Opinión. El agua salada de OSE y un gobierno agraviador del pueblo trabajador

La actual crisis hídrica que sufren el área metropolitana de Montevideo y regiones del interior del país, no es una fatalidad de la naturaleza, es un crimen social. Producto por un lado, de décadas de explotación salvaje de la naturaleza, con la agricultura intensiva y la actividad de los grandes pulpos industriales como UPM. Y por el otro también, de abandono por parte del régimen político, de las inversiones en infraestructura necesarias para asegurar un abastecimiento de agua potable a las grandes mayorías.

Esto no es producto de mala suerte en materia climática, es la consecuencia de una política que busca garantizar las ganancias de los grandes empresarios ¡no es sequía, es saqueo!

La actual situación es de emergencia, afecta principalmente a la población trabajadora, a la cual el gobierno de Lacalle Pou pretende con sus medidas, descargar el costo de la crisis. Las consecuencias sanitarias para millones de personas afectadas, pueden tener repercusiones en la salud general de la población a largo plazo.

El propio ministro de Ambiente Robert Bouvier reconoció que el agua de OSE “si vamos a puntos técnicos no es potable”, el Ministerio de Salud Pública alertó sobre el consumo: “evitar en lo posible el consumo de agua de OSE”, y en especial para: "personas con enfermedades renales crónicas, insuficiencia cardíaca, cirrosis y embarazadas”, y agregando que: “En caso de tener que tomarla, se recomienda no exceder el litro de agua por día y aumentar la frecuencia de los controles de presión arterial”.

Las medidas propuestas por el gobierno son parches, como el hacer una represa descartable aguas abajo del río Santa Lucía, subvenciones mínimas para el acceso del agua embotellada, las recomendaciones del MSP para los sectores de población más vulnerables ante esta situación y seguir adelante con el Proyecto Neptuno.

Por si fuera poco, la respuesta mediática de las autoridades, desde el presidente para abajo, es de un clasismo y una provocación explícitos. Mientras las respuestas de la oposición parlamentaria del Frente Amplio se han limitado, a la tibieza de proponer algunas contramedidas en su mayoría rechazadas por el gobierno.

El gobierno se ríe en el sufrimiento del pueblo trabajador

Además de inoperantes, desde el gobierno empezando por Lacalle Pou, no han tenido empacho en salir a responder mediáticamente con un discurso negador de la gravedad de la crisis y provocador hacia el sufrimiento popular.

La declaración más estridente fue la de la vicepresidenta de OSE Susana Montaner, quien afirmó: “Hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse un agua”.

Por su lado, Lacalle Pou en una actitud y tono agrandado y pedante salió a decir que asumen “la responsabilidad del momento”, para de inmediato ante la pregunta de los periodistas si iban a bajar la tarifa de OSE afirmar que: “No, por ahora no. Vamos rumbo a obras que son muy costosas para el estado (en referencia al proyecto Arazatí). No parece el momento para hacer este tipo de exoneraciones”, o sea que el costo de la inoperancia de su propio gobierno y gobiernos anteriores, lo debe de pagar el pueblo trabajador.

Entre varias perlas de este estilo, vale mencionar otra expresión clasista, esta vez de parte de las autoridades del MIDES que recomendaron: “En caso de no ser aceptada por los niños/as debido a su sabor, pueden saborizarla naturalmente (con hojas de menta, romero, jenjibre, trozos de frutas, canela en rama, etc.)”.

Un agregado más a todo esto, es el hostigamiento policial desplegado en las marchas auto convocadas por el agua, que hubieron durante la semana. El gobierno desplegó un operativo represivo contra manifestantes por el agua. Además de ocultar información, ser unos inoperantes y dar declaraciones despectivas hacia el sufrimiento popular, se agrega también el intento de impedir el derecho a la protesta por un legítimo reclamo.

Son intolerables y ofensivas hacia el pueblo trabajador, las respuestas que ha dado el gobierno ante esta situación de emergencia. Dando muestra explicita del desprecio que tienen ante el sufrimiento de las mayorías populares. El gobierno apuesta a no reconocer el desastre, y que la gente se olvide y acostumbre a esta baja en la calidad de vida.

Las propuestas del Frente Amplio

El Frente Amplio como respuesta le propuso al gobierno un paquete de medidas: un voucher de 10 bidones para todos los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social, mismo beneficio para todos los jubilados y pensionistas que cobren menos de dos jubilaciones mínimas, exoneración de IVA e IMESI para el agua embotellada, “evaluar” la rebaja de la tarifa de OSE y realización de una campaña de bien público.

Son todas medidas necesarias pero insuficientes, y no va hasta el final en cuestionar la displicencia con que el gobierno está tomando la presente crisis, que en los hechos no reconoce la emergencia y peligro para la salud en que se encuentran las mayorías populares. Si bien, en sus principales figuras, se reivindica la construcción de la represa de Casupá, que el gobierno la tiene encajonada.

No toman para nada, por ejemplo, gran parte de lo que vienen denunciando los trabajadores de OSE, por ejemplo la exigencia de que las autoridades muestren los datos acerca de la calidad del agua, que se implemente un plan de recomposición de personal y de inversión en reparación de las cañerías, además de rechazar de plano el Proyecto Neptuno, entre otras medidas.

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Responsabilidad de todo el régimen

Este gobierno ha profundizado una política de décadas, incluidos los gobiernos del Frente Amplio, que es la de convertir el agua en una mercancía. En la administración anterior con la Ley de Riego, y ahora con el Proyecto Neptuno, los gobiernos de los distintos colores han entregado el agua a las grandes empresas y multinacionales como UPM o Montes del Plata, Google, a costa de la calidad del agua para la población trabajadora.

Todo el modelo extractivista y mercantilizador de los recursos naturales es lo que está en cuestión, y es lo que a nivel global ha provocado el cambio climático y los desastres naturales que hoy estamos sufriendo como, entre otros, la actual sequía.

Lacalle Pou durante su administración, viene sosteniendo una política sistemática de desinversión y vaciamiento de las empresas públicas, que entre las principales afectadas está OSE.

Es la continuación de una política de Estado en el caso de esta empresa, que se expresa en el desprecio constante a las necesidades de infraestructura que se requieren para un servicio correcto de distribución de agua potable por parte de OSE.

Hace casi 40 años se terminó de construir Paso Severino, la última gran represa levantada para abastecer al área metropolitana, en todas esas décadas se vienen aplazando proyectos como Casupá y otros, que hubieran significado un gran respaldo como reservorio en situaciones como la que estamos viviendo ahora. A esto agregar, que todos los gobiernos han tenido desde los 90s una política de desmantelamiento de OSE, con políticas sistemáticas de reducción de personal (los trabajadores denuncian un faltante de alrededor de 1000 puestos), cero inversión en reparación de cañerías, etc.

La clase trabajadora debe responder con lucha

Por esto es necesario luchar por poner a OSE al servicio de las necesidades populares, y eso se va a conseguir si la gestión y administración corre por cuenta de sus trabajadores y trabajadoras en conjunto con comités de usuarios, que son quienes más saben de esto y pueden proteger a la población y brindar un servicio de calidad, y gratuito. En conjunto con un plan de inversión en infraestructura que responda a las necesidades del pueblo trabajador.

Durante esta semana pasada, ha surgido un movimiento auto convocado en reclamo del agua potable, que se suma a las denuncias y medidas de lucha que vienen tomando los trabajadores de OSE. Es importantísimo ganar las calles como se ha venido haciendo y es necesario jugarse a la movilización y multiplicar la cantidad de gente que concurre.

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Será necesario entonces que quienes nos venimos movilizando, le impongamos al resto de los sindicatos y al PIT-CNT, la FEUU y FUCVAM un paro con movilización, para que toda la clase obrera y el movimiento estudiantil puedan manifestarse masivamente en defensa del agua, como recurso humano fundamental.