Desigualdad. El abismo entre salarios millonarios de altos funcionarios y la miseria del mínimo

Según un estudio publicado por un grupo de investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde hace 30 años los "aumentos" al salario mínimo han sido insuficientes para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores en nuestro país. Así, en los últimos cinco sexenios (tres bajo el mandato del PRI y dos más bajo la administración del PAN) el poder de compra de los asalariados acumuló una pérdida de casi el 80%. Enrique Peña Nieto percibió en 2017 un total de 3 millones 460 mil 475 pesos por concepto de salario y prestaciones.

El título bajo el que este grupo de investigadores publicó sus resultados es tajante en la realidad de la que habla: en México los aumentos salariales nacieron muertos. Para sus estudios, consideraron el salario mínimo y el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), la cual está formada por 40 alimentos para cuatro personas. Según expertos, el costo de esta canasta es de 245 pesos (12.7 dólares), es decir, más del triple del valor del salario mínimo, que actualmente está fijado en 88 pesos (4.6 dólares).

Un trabajador tiene que laborar 24 horas y 31 minutos para adquirir lo básico para su familia. En 1987, era necesario trabajar sólo cuatro horas y 53 minutos para comprar los mismos productos.

Tan sólo en 2016, el costo de la Canasta Alimenticia Recomendable era de 218 pesos. En doce meses, aumentó un 12.5%, cifra que, según expertos, representa el incremento de más de dos años.

Según un estudio de la Universidad Iberoamericana, el salario mínimo en México tendría que ser de 353 pesos diarios. Otras estimaciones sugieren que el salario mínimo mensual tendría que ser de 10 mil 590 pesos

De estas cifras, es claro que quienes resultan más afectados son quienes menos tienen. Mientras políticos como José Antonio Meade están envueltos en escándalos por desvíos millonarios, otros tantos se encuentran bajo proceso por estafar miles de millones de pesos al erario, como los correligionarios priístas de Meade, César y Javier Duarte. La vida de opulencia que se procura Ricardo Anaya o el "independiente" Jaime Rodríguez Calderón, son sólo algunos ejemplos de la manera en que esa casta parasitaria, sin importar el color de su bandera, viven a costa del esfuerzo de las grandes mayorías, que cada día trabajan más y ganan menos.

Medios como El Universal han publicado estudios en donde citan a expertos que aseguran que el salario mínimo mensual tendría que ascender a los 19 mil 41 pesos, equivalente a 4 mil 760 pesos por persona en un hogar con un promedio de cuatro habitantes.

Sin importar el color de su bandera, las promesas de los partidos en torno al salario no son sino demagogia de tiempos de elecciones. Así lo han dejado ver tanto en las negociaciones del Tratado de LIbre Comercio de América del Norte (en donde México ha evitado la discusión sobre la homologación de los salarios) como en la imposición de leyes y reformas que no sólo precarizan más el trabajo, sino que atentan contra derechos laborales elementales, como el derecho a seguridad social y a un retiro digno.

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Es por eso que nuestra propuesta de que todo funcionario gane lo mismo que una maestra debe ser la punta de lanza que cuestione de fondo quiénes administran la riqueza. La exigencia por un salario de emergencia, igual a la canasta familiar que sea móvil según la inflación, viene de la mano de nuestra exigencia por ilegalizar la subcontratación y el trabajo precario.

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