Tres de los políticos en el exilio, entre ellos Puigdemont, y ocho de los presos políticos, entre ellos el líder de ERC Oriol Junqueras, habían solicitado apartar a 5 magistrados del juicio del procés. El TS ha desestimado esta petición por unanimidad.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 5 de septiembre de 2018
Este miércoles la sala 61 del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la recusación interpuesta por 8 presos políticos, entre ellos Oriol Junqueras y directamente no ha admitido a trámite la interpuesta por 3 de los políticos en el exilio, entre ellos Puigdemont.
Esta recusación, la efectuada tanto por los presos políticos como por los políticos en el exilio, solicitaba que 5 de los magistrados que se harán cargo del juicio del procés que se iniciará en breve, fueran apartados.
Después de dos horas de reunión el TS ha tomado la decisión por unanimidad. De este modo los magistrados Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral formarán parte del proceso judicial.
La petición interpuesta que solicitaba la recusación se sustentaba en que 4 de estos magistrados habían aceptado la querella interpuesta el pasado octubre por rebelión presentada por el anterior fiscal general del Estado, José Manuel Maza. El quinto, Antonio Moral, que no participó de aquella decisión, ha sido incluido en la lista, por que como Junqueras o Romeva ya habían señalado, éste compartía “creencias, valores e ideología” con sus colegas de profesión.
En el documento presentado a la sala 61 se ponía en tela de juicio la imparcialidad estos magistrados. Resulta lógico pensar en la existencia de esta imparcialidad, pero la denuncia no es a tal o cual magistrado, sino a la “imparcialidad” de las acusaciones de conjunto en este proceso judicial, que son tan solo una vertiente, la legal, de la negación del Estado español del derecho de autodeterminación al pueblo catalán.
También está la versión represiva, con la persecución a activistas, o por supuesto la institucional, con la negación in eternum por parte del Gobierno central (de este y cualquiera) a favorecer a cualquier tipo de proceso democrático de autodeterminación. Es decir, la imparcialidad es una obviedad desde el minuto cero1, también como no puede ser de otro modo, en la judicatura.
La petición cae en saco roto y la justicia española sigue sin ceder un milímetro en cualquier decisión que dependa exclusivamente de ella. No hay que olvidar que en los juicios del procés los acusados se enfrentan a penas de 30 años por rebeldía y malversación de caudales públicos.
Un juicio con una instrucción sin asidero en la realidad, en la que la única violencia – condición para sustentar ese proceso-, fue ejercida por el Estado español y sus fuerzas represivas de forma brutal, en el cual fuimos testigos del ridículo, entre el juez que aseguraba había malversación de caudales públicos y el Ministro de Hacienda asegurando que no salió ni un euro para el referéndum. Así como el ridículo ante la justicia alemana y belga.
El Gobierno de Sánchez, los “socios” de Podemos, acuerda con el búnker judicial defender al juez Llarena “hasta las últimas consecuencias” mientras la Fiscalía investiga a los Mossos por haber identificado los grupos fascistas que retiraban lazos e incluso el PSOE vota junto al PP i Cs el rechazo a que Marlaska comparezca sobre las agresiones que Policías nacionales han protagonizado en Catalunya. Mientras hace más de lo mismo con los trapos sucios de la corona.
La crisis catalana con el Estado español está lejos de haberse cerrado. A pesar de que la dirección del proceso sufriera una derrota (autoinfligida) por no presentar ninguna batalla seria y haberse arrodillado ante el Régimen del 78, conteniendo la movilización y desorientando al movimiento no hubo una derrota categórica del mismo. Que, incluso a pesar de su dirección, muestra aun una disposición profunda y extendida para pelear por sus objetivos.
