Esta semana ocho Centros de Acceso a la Justicia que funcionaban en villas de la CABA fueron cerrados oficialmente y 26 trabajadores (en base a los relevamientos según ATE y UPCN) fueron despedidos de la subsecretaría de Acceso a La Justicia, dependiente del Ministerio conducido por Mariano Cúneo Libarona. Los sindicatos por ahora hacen silencio. ¿Qué hay detrás de estos cierres y despidos?
Viernes 30 de agosto de 2024 10:02
¿Que son los Centros de Acceso a la Justicia?
Los Centros de Acceso a la Justicia se crearon en el 2010, funcionando como oficinas descentralizadas del Ministerio de Justicia y se ubicaron esencialmente en zonas vulnerables, asentamientos, villas y barrios populares. Estos centros funcionan como espacio de referencia para la población aledaña, siendo en mayor parte familias que ven dificultado su acceso a diferentes tipos de trámites cotidianos y atención personalizada.
La tarea de los trabajadores de los Centros de Acceso a la Justicia justamente está planteada en relación a diferentes tipos de trámites administrativos (como documentación y diversas cuestiones de migrantes) y la atención profesional de equipos interdisciplinarios conformados por abogadas/os, psicológas/os y trabajadores sociales. Dicho plantel acompaña diferentes tipos de situaciones como la violencia de género, la violencia familiar, el acceso a becas escolares, la vinculación con defensorías públicas y el trabajo junto con la Defensoría General de la Nación en el patrocinio de cuestiones de familia, el acceso a la atención en hospitales y obras sociales, entre otras cosas.
Este tipo de instituciones y su consolidación como espacios barriales son sostenidos por equipos de trabajadores no reconocidos como tales por las diferentes gestiones, siendo la inmensa mayoría de ellos precarizados por contratos flexibilizadores sin derecho a indemnización. Esta situación laboral de buena parte del Estado es una herencia de los años ’90 que ningún gobierno se ha encargado de revertir, dejando en extrema situación de vulnerabilidad a miles de estatales que llegan a tener más de 20 años en dicha situación contractual.
El ataque del gobierno de Milei
Desde los inicios del gobierno los Centros de Acceso a la Justicia fueron blancos de ataques por el gobierno, siendo atravesado este vínculo por momentos de fuerte ofensiva contra los CAJ y sus trabajadores. La interrupción de la comunicación entre el ministerio y estos espacios produjo un recorte significativo del presupuesto mínimo que manejan dichos lugares para el funcionamiento cotidiano, que en buena parte fue sostenido económicamente por el magro sueldo de sus propios trabajadores precarizados.
En el mes de abril el Ministerio realizó su primera ofensiva fuerte sobre los trabajadores de los CAJ. Utilizó dos tipos de modus operandi. En primer lugar notificó de la rescisión del contrato a buena parte del plantel de los CAJ, sobre todo quienes tenían un nivel bajo de antigüedad. Por otro lado aplicó una “baja” del sistema operativo que utilizaban a un número mayor de trabajadores, sobre los cuales en muchos casos volvió a dar de alta posteriormente pero dejando ya instalado el temor de perder el trabajo. Cabe aclarar que buena parte de los que fueron dados de alta, posteriormente fueron despedidos en las tandas subsiguientes. A su vez, centros emblemáticos como el CAJ “Eva Perón” ubicado a una cuadra de Plaza Once fue cerrado con el argumento de que “no hay plata” para sostener un alquiler de un lugar de atención a los sectores más vulnerables.
En ese entonces, además de los despidos, desde las altas esferas del Ministerio comenzaban a planificar el desarrollo de un clima de trabajo hostil, donde muchos de los empleados constantemente viven con el miedo de no saber si al día siguiente van a poder continuar llevando un plato de comida a sus familias, temor que en un buen número de casos va a verse posteriormente confirmado. En ese entonces no hubo ninguna comunicación oficial, generando ello más incertidumbre sobre el futuro derrotero de esta política.
A inicios del mes de junio, el Ministerio de Justicia volvió a salir al ring, esta vez de forma más planificada. Mediante una comunicación en X por parte del ministerio y una resolución oficial, el gobierno planteó su “plan estratégico” para los CAJ, con varios puntos clave: despidos del personal, traslados del personal territorial a una línea 0800 y el mantenimiento de un sólo CAJ por provincia. Esta política atenta contra el contenido de los Centros puesto que su objetivo es el fortalecimiento del acceso, dando cuenta de que el problema de hacer un documento, solicitar asistencia por violencia de género o vincularse con una defensoría oficial tiene mucha más dificultad en lugares ubicados en las periferias de los centros urbanos, donde las barreras del transporte, el trabajo y los cuidados domésticos hacen difícil la movilidad de media y larga distancia. Algo similar pasa con la atención telefónica, donde la propia comunicación es más limitada y requiere de requisitos como una red telefónica en buen funcionamiento, el colapso mayor de estas herramientas para la atención, entre otras cosas.
Esta semana largaron el tercer round desde el gobierno. En este caso el ataque fue focalizado, el blanco fueron los sectores vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron cerrados los CAJ de Villa 1 11 14, Ciudad Oculta, Villa 20, Villa 21-24, Villa 31, Barrio Ramón Carrillo, Barrio Mitre y Villa 31. Junto con ellos despidieron a gran parte de los equipos de estos Centros que ya venían siendo desarticulados por medio de despidos anteriores. Estos CAJ son espacios de referencia para la comunidad, focalizados en zonas donde existen altos rangos de necesidades básicas insatisfechas mucho más altas que el promedio de la Ciudad de Buenos Aires, claramente fue un ataque selectivo en el marco de una ofensiva que según ya han declarado, pretenden hacer en el resto del país.
La hipocresía y las provocaciones de Cúneo Libarona
El Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona se hizo presente el martes en la Comisión de géneros y diversidades de la Cámara de Diputados- En dicha presentación hizo una defensa prepotente y reaccionaria de la familia tradicional contra las diversidades y la identidad de género. Mientras hacía esta “defensa de la familia”, su ministerio cerraba oficinas donde desde 2019 por medio de convenios con la Defensoría General de la Nación se han patrocinado a más de 2500 partes actoras en cuestiones relativas a derecho de familia como alimentos, régimen de comunicación, violencia familiar, tutelas y guardas, entre otras cuestiones. Aparentemente la defensa de la familia no es para los grupos familiares pobres.
Su exposición no solo quedó en dichas afirmaciones. También hizo referencia a los CAJ y sus cierres con una serie de mentiras. Afirmó que dicha labor se encontraba en superposición de tareas con otro tipo de áreas como la Secretaría de Derechos Humanos. Para empezar, el rol de los Centros en el marco de la política pública es transversal y está ligado justamente a un problema de tipo territorial, pudiéndose canalizar reclamos hacia otro tipo de áreas (como por ejemplo Salud y Educación) en espacios de proximidad teniendo en cuenta los obstáculos burocráticos y administrativos de poder acceder a una salud, educación de calidad o a la defensa pública tal cual está establecido por la constitución. Por dicha función es lógico que complemente el rol de otro tipo de organismos donde el acceso sólo está cubierto en centros urbanos y no en las periferias.
También caracterizó a estos lugares como un “gasto inútil”. Cabe aclarar que los lugares físicos que el gobierno cerró en esta última oleada no requieren un gasto mensual por el espacio y funcionaban con un presupuesto y recursos mínimos de insumos de oficina. Dichos lugares habían sido cedidos por parroquias de Hogares de Cristo o espacios públicos de los gobiernos de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. En ninguno de ellos se pagaba alquiler, eran lugares con un presupuesto ínfimo si se compara con otro tipo de partidas presupuestarias como los miles de millones que el gobierno paga al FMI y los organismos internacionales o partidas extraordinarias como los 100 millones de dólares otorgados a las cloacas de los servicios de inteligencia de la SIDE bajo la categoría de “fondos reservados”.
Hay que enfrentar los despidos y los cierres de los CAJ
A pesar de todos ataques a los trabajadores, las conducciones sindicales de UPCN y ATE no han realizado hasta el momento ningún tipo de acción significativa. En esta nueva ofensiva, esto toma mayor gravedad dado que los despidos y los cierres de los CAJ no son otra cosa que una crónica de acciones ya anunciadas, sobre las cuales ninguno de los gremios ha tomado una medida contundente frente a esta guerra que propone el gobierno de Milei y el Ministro Cúneo Libarona al acceso a la justicia.
Las consecuencias de dicho accionar criminal por parte de este gobierno son posibles producto de una de las peores herencias vigentes del menemismo, la flexibilización y la precarización laboral. Todos los trabajadores contratados para la implementación de esta Secretaría en la época de CFK y de ese momento en adelante fueron bajo ese tipo convenios, dejando abierta la posibilidad de que sean despidos actualmente empleados de más de 12 años de antigüedad en su puesto de trabajo y más aun tomando en cuenta las antigüedades dentro del Estado.
Este ataque a los CAJ y sus empleados se enmarca en un ajuste generalizado hacia el pueblo trabajador donde también se estructuran los aumentos millonarios de las tarifas, desmantelamiento de la RED SUBE y el dejar liberado a la voraz saña de las patronales rapaces el precio de alimentos e insumos básicos.
Dicho ajuste con la desaparición de este tipo de espacios físicos sin ningún tipo de reemplazo produce una discriminación a conciencia desde el Estado. Varias necesidades que, con todos los límites, buscaban cubrirse en los CAJ como por ejemplo la búsqueda de vacantes escolares, el contacto con organismos para realizar amparos de cobertura de salud, el derecho a la identidad o el acceso a la defensa pública ya no van a estar presentes en los territorios vulnerables.
Esta política abre un manto de incertidumbre, teniendo en cuenta el nivel de demanda de este tipo de actividades no es nada descartable que organizaciones de tipo clientelar como el narcotráfico surjan a partir de estas retiradas del territorio en servicios de tipo esencial. Por todo este tipo de razones es importante que los sindicatos tomen la posta y convoquen a medidas para enfrentar esta medida antipopular del gobierno criminal de Javier Milei para que no haya ningún despido ni cierre, la coordinación con otras luchas como la que se da en el mismo ministerio por parte de los trabajadores y vecinas/os de los espacios de memoria es clave para el fortalecimiento de este conflicto.
