La puesta en marcha de legislaciones pro consumo recreativo de marihuana en el mundo enfrenta ahora un desafío crucial. Tanto la enmienda del Estado de Colorado como la sucedida en Washington en Estados Unidos irán diluyendo su imagen de conquista social para desnudar lo que en verdad significan: la producción y la distribución de la marihuana como una mercancía más dentro de un sistema de libre mercado competitivo e injusto, y un Estado voraz ansioso de cubrir sus baches presupuestarios con nuevos gravámenes impositivos.
Jueves 18 de diciembre de 2014
A nivel mundial, el avance en la legalización de la marihuana es paulatino pero constante. En la actualidad, 5 países han alcanzado progresos en sus normativas, aunque con métodos y maneras dispares. En Holanda, al contrario de la creencia popular, la marihuana no se encuentra legalizada, sino que se autoriza su consumo únicamente en los famosos cofee shops. Portugal se convirtió en 2001 en el primer país europeo en abolir las penas criminales para la tenencia de drogas, incluidas la marihuana, cocaína y metanfetamina.
No responde a una liberación del consumo, sino que lo que antes se consideraba delito ahora pasa a ser una falta administrativa sensible de sanción. Corea del Norte, correspondiendo a su tendencia de ir a contramarcha del resto del globo, ni siquiera considera a la marihuana como una droga, y por lo tanto no se encuentra penalizada bajo ningún concepto. Uruguay es el Estado más innovador, al concentrar en las manos estatales la producción, distribución y regulación del cannabis (aunque con cambios de último momento que ponen en riesgo su “innovación”). Y los Estados Unidos, un caso muy complejo y particular, como veremos.
Luego de varios meses desde la implementación de las enmiendas 64 y la I-502 en los Estados de Colorado y Washington respectivamente, pueden vislumbrarse los efectos, en su mayoría de carácter positivo, que se han producido a raíz de la despenalización de la venta y posesión de marihuana para su uso recreativo. No obstante, el criterio de libre mercado utilizado en la “tierra de la libertad” supone riesgos hasta ahora velados por el entusiasmo y el furor iniciales, pero latentes.
La enmienda 64 fue votada en noviembre de 2012 y puesta en marcha en enero del año actual. Impulsada por la ONG Sensible Colorado dentro el Estado homónimo, esta enmienda establece la legalidad de la producción y distribución de marihuana y de su uso lúdico en mayores de 21 años. A su vez, contempla un programa de control municipal y estatal estricto, fijando límites en las cantidades a las que son posibles acceder de la sustancia y la cantidad de negocios licenciados por el Estado capaces de comercializarla. Se permite la tenencia de hasta 6 plantas domiciliarias y la tenencia de hasta 28 gramos para uso personal, aunque su consumo en la vía pública se encuentra prohibido.
En el Estado de Washington, al noroeste de los Estados Unidos, la Iniciativa 502 (I-502) se ha visto impregnada de un espíritu similar, aunque no idéntico. Puesta en marcha en Junio de 2014, indica que la tenencia y la comercialización de marihuana se encuentran despenalizadas. Sin embargo, se prohíbe el autocultivo de los usuarios para uso personal y, como en las Rocosas, no se permite el consumo en la vía pública.
Ambas legislaciones estatales han servido como prueba piloto para el mundo entero no sólo en sus objetivos, sino en su forma de implementación. Tanto en Denver como en Seattle los productores encargados de la marihuana son farmers privados, los cuales deben aplicar a una licencia especial, otorgada por las autoridades municipales, para éste tipo de productos. El Estado se encarga de realizar controles periódicos de calidad y de mantenimiento del orden público, como los controles automovilísticos. Nada más. Ah, y recauda impuestos. Muchos impuestos.
Son los nuevos taxes que traería el incipiente negocio lo que para muchos inclinó la balanza del lado del “si” a la legalización de la marihuana. Un gravamen de 25% a la venta al público se ha impuesto para sortear los gastos que produce la creación de nuevas instituciones de control y los refuerzos policiales. En tan sólo el primer día de efectiva la enmienda en Colorado, las arcas estatales recibieron cerca de 1 millón de dólares por fiscalización, y se estima que para fin de año los tributos impositivos adheridos a la venta de marihuana alcancen los 250 millones de dólares únicamente en el estado de las Rocosas. Mucho dinero que se estaba “perdiendo”.
Los efectos positivos de la legalización de esta sustancia prohibida se dejan sentir en los números. La criminalidad, que se presumía que iba a dispararse no sólo no aumentó, sino que disminuyó. La policía de Denver asegura que los atracos y robos bajaron entre un 4% y un 5% en los primeros cuatro meses del año. Asimismo, los accidentes de tránsito, que aumentarían de forma proporcional a la cantidad de gente “drogada” que estuviera al volante, sorprenden por su baja de 25.5% en accidentes fatales en el mismo período de 4 meses. Se han generado cantidad de puestos de trabajo por la creciente industria, fomentando la inmigración de trabajadores, y se ha creado un atractivo turístico más a una zona ya de por sí importante en este sentido.
El sistema implementado de propiedad privada de los medios de producción en los Estados de Washington y Colorado pone de relieve ciertos aspectos de la idiosincrasia norteamericana que siempre son para destacar. El Estado ejerce un control de normalización y establece un marco jurídico aceptable, pero nada más. Luego, los productores, comercializadores y consumidores, pasada la euforia inicial, se ven envueltos en una dinámica de libre mercado en la cual el competidor más eficiente (y con eficiencia no se refiere a un mejor producto o más saludable) tiende a acaparar el mercado progresivamente hasta concentrarlo en unas pocas manos. Por ahora, en un mercado incipiente como el de Colorado, se ven pequeñas tiendas las cuales ofrecen variedad de bienes en stocks no tan amplios, pero ya podemos imaginar que progresivamente, conforme las leyes pro cannabis vayan ganando aceptación en los demás Estados de la Unión (según especialistas en un horizonte no muy lejano), grandes multinacionales -como las tabacaleras- verán al negocio con buenos ojos. Es justamente al modelo de las industrias del alcohol y de las tabacaleras internacionales a los cuales los impulsores de las nuevas legislaciones pretenden que se asemeje el mercado del cannabis. Cuando fue preguntado por la cuestión, Sebastián Basalo – Director de la Revista THC y uno de los baluartes locales del movimiento pro cannábico – resultó categórico. “No pasa por pasar totalmente al otro lado y entregarle la marihuana servida a un sistema capitalista que maneja la maximización de beneficios como principio elemental”.
“El camino más viable para evitar el enviciamiento de un mercado tan complejo como el de la marihuana es el del autocultivo del propio consumidor. El mismo se encuentra contemplado en la Enmienda 64 de Colorado y en la –más “progresista”- ley de marihuana libre del Uruguay, donde Montevideo inclusive reglamentó los clubes de membrecía. Sobre los beneficios del modelo uruguayo es que se pronuncia Basalo: “[Los clubes sociales de cultivo] son el camino que ya se vislumbra como la alternativa más eficaz a la prohibición”.
Pero el modelo estatal uruguayo dista de ser perfecto. Las complicaciones que genera la concentración de la producción y distribución de la marihuana en manos estatales ya han generado suspicacias y comentarios pesimistas, con un gobierno viéndose desorientado con respecto a qué camino tomar. Lacalle Pou, quien fuera candidato del Partido Nacional en las recientes elecciones, se había comprometido a derogar parte de la ley de marihuana, respetando únicamente el derecho al auto cultivo debido a la presunta dificultad de mantener un mercado estatocéntrico tal cual había sido concebido por Pepe Mujica. Inclusive el recientemente electo Tabaré Vázquez ha declarado que seguirá muy de cerca el impacto social de la ley y la someterá a revisión en caso de que resulte inadecuada o que la misma tenga serios problemas de aplicación.
La legalización de la marihuana no es un menester que deba ser tomado a la ligera. Ni tampoco la mercantilización indiscriminada de una sustancia psicoactiva que hoy en día ha alcanzado status de consumo masivo a nivel mundial. El autocultivo no se encuentra explayado en esta nota como una respuesta contestataria ante la figura del Estado, sino como un bastión que garantice las libertades civiles en un marco legalizador, para que el consumidor pueda mantener como una alternativa totalmente confiable la autogestión del producto. Y, sin embargo, podemos vaticinar que esta suerte de “libertad de plantas” tiene un destino complicado en el largo plazo, cuando los intereses creados por los lobbys de la incipiente industria cannábica produzcan un peso que resulte mortal a éstas conquistas de la sociedad civil.
La lucha por la legalización para terminar con el narcotráfico, defender la libertad de consumo y auto cultivo, sostener que estas medidas van de la mano de otras que garanticen un amplio manejo de la correcta información para los usuarios, como a su vez garantizar la calidad y enfrentar la desidia del mercado capitalista para que no lucre con nuestros gustos, intereses y decisiones es un todo que nos plantea una perspectiva más profunda que la legalización y nos encamina a cuestionar, desde este ángulo, al capitalismo como sistema.
