Los intentos de reformar el Código de Aguas fue logrado refrenar por los empresarios, que esperan que con un segundo gobierno de Piñera, se asegure como otro bien de consumo.
Lunes 30 de octubre de 2017
Desde hace años se viene intentando modificar el Código de Aguas. En marzo del 2011 ingresó un proyecto de ley al Congreso. Hasta hoy sigue durmiendo. Cada tanto lo despiertan, para volver a postergarlo.
Aunque las graves sequías que perjudican sobre todo al pueblo trabajador, sobre todo en pueblos de Regiones, no pueden esperar.
Las modificaciones afectaban al Código de Aguas que fue sancionado en dictadura. Se limita, en realidad, apenas a una mayor regulación del “mercado del agua”, buscando limitar la sobreexplotación de este recurso, y darle más capacidad regulatoria al Estado, por ejemplo con concesiones por 30 años y su posibilidad de renovación, o la posibilidad de intervenir los derechos sin uso en manos de privados.
Esto último sobre todo ha despertado la reacción de los empresarios. Todos sus esfuerzos estuvieron este año en buscar impedir que se abriera la discusión en el Congreso. Y lo lograron, el Gobierno, y los parlamentarios, incluso de la Nueva Mayoría en acuerdo con la derecha, pospusieron su discusión.
Los empresarios quieren que, o no se discuta directamente, o se haga bajo el nuevo gobierno de Piñera. ¿Para qué? Para que se asegure como un “bien de consumo”.
En ese lobby, es determinante la Sociedad Nacional de Agricultura. Y no se limita a presionar sobre los parlamentarios, sino que buscan organizar por abajo a los “agricultores”. En estas actividades están fuertes otras asociaciones empresariales, entre ellas el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de la región de O’Higgins Francisco Duboy, que dijo sin pelos en la lengua que “si quieren los derechos de agua tienen que comprarlos”.
Agregó, para que no queden dudas: “no queremos que se cambie el tema de la propiedad del agua”.
Parte de lo que se viene con un segundo gobierno de Piñera, y que en la Nueva Mayoría dejan correr: que todo siga siendo “un bien de consumo”, incluso derechos vitales como al agua.
