Edgardo Moyano habló con Infobae y desmintió las declaraciones del director de la firma norteamericana, quien aseguró que una sentencia reciente avala los despidos. "Es una práctica típica de los 90", señaló.
Jueves 5 de febrero de 2015 07:00
Pasaron ya ocho meses desde que el 28 de mayo del año pasado la autopartista norteamericana Lear decidió despedir a 110 trabajadores y suspender a otros 330. En ese tiempo, hubo cientos de protestas, cortes de ruta, represión, detenidos, insólitas operaciones de la Gendarmería, fallos judiciales, avances y retrocesos.
Pero lejos de llegar a una resolución definitiva, el conflicto ingresó en un terreno empantanado: aún quedan 16 cesanteados que no fueron reincorporados, y que, a pesar del ofrecimiento de la empresa de una indemnización más 20 sueldos, se mantienen firmes en la disputa por recuperar sus empleos.
No menos firme es la decisión de la autopartista de no reincorporarlos. Así lo confirmó su director, Antonio Marín, en una nota con Infobae en la que asegura que la única solución es que los trabajadores acepten sus indemnizaciones y se vayan, y que la firma cuenta con el aval de la Justicia.
Este portal habló con el abogado de los despedidos, Edgardo Moyano, quien desmintió a la patronal estadounidense y explicó que la medida cautelar dictada el 16 de diciembre pasado por la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordena la reincorporación de todos los despedidos, aún está vigente y, por lo tanto, debe ser cumplida.
- ¿Cómo se explican estas diferentes interpretaciones?
La cautelar del 16 de diciembre señala que no puede haber despidos masivos sin antes realizar un Procedimiento Preventivo de Crisis (en adelante PPC), y ordena reincorporar a todos los trabajadores. El 22, la empresa les adelanta las vacaciones y los cita para el 19 de enero, día en que se compromete a reinstalarlos. Cuando se presentan, les dicen que los suspenden hasta que ellos notifiquen a la justicia que habían iniciado un PPC en el Ministerio de Trabajo.
- Pero, ¿ese trámite no debe hacerse previamente a los despidos?
Claro, por algo es "preventivo", para justamente tratar de evitar los despidos. Lo que hace la empresa es tergiversar el fallo de la Sala X, con distintos artilugios quiere cambiar el contenido de la sentencia. De esa manera, cualquier empresa puede despedir a todos sus trabajadores, total después hace el PPC y listo. Es una práctica muy típica de los 90. Y además debe haber una crisis que hoy no existe: la firma prevé realizar entre 200 y 300 nuevas incorporaciones. En ese marco, nosotros nos presentamos en la Justicia, que en un nuevo fallo ordenó levantar las suspensiones y dar tareas efectivas a los trabajadores.
- Y eso nunca sucedió
No. Ellos se presentaron ante el juez de feria Alejandro Sudera, argumentando que ya cumplieron con el Procedimiento Preventivo de Crisis. Por su parte, el juez consideró que estaba cumplida la cautelar, aunque aclaró que no está levantada. Él no lo puede hacer porque proviene de un tribunal superior. Así y todo, en función de ese fallo, la empresa ratificó por escrito los despidos del año pasado.
-¿Cómo se explica que un juez de feria considere cumplida una cautelar que ordena la reincorporación de todos los despedidos cuando hay aún 16 trabajadores que siguen en la calle?
Justamente por eso la apelamos. Ese recurso fue concedido y estamos a la espera de que la Sala X resuelva si la cautelar está cumplida o no.
Nosotros entendemos que Sudera se excedió. Porque la feria había sido abierta para justamente exigirle a la empresa que cumpla la medida cautelar, no para reinterpretar la sentencia de la Sala X. Se excedió en el contenido y no era quien tenía que hacerlo, porque además es un juez de feria, de primera instancia. Debió haberse reservado.
- ¿Por qué cree que no lo hizo?
No lo sé. Lo que tiene que quedar claro es que mientras la Sala X no resuelva nuestros planteos y los de la empresa, la medida cautelar se tiene que cumplir, porque si no es un papel mojado.
- ¿Qué piensan los 16 despedidos de la propuesta de la empresa de abonar las indemnizaciones correspondientes más 20 sueldos?
Ya lo han rechazado en varias oportunidades, lo he hablado con ellos y saben que eso es "pan para hoy, hambre para mañana", por lo que cuesta conseguir un empleo. Por eso lo que quieren es recuperar sus puestos de trabajo, más aún después de haber peleado durante ocho meses. Ellos saben que fueron despedidos de manera ilegal y que esto excede su situación personal. Son conscientes de que hay muchas empresas viendo cómo concluye este conflicto, porque si esto se resuelve en favor de la patronal, peligran miles de puestos de trabajo en otras fábricas. Ya es sabido que hay un 20 por ciento de empresas que quieren realizar despidos.
- La semana pasada el director de Lear, Alejandro Marín, dijo a este medio que los 16 trabajadores fueron despedidos por inasistencias reiteradas, medidas disciplinarias, falta de cooperación. ¿qué hay de cierto?
Nunca hubo una causa disciplinaria de ninguno de los trabajadores. Es burdo que la empresa haga declaraciones discriminatorias contra ellos. El conflicto es público y todos saben que hubo 330 suspensiones y 240 despidos, todos con la misma causa. En ese momento, la empresa argumentó baja productividad en el marco de medidas extraordinarias que estaba adoptando para paliar una supuesta crisis. Se desprendía así del 50 por ciento de su personal.
- También los acusa de estar esponsoreados por el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas). ¿Cuál es el papel del partido en este conflicto?
La ideología de los trabajadores no debería alarmar a la empresa en un Estado democrático, máxime después de haber atravesado los años más oscuros en términos de persecución ideológica y represión. Es real que el PTS está peleando por esta causa, como otros sectores políticos, obreros, estudiantiles y de Derechos Humanos que también apoyan. Yo soy militante del PTS además de abogado. Pero con esos argumentos lo que quieren es llevarnos a la tesis de que es un conflicto político. Los trabajadores pueden adherir a la fuerza política que quieran. Es osado y retrógrado que quieran estigmatizarlos, ya sea por su ideología, creencia religiosa, color de piel, o lo que fuera.
Concluida ya la feria judicial, se espera que en no más de 15 días la Sala X de la CNAT se expida respecto al incumplimiento de la medida que ella misma ordenó. Mientras tanto, los cortes en la Panamericana frente a la planta de General Pacheco, que se replican en otros puntos del país y que nunca cesaron, podrían reiterarse, y aún con más frecuencia. Rubén Matu, delegado de Lear, le dijo a este medio que "si la empresa cumple con el fallo, se termina el conflicto. Si no, se radicalizarán las protestas".
* Nota publicada en el portal Infobae. Entrevista realizada por Emmanuel Gentile [email protected].
