La estrategia de combate al robo de combustible comienza a repercutir en el funcionamiento de la economía, ¿hasta dónde puede llegar a afectar?
Lunes 14 de enero de 2019
El nuevo gobierno comienza el año intentando llevar adelante la enorme tarea de frenar la ordeña de ductos de gasolina que recorre el país. El combate al huachicol implica desmantelar toda una red de abastecimiento ilegal de combustible para lo cual se despliega al ejército y se raciona el abastecimiento.
Las largas filas de varias horas donde automóviles buscan cargar el tanque y el descontento que esto genera, intenta ser utilizado por la oposición del llamado “PRIAN” para cuestionar estas medidas, argumentando además que esta forma de llevar adelante el combate al huachicol traerá consecuencias económicas dañinas a la economía nacional.
Una crisis que puede escalar
Recientemente, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, ha llamado a reestablecer el abastecimiento con urgencia argumentando que la cifra de pérdidas solamente en tres de los estados más afectados en 1.250 millones de pesos.
Otro representante de la patronal, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha señalado que “si no se soluciona, tendremos que disminuir el ritmo de producción; ahora, es imposible mover al país sin combustible”.
Mientras tanto, Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, uno de los Estados más golpeados por la crisis, advirtió que si no recibe los 41.000 barriles prometidos importará la gasolina desde Texas, en Estados Unidos. El Banco de México por su parte ha advertido que, de mantenerse, el desabasto podría afectar las previsiones de inflación y crecimiento para este año en el país.
En redes sociales, las noticias de tonelada de alimentos que podrían descomponerse o de mercancía varada en los puertos, se intentan utilizar para cuestionar la política del gobierno de Obrador y golpear su imagen, sin embargo, el respaldo a este combate viene no solo de sus votantes sino de otros organismos como el FMI.
Estado de derecho y mercado capitalista
La intervención del Estado mexicano de forma decidida en el combate al huachicol -incluyendo la militarización de zonas del país y el enfrentamiento armado con huachicoleros-, ha sido recibida con buenos ojos incluso más allá de sus votantes, según una encuesta del periódico Reforma ampliamente difundida en redes, el 73% de la población estaría de acuerdo con la política de impedir el robo de combustible.
El Fondo Monetario Internacional, por su parte, ha saludado esta política en voz del director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, planteando que el combate a la corrupción permitiría que haya confianza para invertir y que, si se reestablece rápidamente el suministro, no habría problemas inflacionarios que lamentar.
El capitalismo mexicano (al igual que en otros países), vive y se reproduce en medio de una enorme corrupción, el huachicol es una expresión de esta realidad. El intento de “poner orden” puede beneficiar efectivamente al mercado, dado que ductos y las pipas con la reforma energética aprobada el sexenio anterior ya están entregadas a empresarios privados o en posibilidad de rematarse al mejor postor.
Dependencia energética y privatización en el telón de fondo
La política neoliberal de entregar al sector empresarial los recursos energéticos, aunado a la corrupción que durante años dejó crecer la red de robo a los ductos, ha generado una situación que al intentarse revertir provoca una crisis energética a nivel nacional.
México pasó de tener una economía donde el petróleo era la principal fuente de ingresos a las arcas nacionales se pasó a una gran dependencia energética. Lo anterior como resultado del desmantelamiento de la industria energética nacional y la falta de inversión en la misma.
El gobierno de AMLO plantea reimpulsar la industria energética nacional, pero no apunta a renacionalizar lo que ya ha sido entregado a capitalistas nacionales y extranjeros, quizá esto es parte de lo que explica el respaldo del FMI a la política llevada adelante.
El traslado del costo del racionamiento del combustible al precio de las mercancías por parte de los empresarios, es decir, el aumento de la inflación como consecuencia del combate al huachicol, es una posibilidad que aumenta mientras no se reestablece el suministro, con un gobierno que no busca sino otorgar facilidades al capital, las medidas que podrían beneficiar a la población resultan contradictorias e insuficientes.
