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CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. El contraproducente "respeto a los poderes constituidos" para liberar a los presos ¿Arrodillarnos al régimen actual?

El FA-PS, sin tener mayoría en la Convención, han sido la voz principal de ella. Son quienes hoy dirigen. Todas sus posiciones han ganado, con el voto del PC, Mov. Sociales y La Lista del Pueblo. Se abre una pregunta vital para la Lista del Pueblo respecto a su estrategia o si no su rol será tristemente guardarle el flanco izquierdo a Bassa.

Gabriel Muñoz

Gabriel Muñoz Licenciado en Historia

Sábado 10 de julio de 2021

Para la Convención Constitucional la semana estuvo llena de problemas y también de primeras definiciones. Tras posponer la discusión durante días el jueves se votó la declaración sobre las y los presos políticos de la revuelta y del pueblo Mapuche.

La Convención al fin se pronunció por la libertad. No obstante, aclaró de inmediato que no pretende “interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado” y se limitó a solicitar al odiado Congreso y al gobierno asesino de Piñera que aprueben la Ley de Indulto.

La jugada fue así: la convencional María Rivera presentó una moción que incluía la exigencia al Congreso a que se apruebe la actual ley de indulto para los presos de la revuelta. Según una norma impuesta por los propios convencionales todas las mociones requieren al menos 30 firmas de respaldo. El PC y el FA presentaron de esta manera una moción similar a la de Rivera pero integrando la frase de respeto a los poderes constituidos.

Los partidos del orden contra los presos de la revuelta

En la sesión del jueves los partidos de los treinta años se mostraron tal cual son. La derecha negó que existieran presos políticos y llamó a aumentar la represión contra las movilizaciones y contra el pueblo Mapuche. La Concertación en voz de personajes como Agustín Squella, Fuad Chahín y Felipe Harboe, se pronunciaron en contra de la libertad de las y los presos de la rebelión, enfatizando que la Convención no tiene facultades para el asunto y que son los tribunales los únicos que pueden determinar dicho curso.

La declaración votada por la Convención Constitucional se posiciona a favor de la libertad de las y los presos de la rebelión. Y eso es por la incansable lucha de las organizaciones de familiares de presos políticos y porque las grandes mayorías populares saben y apoyan esta lucha y no se traga el discurso que tratan de instalar los medios de comunicación. Como lo dijeron varios constituyentes, lo que les preocupaba era la “legitimidad” del proceso.

Una declaración de gesto, a cambio de perder soberanía

La Convención votó esta declaración a costa de su soberanía. “La Convención no puede extralimitarse en sus funciones” es lo que han agitado los grandes empresarios y sus partidos durante todos estos días. Y es justamente esta idea la que fue recogida en la declaración impulsada por el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, entre otros (que fue la versión que se aprobó finalmente) quedando la moción de Rivera sin votos de respaldo. La declaración aclara de entrada que que no pretende “interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado”.

A su vez, se limita a solicitar al Congreso que tramite con celeridad la Ley de Indulto. Incluso llama al gobierno criminal de Piñera a que otorgue suma urgencia al proyecto. ¡Al mismo Piñera que dijo que vetaría el proyecto si se llegara a aprobar! Los constituyentes de la Lista del Pueblo y la Vocería de los Pueblos, en vez de apoyar la moción de amnistía, presentaron una declaración en donde se limitan a exigir al Congreso y al ejecutivo a que aprueben la Ley de Indulto, sin hacer un llamado a la movilización popular, que es la única forma de liberar efectivamente a las y los presos por luchar. Terminaron votando junto al PS, el FA y el PC la declaración que explícitamente autolimita la soberanía de la Convención. Aceptar esta formulación es traicionar la lucha contra el “Acuerdo por la Paz” y una verdadera Asamblea Constituyente.

¿Por qué no exigieron públicamente que se retirara la frase antisoberanista de que la Convención no pretende “interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado”?

Esto demuestra que hay que exigir la libertad de los presos pero sin tener ninguna expectativa que este Congreso lo apruebe y que este gobierno la promulgue.

Sacar desde la Convención una declaración respaldando la acción del Congreso, no es más que un acto simbólico. Y con actos simbólicos no se podrá vencer a Piñera en sus querellas contra los presos políticos. Los millones que nos movilizamos, las víctimas de la represión y los presos de la rebelión no podemos vivir de gestos simbólicos. Por lo mismo planteamos la necesidad de que la Convención se declarara soberana, rompiera el “Acuerdo por la Paz” y decretara como primera medida la amnistía de las y los presos de la rebelión e hiciera un llamado a todas las organizaciones sociales, centrales sindicales, asambleas territoriales y coordinadoras a una gran movilización para imponer esta decisión.

Pero la declaración no es sólo un gesto simbólico, sino que es directamente a costa de cualquier atisbo de soberanía. La Convención se puso de rodillas ante las odiadas instituciones del régimen, mostrando que está lejísimos de ser una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que era lo que luchamos durante la rebelión.

Por lo mismo, resulta indispensable impulsar una amplia movilización por la libertad de las y los presos de la rebelión y el pueblo mapuche. Pues es una lucha que no ha acabado. Si quienes se pronunciaron a favor de esta demanda se limitan a gestos simbólicos y se subordinan a la camisa de fuerza del Acuerdo por la Paz, entonces sus frases serán gestos vacíos, que querrán calmar las aguas pero manteniendo todo tal cual. Es urgente impulsar coordinadoras territoriales que aglutinen a sindicatos, organizaciones de familares de presos, asambleas territoriales y organizaciones de izquierda para impulsar esta movilización y exigírsela a las principales centrales sindicales y organizaciones sociales.


Gabriel Muñoz

Licenciado en Historia

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