EL CASO DEL PREFECTO LADRÓN QUE SE CONFESÓ SERVICIO. El caso de Díaz Gorgonio sería una nueva prueba de espionaje contra la protesta

Los testimonios judiciales donde el prefecto Díaz Gorgonio y sus colegas confiesan que trabajaban para la Dirección de Inteligencia Criminal, desde donde realizaban espionaje sobre protestas sociales, son un nuevo escándalo en la “guerra de servicios” que rodea al caso Nisman.

Esta semana trascendió que una integrante de la Policía Federal, agente de inteligencia, declaró bajo juramento que junto a Díaz Gorgonio "hacíamos un parte en el que constaba el tipo de protesta, quiénes las llevaban a cabo e informábamos inmediatamente a la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad".

La espía de la Policía aseguró formar parte de un grupo de tareas que integraban otros tres integrantes de su fuerza, cuatro de Prefectura, dos de Gendarmería, y cuatro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según reconocieron, el grupo se encargaba de recabar información sobre "tomas, cortes de ruta o desapariciones", las cuales se remitían "a las direcciones de Inteligencia de cada una de las fuerzas, como así a la Secretaría de Seguridad".

Si se confirman todos estos hechos, no hacen más que probar lo que desde la izquierda y los organismos de derechos humanos venimos denunciando desde hace años, y además probamos con la denuncia del Proyecto X y el militar infiltrado en las marchas de Lear. Que desde las agencias de inteligencia, en este caso desde la Dirección de Inteligencia Criminal que responde a Sergio Berni, se hace espionaje sobre las protestas sindicales y sociales.

Díaz Gorgonio, según refleja su propio legajo, ingresó a la Prefectura en 1981, durante la dictadura militar, y se convirtió en agente de inteligencia en enero de 2001, momentos en el que el movimiento obrero y popular estaba en las calles, en un proceso que desembocaría en la rebelión que tiró al gobierno neoliberal de Fernando de la Rúa. Hoy, más allá de la dependencia donde pasa a cobrar, las confesiones del prefecto y sus colegas confirmarían que este prefecto, con toda esa trayectoria, sigue realizando espionaje sobre cortes y movilizaciones.

El gobierno dice que no es así, que son operaciones de Sergio Massa. Nosotros no confiamos en un político asesorado por personajes como Juanjo Alvarez, servicio de inteligencia durante la dictadura. Pero tampoco en un Sergio Berni que ha enviado a infiltrar las protestas contra Lear, tanto en Panamericana como en el Puente Pueyrredón, y nos ha enviado a reprimir a Nicolás del Caño y a mí cuando hemos acompañado la protesta por la reinstalación de estos trabajadores.

Estos casos que venimos denunciando muestran que las fuerzas de seguridad se sigue valiendo de la mafia de los servicios, que son parte de operaciones políticas y cuya principal tarea es espiar e infiltrar las protestas obreras y sociales, como ya denunciamos durante el conflicto de Lear. Por eso seguiremos exigiendo la apertura inmediata e integral de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia y de la Dirección de Inteligencia Criminal, tanto la que depende de Berni como la que controla Milani.

Para eso apelaremos a la más amplia movilización, porque el gobierno y la oposición, con sus carpetazos, demuestran cada día que están enchastrados con los aparatos de espionaje.