Cuando el cobre llega a su precio más alto en 8 años, los campamentos en la región crecen aceleradamente. Entrevistamos a Daniel Vargas, abogado y parte del Partido de Trabajadores Revolucionarios, quien nos explica su propuesta de plan de viviendas y de emergencia habitacional para el pueblo trabajador.
Viernes 11 de diciembre de 2020
Antofagasta es una región eminentemente minera, uno de los principales centros económicos del país. Aún en pandemia, la semana pasada, el precio del cobre alcanzó un aumento de US$3,481 en la Bolsa de Metales de Londres, lo que no se veía desde el año 2013. Según Cochilco, la productividad laboral minera aumentó un 25% en el tercer trimestre y 28% en el segundo. Esto principalmente debido a que las mineras nunca dejaron de producir, incluso con menos dotación y en los peores momentos de la pandemia y contagios entre los trabajadores.
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Sin embargo, las millonarias riquezas que genera el cobre, no se expresan en mejores condiciones de vida para las y los habitantes de la región y sus familias, donde una parte importante vive hacinada en campamentos.
Actualmente, en la región existen 79 asentamientos, con 7.641 hogares, siendo la comuna de Antofagasta la que concentra los mayores números, con 63 campamentos y 5.581 familias; incluso este año se fundó un nuevo campamento “Altamira” con alrededor de 120 familias. Una realidad que va en aumento, muchos sin acceso a agua potable o alcantarillado en plena pandemia. Inclusive reciente estudio del MINVU, ha señalado que al menos son 12 mil las personas que se encuentran viviendo en zonas de riesgo, es decir, un 37% del total nacional. Con 4.625 hogares pertenecientes a 53 campamentos situados en áreas cercanas al límite urbano (47 en Antofagasta 6 en taltal), quienes podrían verse afectados por múltiples factores, tales como remociones en masa (exposición a aluviones, avalanchas y desprendimientos), inundaciones (por ubicarse en el borde de cauces o en áreas costeras), incendios y pendientes, entre otras situaciones potencialmente graves.
Esta realidad de miles de hogares en Antofagasta va en aumento, tónica que se reproduce a nivel nacional, siendo uno de los factores principales la crisis económica. Según “Encuesta Covid-19 en Campamentos de Chile”, realizada por la Escuela de Gobierno UC y la organización Techo a más de 5.600 jefes de hogar que viven en este tipo de emplazamientos, del total de entrevistados un 73% tenía empleo antes de la pandemia, en mayo, un 34% lo mantenía y la cifra baja al 25% en septiembre. La encuesta resalta que la caída en el empleo es más profunda que en el resto de la población nacional, pues si se compara la evolución del empleo a nivel nacional, se observa que en los últimos meses se han ido recuperando, mientras que en los campamentos la tasa de participación laboral ha seguido disminuyendo.
Lo anterior, se explica porque muchas familias que habitan en campamentos tienen empleos informales, con ingresos diarios, sin contratos, y la inmensa mayoría requiere presencialidad. Ese tipo de empleos se han visto fuertemente afectados por la pandemia. Lo que sin duda ha afectado a la vez en la salud mental de quienes viven en campamentos. Según la “Encuesta Covid-19 en Campamentos de Chile”, entre mayo y septiembre aumentaron las personas que se sienten deprimidas (de 32% a 37%), las que reportan problemas para dormir o que duermen mucho (34% a 43%), los cansados o con poca energía (28% a 39%) y los con poco apetito o que comen mucho (36% a 46%). En resumen, quienes padecen tres o más síntomas de malestar en su salud mental subieron de 33% a 41%.
¿Sabías que el cobre alcanzó su nivel más alto en casi 8 años y que a la vez hay más de 7 mil familias viviendo en...
Publicado por Daniel Vargas en Miércoles, 9 de diciembre de 2020
Frente a esta cruda realidad, es que Daniel Vargas, abogado, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, y quien se postulará como constituyente, nos señaló que “la vivienda en Chile no es un derecho sino un negocio. Existen a lo largo de Chile más de 700 mil familias viviendo en campamentos y más de 2 millones hacinadas, y Antofagasta no es la excepción. Es sólo cosa de mirar cómo los arriendos llegan a cifras inalcanzables para los sueldos de la mayoría de las familias trabajadoras, viéndose obligados a vivir en esas condiciones, sobre todo quienes son inmigrantes, para luego ser reprimidos y desalojados por Carabineros”.
"No puede ser que más familias estén viviendo estas condiciones, sobre todo ahora en plena pandemia, mientras las grandes inmobiliarias se enriquecen, dándose el lujo de tener departamentos completos sin arrendatarios por los altos costos”.
El abogado refirió que, si bien, frente a esto existen medidas que buscan paliar esta situación, como son los proyectos de Inmobiliarias Populares, que impulsa por ejemplo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, del Partido Comunista, serían medidas que no resuelven el fondo del déficit de viviendas.
Su propuesta señala, tiene que ver con enfrentar el negocio de la vivienda y de los recursos naturales como el cobre, para ponerlos al servicio de las necesidades de las mayorías y no de los bolsillos de magnates como Luksic, Escondida u otros, proponiendo que “para resolver el problema de vivienda de miles de familias, pasa por levantar un plan de viviendas y de emergencia habitacional, junto a un plan de infraestructura y obras públicas, que sea financiado con las riquezas del cobre e impuestos a los grandes negocios inmobiliarios, siendo clave para garantizar que estén al servicio de las familias trabajadoras y pobres, impulsarlos bajo gestión de los trabajadores, comités de vivienda y organizaciones populares”.
