El equipo de ZEC anuncia su intención de remunicipalizar el servicio de parques y jardines en 2018. Al mismo tiempo se compromete a ampliar las zonas en las que opera FCC hasta esa fecha.
Nerea Frejlich Zaragoza | @NFrejlich
Jueves 23 de junio de 2016
Foto: EFE
En los últimos días, además de la sentencia contra TUZSA del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la otra gran contrata de la capital aragonesa, FCC, ha sido también centro de noticias, declaraciones y compromisos.
La última nueva ha venido del mismo tribunal, pero con una decisión en un sentido muy distinto a la tomada respecto al servicio de autobuses. El TSJA ha dictado sentencia firme a favor de la empresa FCC en la que condena al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar 1.225.621 euros a la multinacional concesionaria del servicio de recogida de basuras y mantenimiento de los parques y jardines municipales. La sanción se refiere a los retrasos acumulados por el anterior consistorio del socialista Alberto Belloch entre el 2007 y el 2011, más 200.000 euros en concepto de intereses.
El Consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento, Fernando Rivarés de Zaragoza en Común, afirmó que ya han sido pagados “tres millones de euros por intereses de demora de los años 2006 a 2011, en siete sentencias que se liquidaron con el FIE (Fondo de Impulso Económico) el año pasado". Una situación que demuestra que esta gran multinacional sigue teniendo en los servicios municipales de la capital aragonesa un excelente nicho de negocio a costa del dinero público.
La sentencia se ha dado a conocer días después de que el pasado viernes el consejero de Servicios Públicos y Personal Alberto Cubero, declarara que el equipo de ZEC tiene la voluntad de remunicipalizar el servicio de parques y jardines por medio de no prorrogar el contrato con la empresa FCC que caduca el próximo 31 de diciembre del 2017.
Unas declaraciones que no son nuevas y que vuelven a trasladar a esa fecha el cumplimiento de una de las principales promesas electorales de ZEC. Además, los precedentes no son muy halagüeños, otros servicios privatizados cuyas concesiones han caducado se han vuelto a otorgar a nuevas contratas por parte del equipo de ZEC, como los Centros Municipales de Tiempo Libre y Ludotecas.
En el caso de FCC, el propio responsable de Servicios Públicos apuntaba en sus declaraciones que los trabajadores de este servicio vienen denunciando los reiterados incumplimientos de la empresa en el pliego de condiciones y contrata. De hecho, en los últimos meses la empresa ha sido expedientada con 7 sanciones graves. Para el comité de empresa se “evidencia la mala gestión que se viene produciendo en el servicio y que estas empresas priorizan sus beneficios al interés de la ciudad y de sus vecinos y vecinas”.
Los trabajadores de parques y jardines vienen defendiendo desde hace años en todas sus movilizaciones la remunicipalización del servicio por medio de la creación de una sociedad municipal que garantice la subrogación de la plantilla. Sus representantes sindicales critican las “continuas falsedades” que “desde la oposición se vienen vertiendo en relación a que no se garantiza el empleo y no produce ahorro para las arcas municipales, cuando ellos conocen de primera mano los informes municipales”.
Por todo ello vienen planteando la necesidad de abrir un estudio para la remunicipalización del servicio, algo a lo que se ha comprometido Cubero para antes de agosto.
No obstante, al mismo tiempo el consejero declaró que el consistorio va a plantear a FCC la ampliación del servicio a barrios del sur de la ciudad, Valdespartera, Arcosur y Rosales del Canal. Según anunció, su “voluntad es hacer un esfuerzo presupuestario para que la ampliación de estas zonas pueda tener lugar este año y medio que queda de contrato, pero debe ir acompañado de aumento de plantilla por parte de FCC para garantizar la calidad del servicio”.
Una decisión que es cuanto menos contradictoria con la voluntad “remunicipalizadora” manifestada. ¿No sería más coherente constituir la sociedad municipal que reclaman los trabajadores y que ésta se hiciera cargo de las nuevas zonas? ¿No sería incluso más sencillo que esta sociedad pudiera así asumir el conjunto de servicio en 2018? ¿Qué obligación tiene el Ayuntamiento de tener que entregarle estos barrios a la misma multinacional que sigue expoliando las arcas, con la ayuda de los jueces, e incumpliendo hasta los pliegos realizados por el anterior gobierno a su medida?
