En la conocida novela de García Marquez, quien lee cuenta con una certeza: Santiago Nasar va a morir. En las pasadas elecciones provinciales, una certeza se impuso con idéntica claridad para quien quisiera verla: todo fortalecimiento electoral sería aprovechado por Schiaretti para endurecer el régimen de gobierno.
Paula Schaller Licenciada en Historia
Martes 10 de septiembre de 2019 16:05
Lo denunciamos quienes lo combatimos tanto en las calles como en las elecciones, cuando se disputa la conciencia política de miles y se señalan claramente los enemigos a enfrentar. Lo esencial fue invisible a los ojos de los dirigentes del kirchnerismo local, que lo llamaron a votar y colaboraron en la construcción del histórico 57 % que hoy Schiaretti pretende “pasar a cobrar”. Crónica de una derechización anunciada.
El pasado viernes al mediodía comenzaba a difundirse la noticia: la Infantería provincial había reprimido a los trabajadores de Luz y Fuerza en las inmediaciones de la sede central de EPEC y había varios trabajadores detenidos. Más tarde los videos circulaban por los grupos de WhatsApp y se supo que entre los detenidos, estaba Héctor Tosco, hijo de Agustín, protagonista del Cordobazo.
Si toda represión es política, esta no fue la excepción. Schiaretti usó la primera medida de lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza post elecciones para enviar un claro mensaje dirigido por elevación al conjunto del movimiento obrero: no está dispuesto a ser tolerante con la protesta. La Voz del Interior amplificaba el mensaje. “La Provincia redobla la apuesta. Irá con demandas penales contra los detenidos por la violencia, y también con sumarios para la desvinculación de quienes no tienen cobertura gremial”. Los destinatarios eran tanto los lucifuercistas, que resisten desde el año pasado el intento de flexibilizar su convenio colectivo, como los docentes y estatales, que dejarán de recibir la cláusula gatillo en momentos de avance de la inflación y el golpe devaluatorio; los trabajadores de las automotrices, las autopartistas y la alimentación donde avanzan los despidos hormiga; los estudiantes que luchan contra las imputaciones judiciales; el movimiento de mujeres que es fuerte en una Córdoba clerical; los jóvenes precarizados; los ambientalistas que luchan contra el desmonte, y en general todo sector que no esté dispuesto a resignarse a la degradación de sus condiciones de vida.
Los mismos sectores del kirchnerismo que hasta ayer mostraron el apoyo a Schiaretti como una exitosa estrategia electoral anti macrista, hoy fomentan la expectativa de que, cercado por un próximo gobierno nacional de Alberto Fernández, el gobernador estará condicionado para avanzar en el ajuste. Lo cierto es que Fernández no hace más que ofrecer gestos amistosos con los poderes reales de la provincia. No solo les garantizó a los sojeros que no se aplicarían retenciones -y hasta justificó la extorsión de los grandes especuladores que no liquidan la cosecha diciendo que “todos saben que es porque el dólar está subvaluado”- sino que viajará el próximo domingo para estar presente en la misa homenaje a De la Sota (el padre del cordobesismo y de la mano dura en la provincia). El silencio cómplice de Fernández frente al ajuste que su aliado en Chubut, Arcioni, desata contra los estatales, dice más que mil palabras.
Los problemas estructurales que revela la economía macrista tienen su reflejo en la provincia. Y no solo porque 35,98 % de la población es pobre (entre ellos, 5 de cada 10 niños), o porque la precarización laboral entre los jóvenes alcanza al 62 %, y así podríamos seguir, sino por la gran exposición que genera el alto endeudamiento. Schiaretti tomó créditos en dólares y endeudó a la provincia por $ 161 mil millones, equivalente a un 73 % de los $ 220.767 millones del presupuesto 2019. Ese endeudamiento plantea un problema, sino inmediato, sí a mediano plazo: en 2021 vence el grueso del capital de uno de los cuatro bonos emitidos entre 2016 y 2017, lo que representa algo más de 900 millones de dólares. Cada corrida cambiaria aumenta la magnitud del problema, ya que casi el 94 % de la deuda provincial está dolarizada. La otra provincia con semejante endeudamiento en dólares es Chubut. No es la foto de Córdoba, pero ¿alguien descartaría que pueda ser la película? Por eso, a la vez que el Frente de Izquierda Unidad exige a las centrales la convocatoria a un paro general que sea el inicio de un plan de lucha, Laura Vilches presentó en la Legislatura un plan de medidas de emergencia para hacer frente al saqueo en curso.
Mientras rige una intangibilidad absoluta de las ganancias de los grandes ganadores del modelo provincial, los sojeros en primera fila, Schiaretti se prepara para tiempos de mayor ajuste y quiere un frente sindical disciplinado. La máxima maquiavélica reza que el mal se hace rápido y todo junto (y cuando se viene de una elección histórica, agregamos). Por eso, el gobernador realiza un trabajo quirúrgico que muestra su voluntad de avanzar hacia una redefinición de la relación con los sindicatos en la provincia. Mientras con sindicatos como el SEP prima la continuidad de un vínculo de subordinación abierto garantizado por el burócrata Pihen (el primero en cerrar paritarias provinciales a la baja cada año), con la UEPC logró estabilizar un pacto de paz social en momentos de ajuste al bolsillo docente y SMATA y UOM continúan garantizando la pasividad en las fábricas y talleres mientras avanzan los despidos de contratados; el gobierno provincial mueve nuevas piezas. Por ciertas que puedan llegar a ser las prácticas de estafa a los trabajadores del dirigente del Surrbac, Mauricio Saillén, -lo que, más o menos visiblemente, es la norma de las conducciones burocráticas- es difícil no ver en su detención la mano de un PJ que se prepara a desembarcar, por primera vez en décadas, en la intendencia capitalina y no quiere desafíos a su gobierno. No se trata de que el Surrbac pueda expresar algún tipo de posición combativa, sino de una conducción que acumuló una cuota de poder en los negocios de la Municipalidad y un relativo juego propio en el terreno de los alineamientos sindicales -dirigiendo la CGT Rodríguez Peña, más afín al kirchnerismo- que el peronismo no está dispuesto a tolerar. Es que el PJ se prepara para una situación de gobierno excepcional: gobernará la provincia, la Municipalidad de Córdoba y tendrá mayoría automática en la Legislatura y el Concejo Deliberante capitalino. El que gana, conduce.
En este cuadro general, la represión a los trabajadores de Luz y Fuerza fue coronada por la denuncia, conocida en las últimas horas, por supuesta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación a la cúpula del sindicato. No es nuevo. Lo mismo intentó De la Sota, allá por el 2001, cuando en medio del ajuste nacional y provincial arremetió para privatizar la EPEC y, para doblegar la resistencia de los trabajadores, presionó a la Justicia que lanzó una orden de captura contra la cúpula del sindicato por supuestas irregularidades en la farmacia del gremio. Los dirigentes Lorenzo Racero, Santiago Clavijo, Juan Medina y Jorge Molina Herrera fueron detenidos. Schiaretti desempolva el manual del ajuste peronista: aislar para atacar.
El gobierno sabe que el ajuste no puede pasar sin modificar la relación de fuerzas social de la provincia, lo que, en última instancia, se mide por su capacidad de asestar derrotas a las trincheras obreras. Atacar a poderosos sindicatos que, más allá de sus conducciones, mantienen importantes conquistas laborales que defender, es condición previa del ataque más general sobre el conjunto de los trabajadores y sectores populares. Para eso, lanzan campañas de desprestigio desde los grandes medios de comunicación para volver a la población en contra de los trabajadores. Pero el ataque contra los trabajadores de Luz y Fuerza, lejos de ser nuevo, profundiza una ofensiva que viene avanzando y que impone discutir lo hecho hasta ahora por la conducción del sindicato. Mientras el año pasado el gobierno lanzaba ataques a su convenio colectivo, detención y cesantías de trabajadores, ocupación policial de los edificios y discusión de un nuevo marco regulatorio de la energía eléctrica que pretende avanzar en una futura privatización de EPEC, la conducción de Luz y Fuerza se negó a medidas contundentes -que exigían trabajadores y trabajadoras en asambleas por sector- y apostó a las mesas de negociación y la vía judicial. La situación actual es, en buena medida, producto de no haber respondido a la altura del ataque del gobierno provincial, impulsando medidas que fuesen en el sentido de sellar una alianza con el pueblo trabajador de Córdoba que padece los tarifazos.
Más en general, las cúpulas sindicales son garantes de su propia debilidad cuando, asumiendo como propia la fragmentación de la clase obrera impuesta desde la ofensiva neoliberal, actúan -en el mejor de los casos- en defensa de los intereses corporativos de los trabajadores estables bajo convenio, permitiendo que avance la precarización y dejando sin representación a una enorme gama de trabajadores bajo contrato, tercerizados y con distintas modalidades de flexibilización. Esto implica, en los hechos, que gran parte de la juventud que trabaja no está representada por las organizaciones sindicales.
Dice Nicolás del Caño en su libro “Rebelde o Precarizada”: “de los 190.000 jóvenes que trabajan en Córdoba el 61,5 % está ‘en negro’. Si le sumamos los ‘cuentapropistas informales’, ese número salta al 70 %. Hablo de cientos de fábricas, de comercios, del turismo y de ‘nuevas plataformas’ como Rappi, Glovo y Uber Eats. Los que están un poco mejor viven tercerizados. O contratados en automotrices, metalúrgicas, call centers y otros servicios”. Son los sectores que más sufren el impacto de la crisis, junto a los trabajadores que están desocupados y son golpeados por una inflación que avanza impiadosamente. Sin unir estas fuerzas sociales es imposible derrotar los ataques del gobierno y el empresariado. La coordinación de los distintos sectores dispuestos a dar pelea se impone como una necesidad vital: desde los movimientos sociales independientes de la estrategia del “triunvirato piquetero” que busca garantizar la paz sociales en las calles, pasando por sectores del movimiento obrero como los trabajadoras y trabajadores de Luz y Fuerza, los trabajadores de Minetti que una y otra vez apelan a la lucha y la solidaridad, las y los docentes combativos que en las pasadas elecciones consolidaron un polo antiburocrático que se expresó en las calles en el paro de CTERA, hasta los jóvenes precarizados que son los blancos principales de los despidos que empiezan a avanzar en distintos talleres metalúrgicos de la provincia y los jóvenes del movimiento estudiantil combativo. Una coordinación que tiene que tomar como bandera la incondicional defensa de los trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza y su organización sindical. Algo de esto empezó a germinar en la pasada lucha de los trabajadores de Minetti, donde la fábrica se convirtió en un laboratorio de unidad obrera y popular para organizar la solidaridad. Nuestra apuesta es al desarrollo de polos de coordinación de los trabajadores, las mujeres y la juventud que no solo levanten un programa con medidas inmediatas y de fondo frente a la crisis sino en perspectiva aglutinen la resistencia social al saqueo en curso.
