Mariscal de Gante, consejera del Tribunal de Cuentas, ha iniciado los trámites para exigir la responsabilidad contable por la celebración del 9N a Artur Mas y el resto de responsables.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 19 de julio de 2017
FOTO: EFE
El Estado español, en su ofensiva reaccionaria, ataca por tierra, mar y aire el “procés” en Catalunya. El último parte de esta ofensiva se conoció ayer miércoles. Mariscal de Gante, consejera del Tribunal de Cuentas, ha iniciado los trámites para exigir la responsabilidad contable a Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs y Irene Rigau, por la consulta del pasado 9N.
De Gante, quien fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de Aznar (nada más y nada menos), propondrá a la comisión de gobierno del Tribunal el nombramiento de un instructor para que inicie la investigación pertinente. Esta investigación debe concluir con las cifras exactas que de forma indebida, según el Tribunal de Cuentas, se destinaron a la celebración del 9N. Se estima que la cifra podría alcanzar los 5 millones de euros.
Estos trámites se inician a raíz de la denuncia interpuesta por tres asociaciones; Sociedad Civil Catalana (vinculada a grupos de extrema derecha), Acción Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución. Según estas asociaciones, los dirigentes del “procés” destinaron esos 5,1 millones de euros de forma ilegal para la celebración de la jornada del 9N.
Esta denuncia ha contado con el apoyo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, dejando claro una vez más, y de buen seguro que no la última, que desde el Estado español no hay la más mínima intención de cesar los ataques a la celebración del referéndum del próximo octubre.
En este sentido, conscientes del golpe que esto puede suponer en la línea de flotación de JxSí, y en especial del PDCat, el propio Tribunal de Cuentas ha acelerado los trámites para que la petición del pago a los dirigentes catalanes se pueda resolver antes del 1 de octubre.
Los verdaderos intereses de la burguesía catalana
Desde que Baiget, por aquel entonces Conseller de Empresa i Coneixement, mostrara sus dudas sobre la posibilidad de realizar el referéndum catalán si existía la posibilidad de que el gobierno central atacara los bienes y patrimonios de los responsables, una creciente inestabilidad se ha instalado en la dirección del “procés”.
Jordi Baiget fue el primero, y le costó una destitución fulminante por parte de Puigdemont, pero no ha sido el único. Varios concelleres y dirigentes del PDCat empezaron a mostrar sus dudas, no tanto por las penas de cárcel y ni mucho menos por la inhabilitación política, sino por el hecho de tener que responder con su patrimonio a los ataques reaccionarios del Estado español.
Estas dudas y temores muestran la falta de compromiso de la burguesía catalana y sus representantes políticos con el referéndum del 1 de octubre. Dejan, con esta actitud, una nueva pista (y no van pocas en 5 años de “procés” que han convertido en el día de la marmota) de que con la burguesía no hay independencia posible.
Es por ello necesario que ante los ataques del Estado español y la actitud demagógica de la burguesía catalana se ponga en pie una gran movilización de los trabajadores y sectores populares, tanto en Catalunya como en el resto del Estado.
Para que esta movilización sea efectiva y progresiva para forjar la solidaridad de la clase trabajadora y los pueblos, en primera instancia la nueva izquierda debería impulsar una defensa sin ambigüedades ni retóricas el derecho a decidir. Del mismo modo que la CUP debería romper el frente nacional y ser alternativa anticapitalista a la dirección burguesa y pequeño burguesa del “procés”.
De igual modo los grandes sindicatos deben ponerse al frente en la defensa del referéndum favoreciendo el fortalecimiento de los lazos entre la clase trabajadora catalana y la del resto del Estado, dejando su actitud pasiva y de sostén del Régimen del 78 frente a sus crisis.
Solo una movilización con el apoyo efectivo y la movilización de estos actores podrá hacer realmente efectivo, más allá de cuestiones jurídicas y laberintos legales, el democrático derecho del pueblo catalán a decidir su futuro.
