El ex senador UDI, Jaime Orpis fue declarado culpable por financiamiento ilegal de la política y delito de cohecho. La UDI guarda silencio, aunque algunos de sus militantes prefieren darle apoyo.
Sábado 5 de diciembre de 2020
El pasado miércoles 2 de diciembre, el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago declaró como culpable al ex senador de la UDI, por delito de cohecho y fraude al fisco. La fiscal Ximena Chong pidió 11 años de presidio para el ex parlamentario, además del pago de una multa y quedar inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
Frente a esta situación, militantes de la UDI decidieron guardar silencio frente a la condena a uno de los hombres históricos del partido, quien tuvo que renunciar en el 2016 tras ser desaforado.
Aún con la condena, militantes de la UDI declaran a La Tercera que aunque no haya un respaldo institucional, mantienen nexos de “apoyos humanos” hacia su par. Uno de ellos, José Miguel Durana, Senador por Arica señala que la situación “es una pena”, considerándolo como “un político ejemplar” (...) “él se equivocó, aunque también esto ha sido un poco injusto; espero que la sentencia sea tomando en cuenta la calidad de persona que es”
También le dio su respaldo público fue Ramón Barros, quien declara a La Tercera que “es la sentencia a una época de la política en la cual a Jaime Orpis le correspondió pagar todas las cuentas puesto que prácticamente todo el resto y muchos involucrados no salieron con ningún rasguño”.
Otro que habló es el ex ministro Víctor Pérez, quien señala que “los delitos que cometió en su vida no aminoran su vocación de intentar ayudar, en algún momento con métodos equivocados, si uno puede calificarlos en virtud de la sentencia”
Casos de corrupción y financiamiento empresarial han quedado de manifiesto con lo ocurrido en los casos de PENTA y SQM, donde militantes de la derecha de Chile Vamos y la ex Nueva Mayoría han sido los mas expuestos. Pero la ley tiene sanciones muy baja ante este tipo de delitos, mientras castiga con cárcel a jóvenes que salieron a manifestarse en la revuelta aún sin contar con antecedentes ni pruebas necesarias.
A pesar de lo débil de la legislación el fiscal Gajardo señaló “es la primera condena en Chile, en juicio oral, a una empresa como responsable jurídicamente por haber cometido un delito por parte de su alto funcionario", subrayó, aunque "las penas a las que está expuesta la persona jurídica son bajas, tenemos una legislación no muy castigadora en delitos económico”
