El primero de abril se aprobó en la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento de la Cámara de Diputados, la propuesta de legislar un impuesto a “los súper ricos”, con 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Ante esto, el subsecretario General de la Presidencia de Chile, Máximo Pávez, confirmó que el Ejecutivo pedirá la intervención del Tribunal Constitucional, tratando de mantener las grandes ganancias que se han llevado los sectores empresariales en el país.
Domingo 4 de abril de 2021
Más de 4 meses han pasado desde que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados presentara el proyecto que propone un impuesto excepcional a “los super ricos”, el cual fue aprobado este jueves con 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Es la primera vez que se ha propuesto un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, con el objetivo de financiar una renta básica de emergencia.
Máximo Pávez, subsecretario General de la Presidencia, “El Gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional, porque mientras la Constitución esté vigente, el Gobierno va a hacer que sus prerrogativas se respeten y lo vamos a hacer como corresponde, en derecho”.
Un gobierno a la medida de los empresarios
La constitución de 1980, promulgada en la dictadura militar de Pinochet, que persiguió, torturó y asesinó a miles de trabajadores, mujeres y jóvenes, buscó sentar las bases para el desarrollo del modelo neoliberal en Chile.
Es precisamente el proyecto neoliberal, el que hoy se pone en cuestión, no solo en Chile, sino a nivel continental. La rebelión de octubre es expresión de este cuestionamiento que legitima el saqueo y la corrupción de un pequeño grupo de grandes empresarios que se beneficia a costa de la precarización y los sueldos miserables que tienen los trabajadores, pero también de la destrucción del medio ambiente.
En este sentido, las atribuciones que toma el Tribunal Constitucional para mantener el status quo del régimen político, o en este caso, el robo de los grandes empresarios, es clave para entender a favor de quienes se encuentra la constitución y el gobierno.
Y es que en medio de la crisis sanitaria, los únicos que han sacado provecho de esto, son los grandes empresarios y sus familias, como los Luksic, los Saieh, los Matte, entre otros. De hecho, en medio de la pandemia, la familia Luksic prácticamente duplicó toda su fortuna, mientras despedía y suspendía a miles de trabajadores.
Por otra parte, según lo planteado por la oposición, el impuesto propuesto es de un 2,5% del patrimonio total de quienes superen los 22 millones de dólares.
Una verdadera miseria, si contabilizamos las grandes ganancias que por años han obtenido mediante nuestros recursos naturales y los trabajos con sueldos de miseria. La CUT incluso incluye una medida parcial en torno al impuesto a los super ricos, pero nada de fondo, ni tampoco plantea un plan para poder conquistarla y satisfacer así las necesidades más elementales en el país.
Hoy es necesario establecer un impuesto a las grandes fortunas, bancos y mineras de un 20%. De esta forma poder financiar un ingreso universal de emergencia para trabajadores informales, desempleados y dueñas de casa, de $550.00. Hay que ponerle fin al trabajo precario, sueldos iguales a la canasta básica familiar. Además de implementar todo un plan de emergencia sanitaria y social, que permita satisfacer las principales demandas que son urgentes para el pueblo trabajador y sus familias.
