Se aprobó en la Legislatura jujeña la reglamentación de la Ley 6116 que cobrará a migrantes extranjeros transitorios por el acceso al sistema de salud pública . Diputados de la UCR y el PJ festejaron esta medida con argumentos cargados de revancha y racismo. ¿Qué hay detrás de esta Ley que deja un pésimo antecedente sobre el derecho universal a la salud en el país?
Lunes 23 de septiembre de 2024 19:27
La UCR cada vez más libertaria junto a la mayoría de los legisladores del bloque UXP aprobaron de forma exprés la Reglamentación de la Ley 6116 para el cobro de la salud a extranjeros en Jujuy. El proyecto de Ley, ingresó dos días antes, no tomó estado parlamentario y no se trató en comisión, se aprobó de formas exprés. El diputado Omar Gutierrez, justificó que fuese de esa manera, porque ya hubo debate cuando se aprobó la ley y el mismo está saldado.
Hay que aclarar que durante el 2018 y 2019 hubo pronunciamientos nacionales e internacionales ante el avance de una Ley que iba a dejar un pésimo precedente en el país, pero que sobre todo es violatoria de la Constitución Nacional, Ley de Migraciones, y tratados internacionales de derechos de las personas migrantes y derechos humanos, que pueden leerlos aquí y aquí. Como diputados de izquierda fuimos el único interbloque que nos opusimos desde un principio, y denunciamos en ese momento y ahora, que tras los discursos de xenofobia y racismo, se avanzaba con la privatización del sistema de salud público, acorde al Plan Estratégico de Salud, impulsada por el ministro de salud antiderechos, Gustavo Bouhid.
Datos matan relato
Entre los argumentos del proyecto de Ley se afirma que, por ser una provincia fronteriza se recibe una gran cantidad de personas extranjeras que solicitan atención sanitaria, habiéndoseles brindado hasta ahora un servicio de calidad y gratuito, en detrimento de los nacionales que muchas veces deben postergar su atención por el colapso del sistema. ¿Pero es así?
Según el anuario del Ministerio de Salud de Jujuy del 2019, hubo 49.175 egresos hospitalarios, de los cuales 121 fueron de otros países. Un 0.28%. En el 2021, hubo 42.965 egresos hospitalarios, de los cuales 469 fueron de otros países, un 1.09%, que coincide con información nacional sobre migrantes, o de provincias como Buenos Aires destino de una gran cantidad de ellos.
#Jujuy Hay extranjeros y extranjeros.
Cobro a 70 mil extranjeros (bolivianos pobres) por atención en la salud ambulatoria $500 M/año según @JubertSantiago
0% Ingresos Brutos - 1 multinacional extranjera Sales de Jujuy, la provincia perdió $12.600 M.
La salud es un derecho.
— Natalia Morales (@NatuchaMorales) September 23, 2024
La incidencia de atención de la salud de migrantes extranjeros en Jujuy y en el país no tiene peso en las prestaciones, por ende su presupuesto, según la información oficial más allá de la construcción de un discurso xenóbofo, incluso, con datos tergiversados.
De hecho, el ministro de salud Bouhid, mentor de la Ley 6116, afirmó en el 2018 que las mujeres pasan la frontera con Bolivia para parir en Jujuy “llegan a Jujuy con el hijo entre las piernas”, sostuvo sin sonrojarse. Los datos que difundió en medios de comunicación nunca figuraron con precisión en ningún informe oficial, pero sí otros que desmintieron en su momento.
El informe de la DIPEC para el año 2022 constató en Jujuy, 29 nacidos vivos de otros países, de un total de 7764, o sea un 0.37%.
Trayendo a colación datos recientes, el ministro de salud sostuvo en el Diario Todo Jujuy que “entre el año 2023 y el primer semestre del 2024 se registraron 77.310 atenciones ambulatorias a extranjeros, de las cuales 71517 fueron de nacionalidad boliviana”. Estos datos, que no pueden corroborarse mediante informes y no están en el portal de ministerio de salud de Jujuy, dan cuenta de la intencionalidad de construir el responsable de la grave situación del sistema público de Jujuy sobre las y los hermanos de Bolivia. Los datos malintencionados, no dan cuenta de cuántas personas además tienen nacionalidad Argentina, pero tampoco cuántos son migrantes transitorios. Si fueran ciertos los mismos darían cuenta de la relación social, familiar, cultural, que tiene la población de Jujuy con Bolivia.
La campaña y construcción de un imaginario contra los inmigrantes es mostrar que son miles, para luego responsabilizarlos de la crisis sanitaria, y no los gobiernos que ajustan y denigran el sistema salud. Si tomamos de conjunto la atención ambulatoria en la provincia, para el 2021, el Anuario del Ministerio de Salud da cuenta de 2.766.699 consultas ambulatorias (en hospitales, CAPS, Guardia, DIAT, y El Umbral), sin que el dato esté discriminado por nacionalidad. Si la información aportada por el ministro fuese real, y si se mantuviese aproximadamente el total registrado para el 2021, sería sólo un 2.78%.
Ajuste para las y los de abajo, negocios para los de arriba
El discurso estigmatizador de la UCR y UxP, es un chivo expiatorio ante un sistema de salud cada vez más precario por las políticas de ajuste en estos años aprobadas por el bipartidismo en la Legislatura jujeña, pero también en el Congreso y Senado Nacional.
De hecho fueron médicas, enfermeras y quienes sostienen la salud pública en la provincia quienes a principios del 2024 denunciaron que hay una emergencia en el sistema sanitario producto de la desfinanciación y los salarios de pobreza.
Lejos de que los responsables sean los migrantes bolivianos, durante años se profundiza el Plan Estratégico de Salud, que legitimó los recortes públicos y llevó adelante políticas públicas que ubican a la salud como mercancía y un servicio donde para acceder hay que pagar. De hecho, se sancionaron leyes que abre la licitación de servicios hospitalarios, como también la Ley de Recupero, y el plan para la puesta de funcionamiento de un Seguro Provincial para la Salud, que dicho de otra manera, es el cobro para acceder a servicios mínimos, lo cuál ya implicaría otra medida discriminatoria.
El Gobierno de Jujuy y la oposición de PJ, legitiman así que el ajuste en la salud lo pague el pueblo trabajador sin importar su origen o procedencia, y reafirma que sostienen los mandatos de Milei y el FMI, sin ningún cuestionamiento. Recortes en medicamentos, tratamientos oncológicos, de larga duración, para personas con discapacidades, en prevención de enfermedades de transmisión sexual y reproductiva, son algunos ejemplos de este ataque a las y los de abajo, que se suma a los estructurales en la provincia, donde abundan las clínicas privadas y los hospitales y centros de salud se caen a pedazos o no tienen insumos, equipamientos y profesionales.
El ministro de Salud Bouhid debería rendir cuentas sobre ¿Cuánto es el presupuesto de ajuste en salud pública en la provincia? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué presupuesto implica la atención a población extranjera temporaria? ¿Cuánto se recauda por el sistema de recupero de salud? ¿Cuánto se destina a financiamiento y negocio de clínicas privadas?
No estaría demás decir que funcionarios y políticos del bipartidismo son parte del negocio.
#Jujuy Hay extranjeros y extranjeros.
Cobro a 70 mil extranjeros (bolivianos pobres) por atención en la salud ambulatoria $500 M/año según @JubertSantiago
0% Ingresos Brutos - 1 multinacional extranjera Sales de Jujuy, la provincia perdió $12.600 M.
La salud es un derecho.
— Natalia Morales (@NatuchaMorales) September 23, 2024
Reciprocidad no es igualdad de derechos
Informes sobre migraciones en la Argentina, dan cuenta de que quienes son transitorios o precarios, están involucrados los que trabajan en condiciones de esclavitud en la cosecha, los llamados golondrinas, pero también quienes lo hacen en la construcción, textiles o en el trabajo doméstico. Con esta ley ilegal, estos trabajadores tienen derecho a ser explotados en las peores condiciones pero no a contar con el acceso universal a la salud.
Para los gobernantes el problema es el extranjero pobre, trabajador e indigena porque si se trata de las multinacionales extranjeras aquí se ve otro trato con alfombra roja y privilegios para quienes saquean la provincia, despojan poblaciones y destruyen territorios. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale?
Recientemente el presidente de la comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy, el médico Omar Gutierrez, junto al presidente del bloque Cambia Jujuy (UCR y otros) Santiago Jubert manifestaron que la provincia ahorrará 500 millones de pesos en un año si se cobra la atención de salud ambulatoria a 70 mil migrantes extranjeros (mayoritariamente de Bolivia) por 7 mil pesos cada consulta, según el nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy.
Son migajas arrancadas a los sectores más vulnerables. Lo contrario a los extranjeros con coronita como la multinacional Sales de Jujuy, Archadium Lithium, que cuenta con la legalidad de aportar 0% de ingresos brutos, que implicaría 12.600 millones de pesos perdidos por la provincia, (calculado según ganancia de 360 millones de dólares), equivalente a un mes de recaudación de la Dirección Provincial de Rentas. ¿Qué sucedería si el mismo va al presupuesto de salud?
La salud es un derecho universal. Hemos visto que uno de los principales argumentos del Gobierno y el PJ es que no se cuenta en Bolivia con el mismo trato, “no hay reciprocidad” y no hay convenios firmados entre países. Lo que hay que mencionar es que los sistemas de salud públicos varían según el país, y que son diferentes por ejemplo si tomamos Argentina, Chile, Brasil o Bolivia. En el caso de la Argentina, producto de las conquistas del pueblo trabajador, es que contamos con un sistema público que garantiza la salud como derecho humano. Un sistema de salud que históricamente se ha construído sobre los principios de universalidad y no arancelamiento, y derechos constitucionales que ponen en condiciones de igualdad a extranjeros y argentinos, a diferencia de otros países donde el acceso a la salud es privado o semipúblico para todos sin distinción de nacionalidad como sucede en Bolivia. Hacer responsable a la persona, “ciudadano”, por las políticas de Estado de otros países, en este caso el sistema sanitario, del cuál somos críticos, no es más que un acto discriminatorio, y que afectará, además, al que tiene menos recursos económicos.
La ley de Migraciones N° 25.871 en la Argentina es más progresiva que en otros países y determina que el Estado argentino tiene la obligación de brindar el acceso a la salud (Art. 8) y garantizar de manera absoluta la igualdad de esos derechos entre personas nacionales y extranjeras, sin lugar a cualquier restricción en base al estatus migratorio (Art. 6).
Las leyes de arancelamiento a un sector extremadamente vulnerable como son los migrantes extranjeros refuerzan la política de la salud como mercancía. Reaccionaria y regresiva, por ende ilegal de lo que está en la Constitución Nacional.
Es más que evidente que, en momentos de crisis económicas, donde se pone en juego un plan de saqueo contra las conquistas históricas y recientes del pueblo trabajador, impulsadas por un gobierno de ultraderecha como el de Javier Milei y avaladas por la UCR, e incluso como estamos viendo con este caso, por la mayoría de los integrantes de UxP, es que se intenta avanzar con derechos como el acceso a la salud.
Lo que en verdad se esconde, entonces, en el arancelamiento a la atención de extranjeros, es reabrir un debate sobre el derecho a la salud, saldado en nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos, que intentarán modificar quienes nos gobiernan y los que le hacen el juego, no sin resistencias y luchas.
Una pelea importante contra todo sentido común reaccionario que se va construyendo contra nuestras y nuestros hermanos bolivianos y de otras nacionalidades la defensa del derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación y condicionantes en el país, y que sea de calidad y con presupuesto, defensa que traspasa fronteras. También contra la privatización del sistema de salud público. Una bandera que tiene que ser levantada junto a quienes están luchando contra los despidos, la privatización de empresas como Aerolíneas Argentinas, los ataques a las comunidades indígenas, las y los jubilados, y diversos sectores de trabajadores. Queda claro que no puede ser sin la unidad y coordinación en las calles, exigiendo a las centrales sindicales, cómplices de esta situación, que convoquen al paro y plan de lucha incorporando este reclamos, contra el ajuste de los gobiernos al servicio del FMI.
