La gran mayoría de la gente que se cuela en el metro y el autobús lo hace por necesidad económica.Sin embargo,unas declaraciones de la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, han desatado la polémica.
Pere Ametller @pereametller
Viernes 30 de octubre de 2015
Foto: EFE
La concejala de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, de Barcelona en Comú, declaró esta semana que "el fraude se debe controlar pero es que muchas veces no responde a un deseo de la gente de colarse, sino que responde también a unos precios que mucha gente desgraciadamente no pueden pagar". Los sectores mas derechistas han saltado invocando a un alarmismo según el cual estamos a un paso de la ley de la selva. Pero, ¿Qué hay de cierto en estas declaraciones?
La realidad es que el precio del abono de 10 viajes ha pasado de costar 5,32€ en 2001 a 10,30 en 2014. En 2015 bajo a 9,95 por la elecciones municipales y por las movilizaciones de la Plataforma Stop Pujades. Escuchadas estas declaraciones cabría esperar una reducción del precio del transporte en las nuevas tarifas de 2016.
Estas fuertes subidas se han seguido implementando a pesar de la crisis que se inició en 2008 y que ha empujado al paro a muchos trabajadores y a sufrir rebajas salariales a muchos otros. Así, se descarga la crisis sobre la clase trabajadora y los sectores populares que usamos el único medio de transporte a nuestro alcance y que necesitamos para ir a estudiar y a trabajar.
Mientras tanto, TMB paga salarios de hasta 100.000 € anuales a sus directivos, que permanecen fuera del convenio. Una situación que ha sido reiteradamente denunciada por algunos sindicatos como la CGT o la COS. Esta última central asegura que hay 603 directivos, que corresponden al 8% de trabajadores de TMB, entre los que se embolsan el 15 % de la masa salarial.
Esta política tarifaria está además penalizando el uso de un medio de transporte ecológico y beneficioso para el conjunto de la sociedad. En el recientemente celebrado “Día Sin Coches” en Barcelona, la contaminación se redujo a la mitad.
Hay que tener en cuenta que según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en España se producen 27.000 muertes prematuras al año por enfermedades derivadas de la contaminación del aire. Según la OMS el coste sanitario de estas muertes prematuras se eleva hasta 42.000 millones de euros. Para hacernos una idea de lo que este dinero supone, se ha de tener en cuenta que el gasto sanitario público en 2013 fue de 61.710 millones de euros.
Por otra parte, la idea de que la financiación del transporte público sólo es posible mediante el pago del billete es totalmente falsa. Con los impuestos que se recaudan, con la persecución del fraude fiscal de los ricos, con una fiscalidad que gravase con más impuestos a los beneficios de las empresas... habría suficiente para costear un transporte público gratuito. Se trataría sólo de reformas que se podrían implementar de forma urgente.
Lo que no dicen los que argumentan que el transporte público debe financiarse aún más con el precio del billete, es que los usuarios de transporte privado tampoco cubren con el pago de sus impuestos directamente relacionados con el vehículo privado toda la inversión que suponen las infraestructuras en carreteras. Además, el uso del transporte público beneficia a los usuarios del transporte privado ya que hace que el tráfico sea más fluido.
Ahora bien para conseguir una movilidad mucho más eficiente, saludable y beneficiosa para nosotros y para el medio ambiente, es necesario pelear por un sistema de transporte público al servicio de la mayoría social, controlado por sus trabajadores y comités de usuarios. Solamente socializando los medios de producción y decidiendo democráticamente que queremos producir podremos acabar con el sinsentido de la producción capitalista que se expresa dantescamente en los problemas de movilidad y tráfico de grandes urbes como Barcelona.
Por ejemplo, el Estado lleva años subvencionando la compra de coches a través del plan PIVE. Lo que se busca en este caso no es promocionar un buen sistema de transporte, sino intentar salvar un sector de la economía. Se argumenta que no se pueden perder los puestos de trabajo del sector automovilístico. Desde luego que esos puestos hay que defenderlos, no queremos ser los trabajadores los que paguemos las consecuencias. Pero ¿No sería mejor apostar por nacionalizar toda la industria del automovil para re-estructurarla hacia la fabricación de medios de transporte colectivos?
