El aborto en Chile es una realidad que se ha mantenido oculta, en la clandestinidad, a causa de su ilegalidad.
Taide Zaror Técnico en enfermería
Sábado 13 de octubre de 2018
Hace algunas décadas atrás, en 1931, el aborto terapéutico, es decir, –cuando el embarazo representa un grave riesgo para la vida y la salud de la mujer– constituyó una prestación de salud para las mujeres durante 50 años. Fue incorporada en el Código Sanitario por tratarse de un problema de salud y de responsabilidad médica:
El Art. 119 decía: “Sólo por razones terapéuticas podrá interrumpirse un embarazo requiriendo para ello la opinión documentada de dos médicos”.
En consecuencia, el sistema de salud incorporó el aborto terapéutico como un tratamiento oportuno para salvar la vida de la mujer. Al amparo de esta norma, algunos servicios de salud, como el Hospital Barros Luco, hicieron una interpretación amplia de la legalidad del tratamiento en el siguiente sentido:
“El aborto ilegal pone en peligro la salud y la vida de la mujer en el grupo socioeconómico más bajo, por lo tanto, el aborto terapéutico al impedir estos riesgos es legal”.
Durante la dictadura, en 1989, este derecho de protección de la vida de las mujeres fue eliminado. Asimismo, se “legisló” la prohibición de ejecutar: “ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto” (Art. 119 del Código Sanitario), significando para las mujeres la obligatoriedad por continuar un embarazo aunque la vida se les fuera en ello. Esta disposición estuvo vigente hasta el año 2017.
Es así como en septiembre del año pasado se decretó la ley 21.030 que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la mujer y violación. Constituyendo un avance en los derechos de las mujeres, pero sin duda totalmente insuficiente.
Según la corporación Miles, las tres causales cubren solo un 15% de los abortos que se realizan en Chile. Otras organizaciones feministas aseguran que las tres causales sólo contemplan el 3% de los abortos realizados, manteniendo la mayoría de los casos bajo la alfombra de la clandestinidad.
Debido a su penalización, es difícil conocer cifras de abortos a ciencia cierta, pero hay estudios que han intentado acercarse: El Minsal informó que se realizan 33.000 abortos por año, lo que da un promedio de 90 abortos diarios. Mientras el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, en 2013 estimó que los abortos anuales eran entre 60.000 y 70.000. Sin embargo, mucho tiempo antes, en 2008, la investigadora y economista franco-chilena, Maite Albagly, en un estudio sobre “El aborto en Chile”, afirmó que el número asciende a 160.000 por año. Esto termina por demostrar la inexactitud que existe en la contabilización de los abortos a causa de su clandestinidad.
Chile, junto a Latinoamérica y los países subdesarrollados, representan los sectores donde más se experimentan abortos clandestinos en condiciones de riesgo y, esto se explica por la falta de políticas públicas al respecto.
Aborto ¿seguro o inseguro?
Según investigaciones del Instituto Guttmacher, actualizadas a diciembre del 2015 “[...] calculan que cada año se realizan unos 25.1 millones de abortos inseguros en todo el mundo, casi todos ellos en países en desarrollo (97%: 24.1 mill.). Las defunciones debidas a “abortos peligrosos” representan 13% de todas las defunciones maternas. Cada año, unos 5 millones de mujeres ingresan a hospitales como consecuencia de un aborto peligroso y más de tres millones de mujeres que han sufrido complicaciones no reciben atención médica”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), concluye que tres de cuatro abortos realizados en América Latina son inseguros, específicamente, un 76.4%; siendo en Sudamérica del orden del 75.1%.
Cuando la distribución de la seguridad del aborto fue considerada según su estado de legalidad, 87.4% de todos los abortos, en los 57 países en los que el aborto estaba disponible de forma legal y libre, eran seguros. En comparación con 25.2% en los 62 países donde el aborto era completamente prohibido o permitido solo para salvar la vida de la mujer o para preservar su salud física.
La penalización del aborto no impide que estos se realicen, ni tampoco que disminuya su tasa de incidencia. Y el punto es que la criminalización de esta práctica se ha vuelto un problema grave de salud pública, pues amenaza la vida y salud de las mujeres.
El aborto ha existido, existe, y existirá en Chile y en el mundo, y frente a eso sólo hay dos alternativas: Ir por el aborto legal, o ser pro aborto clandestino.
