Entre apologistas de la mano dura se entienden. La familia de Jorge Ríos sumó al abogado Fernando Soto, quién también actúa en la causa del policía que asesinó por la espalda a un joven.
Martes 28 de julio de 2020 10:36
Jorge Ríos pateó en la calle y remató de 3 disparos a Franco Moreyra, quién había entrado a robar a su casa junto con otras 4 personas. Esto se ve claramente en las imágenes captadas por una cámara frente a su domicilio. Desde ese entonces se convirtió en el eje de una fuerte campaña mediática para pedir más policías en las calles reclamando por una suba en la inseguridad. A Ríos, en lugar de victimario se trató de convertirlo en víctima.
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La defensa del hombre de 71 años, quién se encuentra el prisión domiciliaria, busca ahora continuar por este camino. Es por eso que contrataron como parte de la defensa a Fernando Soto, abogado de Luis Chocobar, el policía bonaerense que asesinó por la espalda a Pablo Kukoc, quién se encontraba desarmado. Recordemos que este caso se convirtió en emblema de Patricia Bullrich y su defensa incondicional de las políticas de mano dura por parte de las fuerzas represivas contra la población trabajadora.
El historial de Soto no termina ahí. Este abogado también defendió al gendarme que asesinó a Rafael Nahuel. También fue parte de la defensa del ex jerarca de la SIDE Raúl Martins, quién regenteaba "prostíbulos VIP". Fue también funcionario del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich. Todo un prontuario.
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El otro abogado de Ríos es Mariano Cid Aparicio. Ambos abogados pidieron la recusación del fiscal Rivas, quien atiende la causa. Esto deberá ser analizado por el juez de Garantías 2 de Quilmes, Martín Nolfi.
Ríos, por su parte, realizó declaraciones a los medios de comunicación en los que buscó mostrarse como víctima del caso: “Yo ya tomé la decisión que ahí no vuelvo. Esta gente me cagó la vida de una manera... yo no voy a arrastrar a cinco nietos, tres hijos, los amigos… Perdí todo, perdí mis amistades, mi casa, mi barrio, mi forma de vida”, afirmó.
Se lo considera como presunto autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego (una pistola Bersa Thunder de 9 mm), delito que prevé de 10 a 25 años de cárcel.
