Tarifazos. El congelamiento de tarifas fue un chamuyo: vuelve a aumentar el gas

La llegada oficial del invierno, que el calendario marca cada 21 de junio, viene con un “regalito”: un nuevo tarifazo del 7,5% en el gas, que en el año ya lleva un aumento acumulado del 29%. Este nuevo aumento corresponde al porcentaje que quedaba por aplicar del incremento del mes de abril.

Queda así sin efecto, el congelamiento tarifario que había anunciado el presidente Mauricio Macri, hace un poco más de un mes, que estuvo pensado en función de contrarrestar sus cada vez menos posibilidades de lograr su reelección. Pura demagogia electoral.

El "congelamiento de tarifas", se suma así a la larga lista de las promesas incumplidas de Cambiemos: "la pobreza cero", "el segundo semestre", "el dólar a $23" de Elisa Carrió, y podríamos seguir enumerando.

El problema es que las consecuencias de los chamuyos oficiales las sufre el pueblo trabajador y amplios sectores de la población que en el pleno Siglo XXI no pueden gozar del derecho a acceder libremente a servicios fundamentales como el gas, la electricidad, el transporte.

Derechos negados, negocios para unos pocos

En breve la temperatura comenzará a bajar y sentirse el frío, pero muchas familias argentinas no van a poder encender el gas para calefaccionar sus casas, ni para cocinar. Algunos, 87 mil hogares, no podrán porque ya no tienen acceso a la red de gas, y volvieron a usar garrafas y solo de ratos. Otros porque viven en zonas precarias, (como en asentamientos) o rurales donde esa red ni siquiera existe. Y otros, porque a pesar de contar con esa posibilidad deciden no hacer uso del gas de manera consciente. ¿La razón? Los exorbitantes y constantes aumentos en las tarifas y del resto de los servicios públicos, que los han convertido en un bien de lujo al que cada vez menos sectores pueden acceder.

En los últimos tres años, el aumento en las tarifas de los servicios públicos fue del 2.338 %, un incremento muchísimo mayor que la inflación y que los aumentos salariales. Pero además, los valores de las tarifas ahora están dolarizados, cuando los ingresos de la población son en pesos. Se estima que las familias destinan hasta un 30 % de sus ingresos al pago de tarifas.

Las consecuencias de los tarifazos también son letales. Un tendido eléctrico precario, como los que abundan en zonas pobres, donde Edenor y Edusur solo llegan para retirar los medidores, provocó la muerte de Romelia de apenas 14 años. Mientras que un corte de luz por una factura impaga causo la muerte de Valentino, de apenas 5 años, un niño electrodependiente.

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Bajo el capitalismo, la gestión privada de los servicios públicos ordenada por Carlos Menem con sus famosas privatizaciones, convirtió a los servicios en un negocio redondo para los empresarios concesionarios de los mismos.

El menemismo pasó, pero las privatizaciones no. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se mantuvo lo esencial del esquema privatizador. Y entre los años 2004 y 2015 el Estado repartió U$S 162 mil millones en subsidios. Dinero que, por supuesto, los empresarios no usaron para mejorar la calidad del servicio.

En unos meses habrá elecciones y la campaña electoral ya está en marcha. Sin embargo, ninguna de las fuerzas políticas, ni oficialistas ni opositoras, incluida la fórmula Fernández-Fernández, cuestiona las privatizaciones ni plantea dar marcha atrás con los tarifazos de toda la gestión macrista.

Se sabe además, que el FMI exige más ajuste para el pueblo en el próximos tiempos, lo que implicará más tarifazos.

Solo el Frente de Izquierda propone la única salida real que permitiría anular los tarifazos y hacer que los servicios públicos vuelvan a ser un derecho fundamental.