Ocho profesores son investigados por presuntos delitos de incitación al odio. El 155 y unas elecciones amañadas el 21D como base para la regresión del modelo de escuela pública catalana y para desarrollar una fuerte represión contra las libertades democráticas en Catalunya y el resto del Estado.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Martes 7 de noviembre de 2017
Ha pasado más de un mes desde que el pueblo catalán hizo posible la realización del referéndum por la independencia de Catalunya.
Lo que viene a partir del día 2 es harto conocido en el mundo entero. Un incremento de la ofensiva represiva por parte del Gobierno de Mariano Rajoy hacia el pueblo de Catalunya que pone de manifiesto el carácter reaccionario del Régimen del ’78. Las vías policial y judicial han actuado en todo este tiempo como garantes de “lo atado y bien atado”. Mucho más después del 27 de octubre, fecha en la que el Parlament declaró la independencia de Catalunya, con la aplicación del 155 y dejando a más de medio Govern de la Generalitat en prisión y la amenaza inminente de cárcel para el president Carles Puigdemont, los demás consellers en el exilio y la Mesa del Parlament. Eso sin olvidar las más de tres semanas que llevan “los Jordis” en Soto del Real.
Es en este marco que este martes estaban citados ocho profesores de tres colegios distintos de La Seu d’Urgell (Lleida). El juez les ha tomado declaración y los seguirá investigando por si han podido incurrir en un posible delito de incitación al odio por el trato que se dio de los hechos del 1-O a sus alumnos.
A raíz de la denuncia de un grupo de padres, cinco profesores del colegio público Mossèn Albert Vives, entre ellos el director del centro; dos profesores de la escuela Pau Claris y la directora del centro escolar La Salle pasaron ayer por los juzgados de La Seu d’Urgell. Según la Agencia Europa Press, que tuvo acceso al auto del juez, los demandantes denuncian que un menor “fue víctima de humillaciones, insultos e incluso agresiones” por el hecho de que su madre sea miembro de la Guardia Civil.
Ante ello, la comisión creada en apoyo a la escuela catalana de La Seu d’Urgell consiguió recoger más de 40.000 firmas en solidaridad con los ocho profesores acusados y con los colegios públicos de Catalunya. Además, un grupo de padres y madres también consiguió más de doscientas firmas como muestra de apoyo a los docentes.
La acusación de delito de incitación al odio hacia los ocho profesores forma parte de la campaña represiva del Régimen del ’78 contra las aspiraciones de independencia del pueblo catalán. Las acusaciones de adoctrinamiento que desde hace meses vienen lanzando desde Ciudadanos han encontrado eco rápidamente en el Partido Popular después del 1-0, levantado una intensa campaña de desprestigio hacia el modelo de escuela catalán. Ejemplo de ello son las declaraciones, entre muchas otras, del presidente del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, en las que arremetía diciendo que “en las escuelas catalanas se educa para odiar a España”.
Pero es que, además, la cruzada contra las escuelas catalanas atiende también al intento de desprestigiar y por esa vía acabar con el modelo de inmersión lingüística llevada a cabo en Catalunya. Ese es un viejo anhelo del Partido Popular en Catalunya: la vuelta a la escuela franquista. Intentos no le han faltado durante años y qué duda cabe que bajo la aplicación del artículo 155 y con la imposición de unas elecciones amañadas para el 21D, el PP -y por extensión el Régimen del ’78- intentará nuevamente allanar el camino para ello.
Y es que la aplicación del artículo 155, con las medidas de prisión sin fianza para los consellers a la cabeza, es la antesala para la regresión de los derechos y libertades democráticas a nivel general. Con el objetivo de poner fin a las aspiraciones de millones de catalanes se busca sentar las bases para profundizar en la ofensiva de persecución hacia todo aquel que se oponga al Régimen español y cuestione el orden establecido. Una ofensiva que ya venía aplicándose con mano de hierro desde la entrada en vigor de la ley mordaza en 2015.
En ese sentido, las detenciones de dos jóvenes acusados de supuesto delito de odio por criticar en Facebook la violencia policial durante el 1-O, o la imputación al director de la revista ’El Jueves’ por un artículo satírico sobre la policía, son las primeras (pero no las únicas) muestras de este incremento de la ofensiva contra las libertades democráticas, como también muestra el encarcelamiento de los jóvenes de Altsasu. Catalunya es hoy lo que durante décadas ha sido Euskal Herria, un laboratorio para posteriormente usar las mismas medidas represivas en el resto del Estado.
Para poder enfrentar el golpe institucional contra el pueblo catalán es necesario impulsar una gran movilización social contra el Régimen del 78 que lleve a una huelga general en Catalunya y el resto del Estado. Una lucha que, con la clase trabajadora a la cabeza, se prepare para responder a la represión del Gobierno central y ponga también en el centro las principales demandas sociales contra el paro, la precariedad o la defensa de los servicios públicos que den contenido a la república a la que aspiran las mayorías sociales. Algo totalmente alejado de los intereses de la dirección del procesismo, el PDeCAT y ERC.
