputada.

¿Cómo democratizar el poder judicial?: juicios por jurados y elección directa de los jueces

Rechazamos el ataque al derecho de manifestación que supone la sentencia en contra de Isa Serra, porque atenta contra los derechos democráticos de la clase trabajadora y de los sectores populares, pero también rechazamos la falsa salida que desde Unidas Podemos se da, con la ilusión de que la renovación de un órgano en concreto va a terminar con lo que es una política estructural acorde y al servicio del régimen capitalista.

No cabe la posibilidad de reformar algo que es un pilar clave del sistema de explotación vigente, sino tan solo abolirlo, lo contrario es jugar al parlamentarismo insulso con el que Unidas Podemos pretende esconder su apoyo a las políticas antiobreras emprendidas por el Gobierno del que forman parte y desde el cual defienden tanto a la Monarquía, como a este Poder Judicial que ahora les ataca, y también a los grandes capitalistas que día a día nos oprimen, explotan y ponen en riesgo la vida en el planeta.

Como ya hemos planteado desde las páginas de Izquierda Diario, terminar con la “casta judicial” y el reparto de influencias y jueces entre los partidos del Régimen no es posible con la incorporación de algún magistrado de “probada profesionalidad”, como defienden Unidas Podemos. Es necesario tomar medidas radicales: hay que imponer la elección directa de todos los jueces por sufragio universal, terminar con los cargos designados a dedo e imponer que todos cobren lo mismo que una maestra o un trabajador calificado, al mismo tiempo que se garantiza la revocabilidad de los cargos y el establecimiento de juicios por jurados.