Derechos de las mujeres. El aborto en América Latina y el Caribe

Entre el 18 y el 24 de noviembre de 1990, en la ciudad bonaerense de San Bernardo, se realizó el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe. En el “Taller sobre aborto” (organizado por la Comisión por el Derecho al Aborto de Argentina y Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay), surgió una propuesta que forma parte de la agenda feminista desde entonces: establecer el 28 de septiembre como Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. La fecha evoca la ley de “libertad de vientres” sancionada por el Imperio del Brasil en 1871, que otorgaba la libertad a las hijas e hijos nacidos de mujeres esclavas.

El aborto en América Latina hoy

Durante los últimos años, el reclamo por el aborto libre, seguro y gratuito ha sido protagonista de importantes movilizaciones en toda la región. A la pelea de activistas, organizaciones feministas y por los derechos humanos, se sumó una nueva generación de jóvenes feministas que exige el aborto legal.

Sin embargo, los Estados continúan restringiendo o castigando esta práctica. Seis países no lo permiten bajo ningún causal; y otros 21 solo lo hacen en caso de riesgo de vida de la persona gestante. Esto implica que uno de cada cuatro abortos es inseguro; y que casi 800 mil mujeres deben recibir tratamiento anualmente por complicaciones propias de la clandestinidad, como infecciones o hemorragias.

Según el informe Aborto a nivel mundial 2017: Progreso irregular y acceso desigual (realizado por el Guttmacher Institute), América Latina y el Caribe es el lugar con las tasas más altas del mundo de embarazos no planeados y de abortos (6 millones y medio por año).

En El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana y Surinam, el procedimiento está prohibido en todas las circunstancias. Lo únicos países donde no encuentra restricción de causales son Cuba (como una de las conquistas de la Revolución, desde 1965), Puerto Rico (1973), Guyana (1995) y Uruguay (2012). Los mismos representan menos del 5% de la población total de mujeres entre 15 y 44 años de Latinoamérica.

Aunque durante la última década algunos países (como Chile) ampliaron las causales bajo las cuales este procedimiento es legal, en la mayor parte de la región el aborto sigue siendo ilegal. La derecha y los grupos autodenominados “provida” buscan avanzar sobre los cuerpos y las vidas de las personas gestantes.

Se apoyan en la influencia activa de las iglesias Católica y Evangélica, que no solo atentan contra la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sino contra la educación sexual e incluso contra la aplicación de abortos no punibles. Una realidad que conocemos muy bien en Argentina, donde a principios de año las autoridades obligaron a parir a niñas que habían sido violadas.

Algunos casos

Chile: la ley de Pinochet y un reclamo que continúa

En 1931, este país contaba con una ley que autorizaba el llamado aborto terapéutico (autorizado por razones médicas). La misma fue anulada durante la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet, que calificó al aborto como “delito contra el orden de la familia y contra la moralidad pública”. Recién en 2017 se modificó esta realidad.

Ese año, el Tribunal Constitucional de Chile refrendó la legalidad de un proyecto de ley que despenalizó el aborto en el país en tres circunstancias: en caso de inviabilidad del feto, riesgo de muerte de la mujer y embarazos producto de una violación.

No obstante, se incluyó una cláusula que permite a los doctores la negación de este derecho bajo la figura del “objetor de conciencia”. Actualmente, una quinta parte de los médicos de hospitales públicos afirman que no realizarían abortos, aún si peligra la vida de la persona gestante. A ellos, se suman los médicos de instituciones privadas, paramédicos y anestesistas que tampoco prestan servicios.

Como si fuera poco, una disposición del gobierno de Piñeira en 2018 atacó directamente a los abortos no punibles: desde entonces, los hospitales públicos ya no tienen la obligación de mantener permanentemente personal capacitado para realizar esta práctica.

El reclamo de fondo continúa. Solo este año, se realizaron en el país siete multitudinarias manifestaciones que exigen al gobierno el reconocimiento del aborto como una cuestión de salud pública y piden su legalización. En julio, quince mil personas marcharon por las calles de Santiago con esta consigna.

Paraguay: una cruzada contra las mujeres pobres

Distintas organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indican que Paraguay muestra los índices de embarazo y mortalidad infantil más altas de la región. Según Amnistía Internacional, se producen 20 mil embarazos adolescentes y, diariamente, dos niñas de entre 10 y 14 años da a luz. Una de cada cinco madres tiene entre 10 y 19 años.

En el país la interrupción de embarazo es legal ante la amenaza de vida a la mujer, pero aún esto no se cumple. Así lo evidenció el caso de la niña violada de diez años a quien se negó este derecho en 2016, que recorrió el mundo: este no fue un episodio aislado, sino una muestra de la histórica alianza entre la Iglesia Católica y el gobernante ANR-Partido Colorado.

El presidente Mario Abdo Benítez (quien ha reivindicado la dictadura de Stroessner que dirigió el país a sangre y fuego por 35 años) aseguró que el aborto "es un crimen". Mientras tanto, de acuerdo con el “Cálculo de la magnitud del aborto inducido en Paraguay” confeccionado por el Centro Paraguayo de Estudios de Población (2017), existen entre 20 mil y 30 mil abortos clandestinos por año.

El Salvador y Honduras: la “Santa alianza” de la derecha y el Vaticano

En El Salvador, Honduras y Nicaragua, no sólo el aborto es ilegal en todos los casos sino que las mujeres han recibido más de 30 años de cárcel por haberse realizado esta práctica. En el pasado, estos países se contemplaban casos de no punibilidad, pero el avance de los sectores más conservadores -aliados a la jerarquía eclesiástica- fueron restringiendo aún más este derecho.

Tras una modificación en el Código Penal producida en 1988, el aborto en El Salvador está prohibido incluso cuando el embarazo es consecuencia de una violación o cuando la vida de la embarazada corre peligro, estableciendo las condenas más altas del mundo.

El país cuenta con un largo historial de encarcelamiento de mujeres por este hecho, como el caso de “Las 17” condenadas con penas de varias décadas, luego de experimentar complicaciones relacionadas con el embarazo. Dada la prohibición y criminalización imperante, no es de extrañar que la primera causa de muerte materna indirecta entre niñas y adolescente embarazadas, sea el suicidio.

Este año, un tribunal de El Salvador absolvió a Evelyn Hernández, una joven de 21 años acusada por homicidio agravado luego de quedar embarazada producto de una violación, y parir a un feto muerto en 2016.

Hernández ya había sido condenada a 30 años de cárcel, pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio. La joven llegó a cumplir 33 meses tras las rejas.

En Honduras, el Código Penal ubica al aborto entre los “delitos contra la vida”. El 2001 directamente se incorporó como delito el “daño físico o psicológico en el no nacido”, lo cual resulta en cinco años de cárcel para quienes tengan abortos así como la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión a los médicos involucrados. En esto se asemeja a Ecuador, donde el aborto es considerado como un “delito contra la existencia natural” y cuyo Código Penal castiga las “lesiones del feto”, al que extiende la protección del bien jurídico.

En Honduras, como si fuera poco, hasta en caso de abortos por riesgo de vida, la mujer debe contar con la autorización del cónyuge o un pariente cercano. Y las mismas píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) también son prohibidas, desde que la Corte Suprema de Justicia decretara que son “abortivas”.

Uruguay: cuando la IVE es ley

Desde la caída del régimen militar, el aborto tuvo un lugar destacado en la pelea de los grupos feministas y de izquierda uruguayos. Así, entre 1985 y 2001, se debatieron más de cuatro proyectos. Luego de que en 2003 se conociera la escalofriante cifra de abortos clandestinos y frente a la presión de la opinión pública, se conquistó el asesoramiento pre y post aborto en todos los hospitales.

En noviembre del 2008, el Senado votó un proyecto que eliminaba las penas para quienes realizaran un aborto, el cual fue posteriormente vetado por el presidente Tabaré Vázquez con el aval de la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz.

Fue en octubre de 2012 que se sancionó la ley n° 18.987 que despenalizó el aborto hasta la duodécima semana de gestación (o decimocuarta en casos de violación). Y, en noviembre de ese año, el presidente José Mujica sancionó el Decreto n°375/12, que regulaba el procedimiento a seguir.

A diferencia de todos los casos nombrados anteriormente, Uruguay es el país latinoamericano con menor peso de la Curia. Aunque comparte con muchos el hecho de ser un Estado laico, además cuenta con el mayor número de personas ateas. En 2013, sectores ligados a la derecha debieron desistir a su intento de impulsar un referéndum contra la ley, ya que no pudieron cumplir con el requisito de 25% de adhesión del padrón electoral.

Producto de la lucha de los y las militantes por los derechos de las mujeres, la situación en el país vecino es de las más avanzadas en el continente. Derribó una serie de mitos en torno a la IVE (por ejemplo, que la legalización implicaría un aumento cuantitativo de su ejercicio) y demostró que la posibilidad de abortar en el hospital salva miles de vidas: de hecho, no se registraron muertes de mujeres que lo hicieron dentro del mecanismo previsto por la ley.

Sin embargo, algunas organizaciones y militantes han planteado una serie de límites que conlleva la ley. Por un lado, el abuso de la figura de “objeción de conciencia” por parte de los médicos -que se ha transformado inclusive en acciones judiciales-, disfraza de “libertad individual” la política antiabortista de algunos grupos (como ocurrió en los departamentos de Salto y Soriano).

También se han generado dudas en torno a la letra del Código Penal que contradice lo estipulado por la ley n° 18.987. En su artículo 2°, ésta establece que no puede haber sanciones “para el caso que la mujer cumpla con los requisitos” previstos por la norma “y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez”. Sin embargo, el artículo 325 del Código Penal indica que la mujer que causare su aborto o lo consintiera “será castigada con prisión, de tres a nueve meses”, algo que el gobierno uruguayo nunca pretendió derogar.

Por último, distintas referentes han subrayado que la información sobre la ley a la población es aún insuficiente, así como la infraestructura y el personal en determinadas localidades. De la misma forma, advirtieron que los trámites burocráticos derivan en un incumplimiento de los plazos establecidos en la ley a la hora de fijar las entrevistas con el personal médico y que no se informa claramente quiénes son los ginecólogos objetores de conciencia.

La Justicia ha sido responsable de fallos que atentan contra este derecho. Por ejemplo el de la jueza Pura Book Silva de 2017, que impidió que una joven accediera a un aborto, avalando un amparo presentado por su expareja.

México: la chispa verde

Junto a Ciudad de México, Oaxaca se convirtió recientemente en el segundo Estado en permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas: fue por la enorme movilización de la marea verde que comenzó en Argentina y se extiende por Latinoamérica. Con el voto de 24 diputados -de un total de 41-, el miércoles 25/9 se aprobó la la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas.

La sesión no transcurrió sin resistencia. Diputados del PAN Y PRI votaron en contra. El salón legislativo rebasó su capacidad, con presencia de agitadores “provida” y la movilización de mujeres vestidas de verde. También se pronunciaron líderes de la iglesia católica, como el arzobispo Pedro Vázquez Villalobos, quien recalcó la postura eclesiástica “en defensa de la vida” y el rotundo rechazo al aborto.

México cuenta con algunos de los números más tristes y brutales de América Latina en cuanto a violencia machista: todos los días matan a 9 mujeres. Además, hay centenares de presas por abortar. Aunque los medios de comunicación hablar de alrededor de 200 afectadas, según organizaciones como “Las libres” plantean hay al menos 623 procesos judiciales por año: la mayoría pobres, indígenas y trabajadoras. La enorme pelea del movimiento feminista recién empieza.

Argentina: ¡aborto legal para no morir!

En Argentina se efectúan entre 486.000 y 522.000 abortos por año. Las condiciones propias de la ilegalidad derivan en la muerte de cientos de mujeres jóvenes y pobres: un verdadero femicidio estatal del cual son cómplices las principales fuerzas políticas, que negaron este derecho a lo largo de la historia y que votaron contra el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (CNDA) en 2018.

La masiva movilización que acompañó la presentación del proyecto de la Campaña en mayo de este año confirmó el apoyo con el que cuenta el reclamo. Mientras tanto, los dinosaurios macristas, peronistas y radicales que defendieron la clandestinidad del aborto siguen en el recinto y en las listas de las próximas elecciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman -candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda- disputa un puesto en el Congreso con personajes como Pablo Tonelli de Juntos por el Cambio y Marco Lavagna de Consenso Federal, que ya votaron contra este derecho fundamental. El avance de las alianzas antiderechos que tienen lugar adentro del Congreso exigen redoblar nuestra pelea, tanto adentro como afuera. El Frente de Izquierda-Unidad es la única fuerza política 100% verde: los tiempos que vienen necesitan esa voz.