Contra las cuerdas del fraude y la ilegalidad se encuentran el ex ministro Mañalich, Sebastián Piñera y el actual ministro de Salud, Enrique Paris, entre otros. Esto tras la revelación de la ex funcionaria del Minsal, Andrea Albagli, a quien el gabinete de Mañalich le solicitó alterar datos relacionados al manejo e información epidemiológica desde el inicio de la Pandemia ¿Cómo frenamos esta ola de fraudes que ha costado decenas de miles de fallecidos?
Lunes 12 de octubre de 2020
Varias son las acusaciones que la ex funcionaria del MINSAL, Andrea Albagli -psicóloga de profesión y magíster en Salud Pública y Epidemiología- realizó el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía: orden del gabinete ministerial de manipular datos para que no superaran los registros paralelos, privados y secretos de Mañalich; retrasar los informes para estar por debajo de las "cifras oficiales"; ocultamiento de la tasa de letalidad por seguro médico (FONASA/ISAPRE); uso inadecuado de la nomenclatura de casos COVID, etc.
Todo esto, acusa la ex funcionaria, ya que "por orden del gabinete no debíamos incorporar esa información, porque no se podía publicar nada que nos hiciera ver mal". La gota que rebalsó el vaso fue que se ocultarán las diferencias entre los fallecidos que correspondían a Isapres y Fonasa donde, según los informes del equipo donde trabajaba Albiagli, los últimos presentaban casi el doble letalidad por COVID-19 (86% más de probabilidades de morir por COVID-19 si eres de FONASA).
Así, en su declaración señaló: «Cuando informo de la diferencia de letalidad entre Isapre y Fonasa, no se tomó ninguna decisión o gestión, y es todavía negado por el ministro actual." Es así como el 28 de septiembre, Enrique Paris aseguró ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que «la verdad es que cuanto más pobreza hay, hay más posibilidad de contagio, pero no más posibilidad de fatalidad, no hay una relación entre letalidad y pobreza, eso significaría que los pacientes son atendidos en forma discriminada».
Mañalich, Paris y Piñera: un blindaje criminal en La Moneda
A raíz de las declaraciones de la ex funcionaria del Minsal, la Fiscalía Centro Norte requirió información al ex ministro y al poder Ejecutivo (representados para este caso por Piñera, Paris y las dos subsectretarías de salud). Sin embargo, marcando un peligroso precedente para la justicia chilena, estos se han negado apelando a que son temas de "seguridad nacional". En palbras del Fiscal Xavier Armendariz " la autoridad requerida se ha negado a entregar la información, invocando el resguardo de la seguridad nacional (además de otras razones ajenas al debate de autos). Sin embargo, dicha autoridad, en su informe, ni siquiera efectuó un esbozo de oposición respecto de los antecedentes que interesa a esta investigación".
Al día de ayer, la defensa legal de Mañalich ha acudido a las maniobras del rubro para solicitar a la Corte Suprema que se cite al ex ministro a declarar ante el Miniterio Público (Fiscalía):
"... a efectos de que mi representado sea citado a prestar declaración en la investigación en la que inciden estos autos, oportunidad en la que el Ministerio Público podrá solicitar antecedentes necesarios y pertinentes para la investigación de hechos determinados". Sostiene la solicitud de la defensa de Mañalich. Defensa que al igual que la de Piñera y Enrique Paris, se opone a que la Fiscalía acceda a todos los correos de las autoridades de febrero a la fecha.
¿Puede haber autonomía de los funcionarios en la gestión y administración de los datos en la salud pública?
En base a quienes detentan la Autoridad Sanitaria actualmente, esto no es posible, pues los jefes del ministerio, sus subsectretarías y la SEREMI forman parte de esta autoridad máxima en salud, dentro del poder ejecutivo. Un Ejecutivo, un sistema presidencial, que en todos sus ministerios cuenta con hechos en que el fraude y la corrupción son conscientemente cometidos con el fin de resguardar los intereses de unos pocos.
El hecho de obligar a unos funcionarios a cambiar los métodos de información, modificar u ocultar datos, ha tenido un objetivo que no es solo "no quedar mal", sino que como vimos justificaba las políticas sanitarias más aberrantes para contener la pandemia y no "entorpecer la economía". Aberrantes, pues para la población trabajadora esto ha implicado más de 15.000 fallecidos por COVID, en un sistema que a vista de todos y con datos duros, discriminó según el seguro de salud que se tiene, en medio de la pandemia más crítica de las últimas décadas. En palabras de Albagli "si supuestamente hay una asignación unificada de camas (que manejaba por igual las de hospitales y clínicas) ¿Cómo se explica esta diferencia? ".
Hoy el tema se resolverá (o no) en los tribunales, sin embargo, es profundamente peligroso que la información más sensible de la salud de una población sea manejada por un grupo de gobernantes que además mantienen intereses en el mundo de los negocios de la salud por una parte y por otra, mintieron a todo un país con tal de disminuir la percepción del riesgo y así mantener funcionando, mediante la riesgosa salida de trabajadores, una economía en beneficio de un puñado de empresarios que además detentan el poder del Estado, con el costo en vidas que ya hemos citado.
Pero la solución de fondo no pasará por una acusación ni judicial ni constitucional, sino por resolver un par de temas fundamentales: la gestión objetiva de la información y su control, así como acabar con un sistema de salud que funciona bajo lógicas de mercado y no como parte de un derecho.
Es por esto, que en tiempos en que se cuestionan los pilares de la Dictadura es preciso levantar una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde el este derecho fundamental sea asegurado mediante un Sistema Único de Salud, cuya gestión y control esté en manos de quienes verdaderamente lo echan a andar: profesionales, administrativos, técnicos y auxiliares de la salud, de manera independiente a los poderes de un ejecutivo que celosamente ha sido capaz de mentirnos con tal de mantener ganancias económicas y la perversidad de este sistema mixto de salud donde solo ganan empresarios como Mañalich, Paris o Piñera a costa de miles de vida de la clase trabajadora.
Pero somos realistas y por eso es que desde La Izquierda Diario y el Partido de Trabajadores Revolucionarios, sabemos que una salud así no será respetada por quienes lucran y han gobernado estos 30 años tras el plebiscito del 88 y a la par de la ACLS, no renunciamos al método de la Huelga General para que esta vez no sólo tambalee , sino para que de una vez por todas el gobierno de Piñera sea derrocado y dé paso a que las y los trabajadores decidan que sociedad construir sobre las ruinas del régimen heredado de la Dictadura.
