El proceso de toma del Centro Educacional Municipal Mariano Latorre de La Pintana, abandonado por la municipalidad, ha reabierto el debate sobre el financiamiento de la educación pública ¿Deben las municipalidades seguir gestionando la educación pública? ¿Es posible seguir manteniendo la competencia por recursos? ¿Es posible una alternativa?
Álvaro Pérez Jorquera Profesor de Historia y Geografía, historiador y músico
Sábado 6 de abril de 2019
Durante esta semana ha cobrado relevancia en materia educativa el caso del Centro Educacional Municipal Mariano Latorre de La Pintana, el cual presenta grave deterioro de su infraestructura, en comedores, baños y salas, además de un serio déficit de personal entre profesores, asistentes y funcionarios de responsabilidad directa de la municipalidad, encabezada por la demócrata cristiana Claudia Pizarro.
A raíz de esto, la comunidad educativa tomó estas demandas buscando defender el liceo, que tiene tanto jornada diurna como vespertina, y la respuesta inicial del municipio fue la represión policial.
Esta situación abre nuevamente el debate sobre el financiamiento y la gestión de la educación pública. Pues este abandono sostenido es posible solamente porque los colegios continúan siendo obligados a competir por los recursos y los municipios además tienen poder sobre los recursos que entran.
El abandono es estructural
Sin ir más lejos, el ex alcalde Jaime Pavez (PPD) se encuentra inhabilitado por 5 años luego de que se descubrieran los déficit en que sumió al municipio. Entre los negociados que realizó en sus 25 años de gestión, se encuentra el cierre de la mayoría de los establecimientos públicos, que familiares del edil compraban y reabrían como establecimientos subvencionados, generando millonarias ganancias a costa de fondos públicos.
Este es el contexto que explica cómo un establecimiento tan grande llegó al estado actual de abandono. Sin embargo esto no cambió con la actual gestión, y ya el año pasado el mismo establecimiento estuvo movilizado por las mismas demandas. En esa ocasión la edil se comprometió a realizar un cambio, pero un año después tenemos nuevamente a la comunidad del Mariano Latorre movilizada por las mismas demandas.
Y es que ambas gestiones de los partidos de la ex Concertación son los mismos que mantuvieron y profundizaron el negocio educativo luego de la salida de Pinochet del poder, dando rienda suelta al saqueo, siendo la Democracia Cristiana uno de los partidos que más se financia con la educación de mercado a costa del abandono y la precarización de la educación pública.
Hoy con la derecha en el gobierno, los ataques a la educación se han multiplicado, buscando reponer la segregación con el proyecto Admisión Justa; recortando gastos como son las miles de cotizaciones impagas que afectan a los profesores a nivel nacional; otorgando mayores atribuciones a los directores contra estudiantes y trabajadores de la educación con Aula Segura, que robustece el autoritarismo; y golpeando a la juventud, la misma que viene cuestionando el modelo educativo, permitiendo el control de identidad preventivo a menores de 14 años dejando a los jóvenes a merced de las fuerzas de Carabineros, los mismos asesinos del comunero Catrillanca y hace poco de un vendedor ambulante al ser atropellado por un vehículo policial.
¿Qué alternativa proponer?
Hoy más que nunca se hace necesario el financiamiento directo a los establecimientos públicos y el fin de la subvención a los privados como única manera de terminar con el mercado educativo y la competencia, que ha probado aumentar la diferencia entre la educación para pobres y la educación para ricos.
Hoy en día la educación ha logrado la mayor cobertura en su historia, pero paradójicamente esto se realizó en base a la expansión de la educación privada. Y de esto, el porcentaje que más creció es aquel que recibe aportes del Estado, generando verdaderos imperios económicos con numerosos establecimientos formando parte de unas pocas empresas. Por contraparte, la educación pública es la que ha sufrido más recortes y un retroceso sostenido.
Y es que los recursos estatales, basados en la cantidad de matrícula, han significado una fuga de financiamiento hacia el sector privado, dejando sin recursos a la educación pública lo que no permite mejorar ni la calidad ni la infraestructura, manteniendo constante el flujo de estudiantes que migran de la educación pública a la privada lo que a su vez reduce aún más los presupuestos. Un círculo vicioso que condena a la educación pública a desaparecer en una competencia en clara desventaja.
Por ello es que el fortalecimiento de la educación pública va de la mano con el fin de las subvenciones del estado a los negocios privados, principal objeto de fuga de los recursos, y por contraparte, pone de manifiesto la necesidad de aportes directos y constantes a la educación pública rompiendo con la competencia.
Sin embargo, esto no será posible sin la movilización de los principales actores de la educación, que es un camino que embrionariamente viene pasando en La Pintana, y que de desarrollarse, puede permitir poner en el tapete que la falta de recursos va más allá de las decisiones de alcaldes particulares, sino que es un modelo de educación instalado en Chile, con la dictadura pero profundizado con la ex Concertación.
La comunidad educativa, estudiantes, apoderados y trabajadores de la educación son quienes viven día a día la precariedad de los establecimientos, por lo que también deben ser quienes distribuyan los recursos del Estado para educación, de manera de poder desarrollar una educación distinta, en línea con sus intereses y necesidades y no las de los empresarios en la perspectiva de una Nueva Escuela Nacional Unificada, proyecto que sólo puede realizarse con un financiamiento permanente y sostenido.
