‘SERVICIOS ESENCIALES’. El código Stiuso

“Los que saben, no hablan; y los que hablan, no saben”; sentencia una ley primera entre los servicios de inteligencia.

Antonio ‘Jaime’ Stiuso violó radicalmente ese principio para convertirse en la excepción que confirma la regla o para demostrar que empieza a no saber, porque ya sabe demasiado. Estuvo cuarenta años gestionando los secretos del poder: bajo la dictadura, la democracia, bajo el peronismo, el radicalismo, el progresismo o el conservadurismo. Y ahora regresa al centro de la escena de la mano de la “nueva política” del gobierno de Mauricio Macri para constatar que “Cambiemos” es solo un lema de marketing electoral.

Stiuso declaró durante 17 horas frente a la jueza Fabiana Palmaghini, hasta ayer nomás a cargo de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman y luego se dio el lujo de un carpetazo público contra el ex-fiscal Luis Moreno Ocampo, en el prime time de la televisión argentina.

Bastó esa declaración, de la que se conoce sólo lo que la jueza hizo público y que contiene “interpretaciones” del espía, para que la magistrada renunciara a seguir al frente de la causa y abriera el camino para trasladarla al fuero federal.

Este era uno de los principales objetivos de Stiuso y de toda la “familia judicial”, colonizada por los servicios desplazados que buscan asediar a la camarilla kirchnerista.

En poco tiempo, la causa dio un giro fenomenal. Las “interpretaciones” de Stiuso dictaminaron que la responsabilidad de la muerte de Nisman recae sobre grupos afines al gobierno anterior, que están íntimamente relacionadas con la investigación por el atentado a la AMIA y el famoso memorándum de entendimiento con Irán. El paso previo fue la resolución del fiscal Ricardo Sáenz, que dispuso que Nisman fue asesinado.

El eterno agente no se privó de revolver en la basura de la “guerra de los servicios”. Según su declaración, junto con Nisman se negaron a acatar las órdenes de no investigar la “pista iraní” y por eso empezaron a ser agredidos.

Se refirió a tres casos que pintan los métodos de las internas de estos aparatos descompuestos y que fueron presuntos antecedentes para la muerte de Nisman: el asesinato de Pedro “El Lauchón” Viale; la desaparición de Alfonso Severo y el atentado que sufrió Javier Fernández, ex-auditor general de la Nación y durante gran parte de los años kirchneristas mano derecha de Stiuso para el “tráfico de influencias” ante la justicia.

Viale fue cosido a balazos en su casa en el año 2013 por un grupo de la División Halcón de la Policía Bonaerense. Era socio de otro ex-agente de la SIDE, Raúl Martins, que fue denunciado por su hija, Lorena Martins, por regentear una cadena de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires con mujeres víctimas de la trata. Martins fue aportante a una de las campañas electorales de Macri para la jefatura del gobierno de la CABA.

Stiuso, que hasta ahora no había hablado públicamente de sus vinculaciones con “El Lauchón”, agregó como dato nuevo ante Palmaghini que la noche del asesinato de Viale iba a comer con él.

El caso de la desaparición de Alfonso Severo -testigo en el crimen de Mariano Ferreyra-, muchas veces vinculado periodísticamente con una operación de la SIDE, también contuvo, según Stiuso, una causa armada por la que casi allanan su casa (aquí se refirió a la procuradora Alejandra Gils Carbó).

El tercer caso también es ilustrativo del “modus operandi” de esa verdadera mafia incrustada en las entrañas del Estado.

El 5 de octubre del año 2011, Javier Fernández manejaba su Citröen C4 por el barrio de Colegiales cuando tres impactos de bala le hicieron estallar el parabrisas, en un atentado del que se salvó de milagro. Fernández, como se dijo, era el encargado de llevar los “mensajes” de Stiuso a los tribunales, con especial influencia en el fuero Penal Federal y se jactaba de tener “pisadas” las causas contra los funcionarios del Gobierno. La información obtenida de las andanzas de muchos funcionarios en las “whiskerías” de Martins, actuaba como disuasivo para lograr “colaboración”.

Según cuenta el periodista Gerardo “Tato” Young en su libro “Código Stiuso”, esta historia tomó ribetes temerarios y extravagantes. A Stiuso le llegó la versión de que ese atentado lo llevó a cabo una patota que respondía a Mario Ishii, ex-intendente de José C. Paz y en ese momento senador bonaerense. La solución que encontró Stiuso para arreglar el entuerto fue simple: lo mandó a secuestrar y lo tuvo durante una noche entera en la base de operaciones de la calle Estados Unidos que funcionaba bajo sus órdenes (la famosa “ferretería”).

No sabemos cuánto de esta historia cruzó la difusa frontera que en este pantano divide a la realidad de la ficción, pero en junio del 2014, Ishii denunció que los verdaderos dueños del Grupo 23 (el diario Tiempo Argentino había publicado denuncias en su contra) “no eran Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, sino Stiuso y Javier Fernández" (La Nación, 14/6/2014). Y además, agregó que “los espías controlan a los funcionarios de la Casa Rosada y al 98 % de los jueces".

Esta realidad que se desarrolla impunemente y a cielo abierto, llevó al columnista Carlos Pagni a afirmar que “la señora de Kirchner acaba de intervenir el que ha sido durante años el verdadero Ministerio de Justicia.” (La Nación, 22/12/2014). No se refería a la famosa “reforma judicial”, sino al desplazamiento de la cúpula de ex-SIDE y al anuncio de una “disolución” que nunca sucedió.

La “Casa” está en orden

Stiuso afirmó que regresó a la Argentina a declarar porque ahora tiene “garantías” otorgadas por la nueva administración.

Esta cuestión revela que la “nueva política” de Macri para la inteligencia se basa en la restauración de la vieja SIDE. Derrotado el kirchnerismo, los aparatos de inteligencia que había desarrollado o fortalecido (como la inteligencia militar al mando de Cesar Santos del Corazón de Jesús Milani o el Proyecto X) caen en desgracia. “La Casa” vuelve a estar en orden y en manos de los sospechosos de siempre.

El dúo por el que optó Macri para dirigir a los espías evidencia de manera patente su orientación: está integrado por un representante de jugadores de fútbol investigado por lavado de dinero (Gustavo Arribas) y una ex-ultramenemista con varias causas por corrupción en su haber (Silvia Majdalani).

Majdalani integraba la anestesiada comisión bicameral de control de los organismos de inteligencia que jamás funcionó, más por complicidad que por impericia. Cuando el gobierno kirchnerista comenzó a desfinanciar a la Secretaría (por la desconfianza que comenzaba a sembrar con los espías) y a aumentar el presupuesto de la inteligencia del Ejército, Majdalani interrogó a Jorge Capitanich en el Congreso: “Me gustaría saber por qué el gobierno nacional priorizó en materia presupuestaria las tareas de inteligencia vinculadas a la seguridad exterior por sobre la seguridad interior, siendo que la realidad de nuestro país indica que el problema más grave se encuentra relacionado con la seguridad interior y no con la defensa nacional”. La inocente pregunta de la diputada del PRO contenía un reclamo “vandorista” en nombre de la corporación que funciona en el antro de la calle 25 de Mayo.

Una vez desplazada la cúpula de la ex-SIDE (y cambiado el nombre por la flamante Agencia Federal de Inteligencia - AFI) y desconociendo que iba camino a perder las elecciones, el kirchnerismo aumentó el presupuesto destinado a la agencia para 2016 en un 81,2 % más que lo previsto para 2015, un crecimiento fenomenal comparado con otras áreas de la administración. Ahora, el abultado presupuesto de 1.449 millones de pesos está en poder de los amigos de Stiuso.

El destino del grueso de esos fondos es secreto. La fundación La Alameda (que preside el legislador porteño Gustavo Vera) viene denunciando que varias de las nuevas autoridades de la AFI montaron cadenas de empresas con dinero proveniente de esos fondos “reservados”.

Este nuevo episodio de la “guerra de los servicios” vuelve a sacar a la luz la podredumbre que reina en las cloacas del Estado sobre la que se apoyaron todos los gobiernos.

El mismo periodista que escribió la biografía de Stiuso reflexiona: “el atentado a la AMIA había dejado en evidencia que el servicio secreto sobrevivió a la democracia porque la democracia así lo que quiso, porque los administradores de la democracia jugaron con ese poder invisible hasta hacerlo estallar”.

Para precisarlo, sólo hay que reemplazar la abstracción de la “democracia” por los integrantes de la casta política que gobierna al servicio de los empresarios que encuentran su mejor envoltura en este sistema. Pero además, hay que completar la definición: hacen estallar los aparatos mafiosos para reconstruirlos a su servicio sobre las viejas ruinas, con los mismos métodos y, para colmo, con la financiación de los fondos públicos. Es un subsidio millonario a una banda de conspiradores, mientras el nuevo Gobierno dice que hay que ajustar el Estado con el despido masivo de empleados públicos.

Una demanda verdaderamente democrática y elemental es el desmantelamiento de esa cueva de bandidos y la apertura de todos los archivos de los aparatos de inteligencia: ninguna de las administraciones de la democracia (incluido el kirchnerismo) tomó esta resolución básica.

Una razón más para movilizarse de manera independiente el próximo 24 de marzo, a 40 años del golpe que instauró la dictadura a la que también muchos de estos matones le brindaron sus servicios esenciales.