El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en el estado fronterizo de Tamaulipas, denunció que la policía local, en complicidad con el Ejército, ejecutó a civiles y los hizo pasar como miembros del crimen organizado.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 12 de septiembre de 2019
En 2015, una patrulla del Ejército mexicano ejecutó a un grupo de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Alteró la escena y presentó a los caídos como integrantes del crimen organizado.
El pasado 5 de septiembre, la Policía de Tamaulipas presentó un montaje compuesto por armas, una camioneta blindada y ocho cadáveres a quienes presentaron, en complicidad con el Ejército instalado en la zona, como miembros de un cartel regional.
Una ONG denunció irregularidades que ya apuntan a que se está repitiendo la historia, con civiles secuestrados, disfrazados y ejecutados en pos de ofrecer a la prensa una imagen que reforzara el discurso de triunfo en medio de una crisis de violencia que trasciende los sexenios.
Tlatlaya es de uno de los crímenes más arteros que involucran a las Fuerzas Armadas en los últimos cinco años y se encuentra impune hasta la fecha.
Según denuncia el Comité de derechos Humanos de Nuevo Laredo, los sucesos del 5 de septiembre son muy distintos a los presentados por elementos de la policía local. Fotografías, videos y testimonios dan cuenta de una verdadera noche de horror en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo en la que, armados y en comando, elementos de la Policía irrumpieron en el poblado y secuestraron a cinco hombres y a tres mujeres.
Muy lejos de la versión de la policía, que incluye enfrentamientos, balaceras y persecuciones, defensores de DDHH señalan que se trató de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en un solo domicilio.
El montaje fue, según demuestran fotografías presentadas como prueba, una acción coordinada entre la policía y el Ejército, el cual habría acordonado la zona para hacer parecer que se estaba llevando a cabo un operativo.
El subsecretario de derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se refirió a este caso como "gravísimo", mientras que la Fiscalía, forzada por la escandalosa denuncia, abrió este miércoles una investigación.
López Obrador -cuya estrategia de seguridad es, en el fondo, lo que resulta cuestionado en este nuevo crimen de las fuerzas represivas-, ha salido a pedir un "castigo ejemplar" en caso de confirmarse la responsabilidad de la policía. Este mensaje, sin embargo, es contradictorio con el que lanzó durante su conferencia de prensa matutina del miércoles 11, en la que dijo haber autorizado al Ejército a usar la fuerza para responder agresiones.
Es precisamente la búsqueda de legitimación del uso de la fuerza lo que dio paso a reformas y leyes como la Ley de Seguridad Interior, la "ley garrote" o la misma formación de la Guardia Nacional, así como la aprobación de cada vez más atribuciones para detener e investigar a discreción.
Por más que las comparaciones entre ambos casos no se han hecho esperar, este crimen está lejos de ser el primero desde Tlatlaya.
Incontables son los casos documentados que narran episodios de violencia protagonizados por las fuerzas armadas en donde las víctimas son familias de trabajadores que pagan con sus integrantes el costo de una "guerra" que, aunque el discurso oficial ya no enuncie, sigue librándose y extendiéndose por el país.
